La justicia europea confirma la multa récord de 1.060 millones de euros a Intel

• Es la sanción más alta impuesta por la Comisión Europea a una sola empresa
• Se condena a la informática estadounidense por abuso de posición dominante

Puesto de Intel en la Feria Internacional de Electrónica de Las Vegas en 2012.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este jueves la multa de 1.060 millones de euros impuesta a Intel por la Comisión Europea por abuso de posición dominante entre 2002 y 2007. Esta sanción es la más alta impuesta por el Ejecutivo comunitario a una sola empresa.

Esos 1.060 millones de euros representan el 4,15% del volumen de negocios de Intel en 2008.

El grupo informático estadounidense fue investigado y sancionado en 2009 por Bruselas por un abuso de posición dominante con el que pretendía expulsar del mercado de microprocesadores a sus rivales, especialmente a AMD.

Para justificar su decisión, Bruselas señaló que Intel había recurrido a prácticas ilegales como fuertes descuentos e incluso pagos a fabricantes de ordenadores como Acer, Dell, HP, Lenovo o NEC para que no utilizaran microprocesadores de AMD. La empresa estadounidense también pagó al distribuidor Media Markt para que vendiera solo ordenadores equipados con microprocesadores Intel.

Intel presentó un recurso contra esta sanción y pidió al Tribunal de Luxemburgo que la anulase por completo o que, al menos, la redujera de forma sustancial. Pero la sentencia publicada este jueves desestima en su totalidad ese recurso.

En su defensa, Intel alegaba que la Comisión Europea no ha demostrado que los acuerdos de descuento de Intel se sometieran a la condición de que sus clientes adquirieran solo sus microprocesadores. Tampoco consideraba probado que se hubiera aprobado una estrategia a largo plazo para excluir a sus competidores y aseguraba que el procedimiento del Ejecutivo comunitario vulneró su derecho a la defensa.

Además, el grupo estadounidense sostenía que la multa es manifiestamente desproporcionada, porque Bruselas no ha demostrado daño alguno a los consumidores ni exclusión de los consumidores.