Portugal vuelve a rebajar, entre el 3,5% y el 10%, los salarios públicos superiores a 1.500 euros

• Para compensar uno de los ajustes anulados por el Tribunal Constitucional
• Esta medida ya estuvo en vigor entre 2011 y 2013
• Portugal renuncia a recibir los 2.600 millones del último tramo del rescate

El tranvía es uno de los transportes más populares en Portugal

El Gobierno de Portugal ha anunciado que vuelve a introducir un recorte de entre el 3,5% y el 10% en los salarios públicos superiores a 1.500 euros como medida para compensar uno de los ajustes anulados por el reciente veto del Tribunal Constitucional (TC).

Esta medida ya estuvo en vigor en Portugal durante los últimos tres años (2011, 2012 y 2013), aunque había sido sustituida en 2014 con rebajas similares pero dirigidas a una base de funcionarios más amplia, a todos aquellos con sueldos mensuales que sobrepasaran los 675 euros.

La decisión del Alto Tribunal de declarar ilegal este último ajuste, conocida a finales de mayo, llevó al Ejecutivo liderado por Pedro Passos Coelho a recuperar un recorte que originalmente fue introducido por el anterior Gobierno.

En la práctica, esta medida significa que los trabajadores públicos que ganen entre 675 y 1.500 euros no tendrán recortes, mientras que quienes superen esta cifra seguirán sufriendo una rebaja.

En declaraciones a los periodistas, la ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, ha informado de la aprobación en Consejo de Ministros de este nuevo ajuste y ha recordado que pese a que Portugal salió oficialmente de su rescate el pasado 17 de mayo tiene todavía compromisos por cumplir que le obligan a respetar la disciplina presupuestaria.

Rebaja del 3,5% para los salarios de entre 1.500 y 2.000 euros

Según ha explicado la ministra, la rebaja será del 3,5% para los salarios mensuales de entre 1.500 y 2.000 euros, de entre el 3,5% y el 10% para aquellos funcionarios que ganen entre 2.000 y 4.165 euros, y del 10% para los sueldos superiores a esta cifra.

El Constitucional ya se pronunció en años anteriores sobre estos ajustes y los consideró "dentro de los límites del sacrificio", por lo que el Ejecutivo confía en que reciban su visto bueno.

Albuquerque, que no ha cuantificado el impacto de la medida en las cuentas públicas, ha precisado que los recortes aprobados se retirarán de forma progresiva en los próximos años hasta desaparecer por completo en 2019.

El Gobierno avanza así en la adopción de medidas alternativas para compensar el impacto del veto del Alto Tribunal, el sexto desde que comenzó la legislatura y que podía ascender hasta 1.300 millones.

Portugal renuncia a recibir el último tramo del rescate

Por otra parte, la ministra de Finanzas ha dicho que el Ejecutivo "no va a solicitar una nueva extensión del programa y consecuentemente no puede recibir" el último tramo del rescate de 78.000 millones que Portugal recibe desde 2011.

Albuquerque ha dicho que la decisión se debe a la "incompatibilidad de calendarios", ya que los acreedores exigen a Portugal que apruebe antes de que acabe el mes de junio medidas para sustituir los recortes vetados recientemente por el TC.

Mientras el Ejecutivo ha dicho que no puede prever el impacto presupuestario de esos ajustes ilegalizados para esa fecha y, por tanto, necesitaría reabrir el programa de la troika para extender los plazos y presentar nuevas propuestas posteriormente. "Tal reapertura se traduciría en una pérdida de credibilidad que podría poner en causa los progresos conseguidos", ha añadido la titular de Finanzas.

La decisión de no extender el programa pretende, además, "evitar una inestabilidad permanente" para el país en un momento de recuperación económica.

Este último tramo del rescate, de unos 2.600 millones, corresponde a la duodécima y final evaluación de la troika que fue superada con éxito a principios de mayo.