Diez de los 16 detenidos por las presuntas facturas falsas de UGT quedan en libertad

• La Junta de Andalucía se personará en la causa
• El gobierno andaluz da 12 meses a UGT para que reintegre el dinero de las ayudas

Cinco de los 16 detenidos por las supuestas facturas falsas de UGT-A quedan en libertad

Diez de los dieciséis detenidos por su supuesta implicación en el caso de las facturas falsas de UGT para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía han quedado en libertad con cargos este miércoles después de comparecer en el juzgado.

Fuentes cercanas al caso, en declaraciones recogidas por Europa Press, han precisado que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha dejado a estos diez detenidos en libertad sin fianza e imputados por dos presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones.

Así, han quedado en libertad con cargos dos hermanas representantes de la empresa Publicar de Madrid; dos representantes de la empresa de aplicaciones informáticas Siosa de Madrid; Miguel Angel González Guzmán, administrador de la empresa KND Caronte, radicada en Jaén; el gerente y un comercial de la empresa Chavsa; el administrador de Viajes Macarena; el propietario de Lienzo Gráfico Impresores, y el dueño de una pequeña imprenta, estas cuatro últimas empresas radicadas en la capital hispalense.

Los imputados niegan haber hecho facturas falsas

Los imputados, fundamentalmente, han negado en sus respectivas declaraciones ante el juez instructor haber elaborado "facturas falsas" para UGT-A, han asegurado que "actuaron dentro de la legalidad vigente" y que siguieron las "indicaciones, pautas y parámetros" marcados por el sindicato.

Asimismo, han manifestado su confianza en la instrucción de la causa, que sigue bajo secreto de sumario, y han expresado su voluntad de colaborar con la investigación.

Se espera que este jueves comparezca ante el juez Federico Fresneda, exvicesecretario de Administración de la UGT-A, que fue detenido en Canarias y ha sido trasladado en avión hasta Sevilla.

El fiscal anticorrupción no pidió medidas personales ni de responsabilidad civil para ellos y el juez les imputó delitos de falsedad, contra la hacienda pública y fraude en subvenciones.

Fraude "de manera sistemática"

A los catorce detenidos este martes en Sevilla, Madrid y Jaén durante los registros de sus respectivas empresas se han unido esta mañana dos personas arrestadas en Agost, en Alicante, como responsables de la compañía Carpetas Abadías, dedicada a la fabricación de bolsos, maletas y carteras.

Entre los detenidos figura además María Charpín, ex secretaria ejecutiva de la UGT-A y en la actualidad miembro de la Comisión de Garantías del sindicato a nivel estatal, y Dolores Sánchez, exresponsable de compras del sindicato en Andalucía.

Las fuentes han precisado que los cinco detenidos en Madrid, relacionados con la empresa Siosa, dedicada a aplicaciones móviles, también van a ser trasladados a Sevilla para su declaración judicial.

El juez de instrucción 9, Juan Jesús García Vélez, mantiene bajo secreto sumarial este caso que, según la Guardia Civil, consistía en un fraude en las subvenciones recibidas por la UGT-A que se hizo "de manera sistemática año tras año" hasta perfeccionarse y convertirse en "la vía más importante para la financiación de este sindicato".

La Junta de Andalucía se personará en la causa

Mientras, el Gobierno andaluz ha instado este miércoles a su gabinete jurídico de la Junta a que inicie los trámites para la personación en la causa por los cursos de UGT.

El Ejecutivo andaluz señala en un comunicado que ha pedido a su gabinete jurídico que analice los posibles perjuicios para la Administración e inicie las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos una vez que los procedimientos judiciales lo permitan.

"Como siempre, la Junta de Andalucía colaborará en todo lo que le sea solicitado y contribuya a acelerar la acción de la Justicia", señala el Gobierno andaluz.

En el ámbito administrativo, la Junta continuará con el análisis de los expedientes correspondientes para "obtener el reintegro de los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato", indica el Ejecutivo andaluz.

Da a UGT 12 meses para reintegrar las ayudas

El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha expresado su "máximo respeto" por la Justicia en el caso de la investigación de presuntas irregularidades en ayudas a UGT-A por cursos de formación, tras lo que ha precisado que en el proceso de revisión de expedientes iniciado por la Consejería, el sindicato tendrá un plazo de 12 meses desde que se abre el expediente para que se acometa o no el reintegro solicitado de las ayudas.

Maldonado ha indicado que la Consejería "no tenemos ninguna valoración sobre este tema", y ha recordado que la última operación efectuada el pasado martes no es su competencia, al estar ubicada en el área de formación.

No obstante, ha indicado que sobre los expedientes de UGT-A que Economía está revisando también tiene conocimiento de ellos la Justicia, pues en su día se remitieron al Juzgado los 19 ó 20 expedientes que Economía está analizando.

Maldonado ha indicado que en su trayectoria "seguimos aplicando el derecho administrativo y mostramos respeto a la Justicia" y ha recordado que la Consejería está analizando "algunas presuntas irregularidades en algunos expedientes, y de los resultados de esos análisis estamos dando cuenta en el Parlamento".

El consejero ha explicado que el sindicato tiene un plazo de 12 meses desde que se abre el expediente dentro del procedimiento administrativo --algún procedimiento se inició a principios de 2014--, y hasta que no termine ese plazo "no tendremos un balance sobre si se ha devuelto o si se le ha requerido el dinero vía Agencia Tributaria andaluza, que será la que lleve a cabo el procedimiento final de reintegro".

Ha precisado que hasta el momento la Consejería tiene solicitado un reintegro de 1,8 millones de euros a UGT y actualmente está en el período de que el sindicato puede hacer las alegaciones que crea conveniente, justificar documentación o no "y remitir los papeles que considere pertinentes".

El consejero ha indicado que los expedientes "están en manos de funcionarios instructores", por lo que muestra su "respeto máximo" a los funcionarios, ya que "se trata de temas muy complejos, los expedientes son muy amplios y hay que dejar trabajar a los funcionarios con total libertad". "Hacemos lo que nos dicen los servicios jurídicos y lo que nos dice el Consultivo en relación con esta instrucción de los funcionarios", ha insistido.