El Congreso aprueba aforar al rey Juan Carlos con los votos del PP, UPN y Foro Asturias
- Los dos diputados de Foro Asturias y UPN, únicos votos de apoyo al PP
- PSOE, CiU y Coalición Canaria optan por la abstención
- Un pleno extraordinario aprueba el aforamiento en dos enmiendas a la LOPJ
- Los portavoces remarcan las "sospechas" por las "prisas" en tramitar la reforma
El pleno del Congreso ha aprobado la reforma legislativa para extender el aforamiento al rey Juan Carlos, la reina Letizia, la reina Sofía y la princesa de Asturias, un texto que solo ha contado con los votos del grupo mayoritario, el PP, y de los dos diputados de Foro Asturias y UPN.
El principal partido de la oposición, el PSOE, se ha abstenido, al igual que CiU y Coalición Canaria, mientras que se han opuesto a esta reforma la Izquierda Plural, UPyD, el PNV y buena parte del Grupo Mixto -Amaiur, ERC, BNG, Compromís, Nueva Canarias y Geroa Bai-.
Las enmiendas se han introducido en el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge medidas que afectan al régimen laboral de funcionarios, jueces y fiscales.
Críticas de la oposición
Todos los grupos de la oposición han reprochado al Gobierno y al PP que haya recurrido a este procedimiento "de urgencia", que consideran "precipitado", para aforar al rey Juan Carlos cuando lo adecuado, a su juicio, hubiera sido abrir una reflexión profunda sobre los aforamientos que regula la LOPJ.
La diputada del PSOE Meritxell Batet ha achacado al PP "la responsabilidad" de aprobar en solitario el aforamiento real y ha lamentado las formas del PP en la tramitación de una cuestión tan importante como el aforamiento y denunció que se ha hecho "precipitadamente, con mal procedimiento legislativo y falta de consenso".
El diputado de La Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha apostado por una "supresión drástica de los aforamientos, que están produciendo un desprestigio de la política", ya que los aforados "siguen siendo casi dioses", y "habiendo perdido la inviolavilidad pretenden tener un aforamiento vitalicio".
El diputado del PNV Emilio Olabarría ha ido más allá y ha calificado de "ilegal" y "viciado" el Pleno convocado a estos efectos y ha coincidido con UPyD y CiU en destacar la celeridad en su tramitación.
El portavoz de CiU en materia de Justicia, Jordi Jané, ha reivindicado que debería haberse previsto un "debate serio y con consenso" y se ha mostrado alarmado por la existencia de 10.000 aforados en España e hizo un llamamiento a eliminarlos.
La diputada de UPyD Irene Lozano se refirió a la "justicia cómoda y rápida" a la que asisten los aforados españoles, como "uno de los vértices por el que se busca la impunidad frente a la corrupción".
El PP, por medio del diputado Leopoldo Barreda, ha apelado al sentido de la responsabilidad y al sentido de Estado para cubrir "sin dilaciones innecesarias" el vacío legal creado tras la abdicación, subrayando que es precisamente la LOPJ la que regula el régimen general de aforamiento.
Frente a ello, ha querido denunciar el "populismo", la "demagogia" e incluso la "barra libre de insultos" que se han vertido en estos días para criticar el cambio de estatus de la Familia Real.
Fuertes críticas de ERC y Amaiur
Las palabras más duras en el hemiciclo, entrando en el ámbito personal, han llegado desde Esquerra Republica (ERC) y Amaiur, cuyos portavoces, como todos los diputados y senadores, son también aforados conforme establece la Constitución de 1978.
Para el independentista catalán Joan Tardá, la Monarquía española fue "instaurada por uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX" (el dictador Francisco Franco) y ahora se "blinda" a Don Juan Carlos "por miedo a la verdad" porque durante casi cuarenta años "ha tenido barra libre para hacer lo que haya dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales".
La abertzale Onintza Enbeitia ha llegado a decir que Don Juan Carlos "tuvo tanto que ver con el 23F como el propio Tejero", que "no dijo nada" mientras el GAL "torturaba" y que se ha "forrado" en el cargo.
En el debate en la Comisión de Justicia el pasado martes, PSOE y CiU se abstuvieron, mientras que los grupos de la Izquierda Plural, UPyD y PNV votaron en contra y Amaiur optó por no participar en la votación.
Aprobada por el Senado en julio
Tras su aprobación definitiva en el Congreso, la reforma se remitirá al Senado, donde podrá aprobarse el 9 o 10 de julio, y ser entonces publicada en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que será efectivo el aforamiento de los citados miembros de la Familia Real
Una vez que se apruebe dicho aforamiento todas las denuncias o querellas, penales o civiles, que puedan dirigirse contra don Juan Carlos, la Reina Sofía, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias, tendrán que ser tramitadas en el Tribunal Supremo (TS).
Los citados miembros de la Familia Real pasarán a ser aforados como los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, cuya protección está 'blindada' en la Constitución de 1978 aunque con el matiz de que, en lo relativo a la jurisdicción civil, está ligada a la permanencia en el cargo.
Además, a través de la segunda enmienda se incluye una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.
Ante las peticiones de algunos de los grupos de la oposición, que quieren abrir un debate amplio sobre la posibilidad de restringir los aforamientos, el Gobierno ha aclarado que cuando en octubre remita al Congreso la reforma global de la LOPJ, que se encuentra en fase de anteproyecto, se podrá estudiar la situación de los casi diez mil aforados que hay en España.