Procesan a diez miembros del frente jurídico de ETA, entre ellos la abogada Arantza Zulueta

• Son presuntos responsables del llamado frente jurídico de la banda, "Halboka"
• Entre ellos, 7 abogados fomentaban la sujeción y sumisión de los presos a ETA

La abogada Arantza Zulueta, detenida en enero, está en prisión por su pertenencia al frente de cárceles de ETA.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha procesado este lunes por integración en organización terrorista a siete presuntos responsables del llamado frente jurídico de ETA, "Halboka", entre ellos los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza, en prisión desde el pasado enero.

Además de Emparantza, "Mik Mik", y Zulueta, "Martxell", a la que también procesa por depósito de armas y explosivos, el juez ha procesado por integración en ETA a Iker Sarriegui, David Pla, Julen Zelarain, José Domingo Auzpurua y Naia Zurriarain, y a otras tres personas por colaboración con banda armada: Saioa Aguirre, Juan María Jáuregui y Nerea Redondo.

En el auto de procesamiento, el magistrado explica que los abogados, con Arantza Zulueta al frente, fomentaban la sujeción y sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas de forma que conocían el estado de ánimo y se lo hacían llegar a la dirección así como las circulares de ETA a los presos y los boletines internos de los presos a la dirección.

En su resolución, Gómez Bermúdez sitúa a Halboka ("rompiendo las paredes pronto los luchadores a la calle") como una estructura plenamente integrada en ETA, "que se dedica principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los presos y expresos de ETA", y explica que en esta organización estaba integrado el llamado "frente jurídico" formado por los abogados.

Controlar a los presos de la banda

Su misión fundamental, relata, era controlar a los presos de la banda para que se mantuvieran fieles a la organización, y en ocasiones hacían llegar a ETA sus comunicaciones, entre las que había "atxas" o "autocríticas", es decir, informes sobre lo que los etarras habían contado en sus declaraciones policiales o judiciales y los fallos que habían facilitado su detención.

Estos letrados, que recibían un sueldo mayor o menor según estuvieran con plena dedicación o no, eran personas, según el juez, "plenamente integradas en la organización terrorista" y participaban en otras actividades de la banda como transmitir información sobre objetivos o ayudar a recaudar el llamado impuesto revolucionario.

Zulueta, otro delito de depósito de armas y explosivos

El juez se centra especialmente en el papel ejercido por Zulueta, a quien en su detención se le intervino un bolso con un "pendrive" que contenía informaciones sobre vehículos que usaban potenciales objetivos de ETA, uno de ellos relacionado con la expresidenta del PP vasco María San Gil.

En otro "pendrive", encontrado junto a un cuadro en la pared, había imágenes sobre la ubicación de tres zulos con armas y explosivos que finalmente fueron localizados en el sur de Francia, lo que ha motivado su procesamiento por depósito de explosivos.

“Zulueta también ha sido procesada por un delito de depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista“

Además, según el juez, Zulueta medió en uno de los pagos del impuesto revolucionario, y la dirección de ETA le encargó un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional para colocar una bomba.

También le atribuye la creación de un "servicio de inteligencia" por todos los pueblos del País Vasco, denominado "Amarauna" ("tela de araña"), para obtener información sobre objetivos o empresarios a los que exigir el pago del "impuesto revolucionario".

Zulueta y Emparantza, en prisión desde enero

Zulueta y Emparantza se encontraban en libertad provisional por esta causa desde 2012 tras su detención en 2010, pero el juez Eloy Velasco les envió en enero a prisión por integrar el órgano de ETA "KT/Koordinazioa taldea", al considerar que "conformaba un brazo operativo de la ETA".

Sobre David Pla, alias "Mintxo", quien leyó el 20 de octubre de 2011 el comunicado del cese de la violencia de la banda, el juez señala que al principio su función era más "administrativa" y se dedicaba a "picar" (pasar a máquina) los informes de los presos hasta que en 2008 "llegó a contactar directamente con la cúpula del aparto político de ETA", momento en el que se convierte en el "enlace directo" de Halboka con el Frente Jurídico.

En la causa sobre Halboka, el juez también tenia abierta una investigación al senador de Bildu, Iñaki Goioaga, que la Fiscalía le pidió que elevara al Tribunal Supremo por tratarse de un aforado, aunque sobre este asunto el auto de Gómez Bermúdez no hace ninguna referencia