Wert asegura que los fondos europeos para la Lomce no generarán deuda a las comunidades

• Se ha reunido con los consejeros de las comunidades autónomas
• Andalucía, Asturias y País Vasco dudan que no genere deuda
• Educación dice que habrá aumento de deuda inicial, pero se amortizará

Wert asegura que los fondos europeos para la Lomce no generarán deuda a las comunidades

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado este lunes que la financiación que reciban las comunidades del Fondo Social Europeo para la reforma educativa no computará como deuda ni como déficit públicos autonómicos.

El ministro ha respondido así en rueda de prensa después de que los consejeros de comunidades como Andalucía, Luciano Alonso, Asturias, Ana González, y del País Vasco, Cristina Uriarte, hayan manifestado dudas sobre qué consecuencias tendría esa financiación en las cuentas autonómicas, afectadas por los límites de déficit público.

Según el ministro, habría un aumento inicial de deuda, pero se amortizará cuando las comunidades justifiquen el gasto del fondo europeo, ya que en ese momento se generará un crédito por el mismo importe.

"No habrá deuda ninguna, pues en cuanto justifiquen que la cantidad ha sido gastada se generará un crédito que acabará con la deuda que muy temporalmente pudiese existir", ha señalado el ministro.

Tampoco se generará déficit con cargo a estos anticipos, ha continuado, pues "los adelantos del Fondo Social Europeo están libres del cobro de intereses".

La implantación costará 974 millones en tres cursos

Wert ha explicado que los 974 millones de euros que costará la puesta en marcha de la ley Wert durante los próximos tres cursos serán asumidos entre el Estado y el Fondo Social Europeo.

La consolidación de esta norma durante los ejercicios 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 tendrá un coste estimado de 400 euros por curso, lo que en total supone unos gastos de implantación y consolidación de 2.164 millones de euros hasta 2020.

De cara a la puesta en marcha, el Estado se hará cargo de 320 millones de euros y Bruselas aportará 614 millones hasta 2017 con cargo al Fondo Social Europeo, ya que entiende que la nueva Formación Profesional Básica y la implantación de itinerarios en 4º de ESO ayudarán a combatir el abandono escolar y fomentar la empleabilidad de los jóvenes (objetivos elegibles para ser financiados por este programa).

En cuanto a la consolidación de la ley para el período 2017-2020, Wert ha señalado que la financiación se repartirá entre el Estado y las comunidades autónomas y que se negociará en la próxima cumbre de política fiscal y financiera.

Andalucía, con 189,6 millones de euros hasta 2017, será la autonomía que más fondos reciba para la puesta en marcha de esta nueva ley, seguida de Comunidad Valenciana (112,1), Madrid (110,8), Cataluña, (106,1), Castilla y León (59,9) y Castilla-La Mancha (58,1). Las que menos perciben en términos absolutos son La Rioja (9,7), Navarra (11,7), Asturias (12), Cantabria (12,4), Baleares (23) y Aragón (26).

Andalucía, Asturias y Canarias ven insuficiente la financiación

Andalucía, Asturias y Canarias han acusado al Ministerio de Educación de presentarles unos cálculos de financiación de la reforma educativa lejos del coste real, de manera tardía, a dos meses del nuevo curso, llenos de improvisación e incertidumbre y faltos de rigor, según los consejeros de enseñanza.

El consejero de Educación de Canarias, Juan Miguel Pérez, ha asegurado que la financiación que reciban las comunidades procedente del Fondo Social Europeo se suscribirá por medio de convenios con el Ministerio de Educación en forma de "préstamos".

Estos computarán, ha explicado, como "endeudamiento" autonómico aunque no se tengan que devolver (si se cumplen las condiciones del convenio) y perjudicará, ha denunciado, los esfuerzos de las CCAA de cumplimiento del déficit público máximo.

Con estas cuentas es "imposible" comenzar la implantación de la FP Básica en septiembre, como prevé la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ha señalado la consejera de Asturias, Ana González, en la rueda de prensa conjunta.

Por su parte, el consejero de Andalucía, Luciano Alonso, se ha referido al coste de recambiar totalmente los libros de texto con la reforma (223 millones de euros), que son gratuitos para los alumnos de esta comunidad según el estatuto de autonomía, algo que la Consejería siempre intentará defender, ha dicho. Ha insistido en que es una cantidad "tremenda" y que tendrá que hablarse con la Consejería de Hacienda.

Alonso se ha referido a un "error de cálculo" del Ministerio, que prevé un coste de implantación en esta comunidad de 189 millones, frente a los 584 que prevé la Junta para Primaria, ESO y FP Básica, es decir, una diferencia "abismal" de 395 millones.

Ha criticado que el Ministerio tome como base del coste de la FP Básica el número de alumnos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), vigentes hasta ahora, ya que estos no son de oferta obligatoria para las comunidades y tienen características diferentes.

Ana González se ha preguntado dónde está la financiación de la primaria y los libros de texto, pues las cuentas ministeriales se refieren a tercero y cuarto de ESO y la FP Básica y ha comparado los sucesivos cálculos ministeriales de los costes con "arenas movedizas", pues primero eran cerca de 500 millones, luego 2.000 y ahora 964, ha indicado.

Ha explicado que Educación calcula un coste en Asturias de 4,4 millones de euros, donde menos por delante de Ceuta, cuando el Principado estima que se necesitarían 16,5 millones. Al igual que Alonso, ha echado en falta los gastos de adecuación de las infraestructuras educativas a la FP Básica.