Los sindicatos agotarán los medios legales para que los piquetes no sufran 125 años de prisión

• 260 sindicalistas están procesados por ejercer el derecho de huelga
• UGT y CC.OO. denuncian que prima el Código Penal sobre la Constitución

Los sindicatos denuncian "acoso" a los que ejercen el derecho de huelga

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han asegurado que los sindicatos agotarán todos los medios legales para evitar que los 260 sindicalistas para los que se piden en total 125 años de cárcel no sean finalmente encarcelados.

Durante la concentración de delegados sindicales en la Plaza de Callao contra lo que consideran una ofensiva judicial -hay 81 expedientes abiertos en 13 comunidades autónomas-, Méndez ha asegurado que las centrales "no lo van a consentir".

El líder de UGT denuncia que se trata de una amenaza contra toda la clase trabajadora. "Desarrollan una estrategia para que la opinión pública piense que son sindicalistas, como si fueran algo aparte", ha dicho, para añadir que "debajo" de estos procesos penales "lo que hay es una estrategia de acoso, de intimidación, de miedo, para que los trabajadores no se resistan a la libre voluntad del empresario".

Más aún, ha asegurado que "toda la clase trabajadora está amenazada a través de esta muestra de comportamiento infame, que lleva a esta amenaza con penas de prisión", de los 125 años que pide el fiscal ya hay sentencias en firme que suman 12 años de prisión.

“Méndez: ¿En qué siglo estamos? ¿En el XXI o en el XIX?“

Las acusaciones contra estos sindicalistas son propias no del año 2014, sino de 1914, ha apuntado Méndez. "¿En qué siglo estamos? ¿En el XXI o en el XIX?", se ha preguntado, para enfatizar a continuación que "la libertad sindical no se entiende sin el ejercicio del derecho a la huelga".

Méndez ha subrayado que el derecho de huelga es un derecho constitucional que debería limitarse a un solo artículo, el derecho a la huelga en sí, pero que "los empresarios y el Gobierno de la derecha no lo tienen claro" y que, por el contrario, priman el Código Penal antes que la Constitución. "Ellos son los subversivos contra el derecho constitucional y no lo vamos a tolerar", ha insistido.

"La huelga no es un delito"

Por su parte, el líder de CC.OO. ha querido dejar claro que "la huelga no es un delito" y ha adelantado como Méndez que los sindicatos van a poner "todos los medios legales de movilización y de todo tipo en España y fuera para impedir este atropello".

Para empezar, ha avanzado que la semana que viene habrá un encuentro entre los sindicatos y el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, en la que le trasladarán que "está en manos del Gobierno" que los sindicalistas detenidos no vayan a prisión si se les concede el indulto.

Antes, los sindicatos se reunirán este viernes con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que "los jueces velen por la tutela del derecho a la huelga".

“No hicimos un viaje de 35 años por la democracia para ir perdiendo derechos que hemos tardado en consolidar“

"Iremos a los tribunales de justicia europeos y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). España será un asiduo de la OIT en demanda de la protección de la libertad sindical que quieren arrebatarnos", ha dicho Toxo. "No hicimos un viaje de 35 años por la democracia para ahora ir perdiendo norma a norma, sentencia a sentencia, derechos que hemos tardado en consolidar", señala.

Esquirolaje empresarial

Por otro lado, ambos líderes sindicales han defendido a los trabajadores afectados por el ERE nulo de Coca-Cola Iberian Partners y han atacado a la empresa por prácticas contrarias a la libertad sindical. Méndez ha hecho hincapié en que se trata de "una multinacional con beneficios a raudales, pero con intenciones más oscuras que el líquido que meten en la botella".

Toxo ha recordado que el artículo 315.3 del Código Penal prevé que serán castigados con penas de tres meses a seis años los que mediante engaño o abuso de una situación de necesidad impidieran o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho a la huelga, algo que ha ocurrido en la planta de Fuenlabrada -según el líder sindical-, donde ha habido presiones para provocar el "esquirolaje", sin que haya tenido consecuencias.

"¿Cuántos empresarios han entrado en prisión por despedir a un trabajador en el momento en el que se presentaba en listas sindicales a las elecciones en su empresa? ¿Cuándo han entrado en la cárcel o han sido acusados por vulnerar los derechos de los trabajadores? Hay un desequilibrio de trato, una protección extrema a las actividades ilegales contra los derechos sindicales", añade.

"Más diligencia en velar por los derechos fundamentales y democráticos y menos premura para perseguir a las personas que se convierten en el baluarte de su defensa", sentencia.

Pendientes del indulto

Los sindicalistas gallegos Carlos Rivas (UGT) y Serafín Rodríguez (CIG) no entrarán en prisión hasta que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre su segunda petición de indulto. Lo confirmaron este lunes durante la manifestación de Vigo en rechazo a la "represión sindical".

Ambos han explicado que la Audiencia Provincial de Pontevedra desestima el recurso de la Fiscalía, que pedía su entrada en la cárcel.

Estos sindicalistas fueron acusados por haber lanzado piedras y objetos contra los camiones que entraban a la Zona Franca de Bouzas durante un piquete informativo en una huelga del transporte de 2008.

Además el Parlamento de Galicia aprobó la semana pasada una declaración institucional que pide el indulto para Ana Outerelo y Tamara Vidal, dos trabajadoras pontevedresas condenadas a tres años de cárcel por su participación en un piquete durante una jornada de huelga.

En la declaración, pactada por todos los grupos, se expresa el "apoyo" de la institución a la petición de que el Consejo de Ministros conceda a ambas el indulto parcial. Con esta medida, pretenden evitar que las trabajadoras de la empresa Serviocio, que gestiona piscinas municipales en Pontevedra, ingresen en prisión.