El Banco de España acusa a dos directivos de la CAM de contribuir a maquillar las cuentas

• Se trata de Francisco Martínez García y Juan Luis Sabater, que lo niegan
• Gómez Bermúdez les imputa a raíz de las alegaciones de otro directivo

Un inspector del Banco de España ha declarado que dos directivos de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo avalaron titulizaciones de créditos morosos lanzadas con objeto de maquillar las cuentas de la entidad, según fuentes jurídicas.

Los dos nuevos imputados -el que fuera director general de inversiones y riesgos de la caja Francisco Martínez García y el ex director general de liquidez y financiaciones propias Juan Luis Sabater- han negado que conocieran la ruinosa situación de la caja y han defendido que se limitaron a firmar, en ejercicio de sus funciones, informes y autorizaciones de operaciones.

Algunas operaciones contables sirvieron para inflar las cuentas de 2010 y principios de 2011, entre las que destacaba la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados (que engordaron en 168,6 millones la cuenta de resultados) y el reparto de dividendos de las sociedades filiales, por un importe de 163,2 millones. El inspector del Banco de España sostiene que los dos imputados tenían constancia de estas operaciones.

Acusados de estafa y delitos societarios

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ya había imputado por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, a cinco altos cargos del banco -su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, el ex director de recursos Vicente Soriano y el de planificación Teófilo Sogorb- por llevar a la entidad a un "debilitamiento extremo" en "beneficio propio".

El magistrado amplió las imputaciones a la vista de las alegaciones presentadas por Sogorb que indicó, en un escrito de mayo, que la auditoría y contabilización de los riesgos y dotaciones para formular las cuentas de 2010, no dependía del área que él dirigía sino de las direcciones de Martínez y Sabater.

Sogorb recordaba en su escrito que la formulación de las cuentas de aquel año tuvo lugar coincidiendo con el proceso de integración del denominado Sistema Institucional de Protección (SIP) y la creación del Banco Base.

Faltan diez testigos por comparecer

El instructor continuará con la ronda de declaraciones los días 8, 9 y 10 de julio. En esas fechas acudirá a la Audiencia Nacional el actual presidente-consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez. También comparecerán el responsable del área de gestión de la morosidad de la caja Antonio Gisbert y de la aprobación de riesgos Manuel Lerma y otros siete testigos.

El resto de testigos previstos son el director de Información financiera Salvador Ochoa; el administrador del FROB Benicio Herranz, los que fueran directores de gestión de recursos humanos de la CAM Eduardo Severá y Bernardo Chuliá y el coordinador del SIP José Luis Martín. Comparecerán además los miembros de KPMG Julio Alvaro y Javier Muñoz.

El proceso de integración de las cajas se prolongó desde septiembre de 2010, momento en que tomó vigencia el contrato de integración del SIP, hasta la creación en diciembre de 2010 del Banco Base, formado por la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Durante este plazo hubo una cesión de la soberanía de los órganos directivos de las cajas que pasó a manos del Comité de Integración del SIP.

Fracaso de la fusión fría

La fusión fría fracasó en marzo de 2011, momento en el que las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura se opusieron a unirse a la vista de la ruina de la CAM.

El actual presidente-consejero delegado de Liberbank, ocupó en aquel entonces el cargo de director general de Banco Base y actuó como consejero delegado con plenas facultades de este comité.

La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España tras acumular unas pérdidas de más de 1.000 millones en los seis primeros meses del año. Tras la quiebra, el organismo regulador aportó 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.