Desarticulada una red europea de comercio ilegal de fármacos que operaba desde España

• Se han intervenido 12.000 medicamentos por valor de unos 300.000 euros
• Hay dos detenidos y trece imputados por delitos contra la salud pública
• La Guardia Civil implica a 50 farmacias en varias comunidades españolas

Cae una red europea de comercio ilegal de fármacos que operaba desde España

La Guardia Civil ha desarticulado, con la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), una organización de comercio ilegal de medicamentos que se distribuían a países de la Unión Europea, en una operación que ha supuesto la intervención de 12.000 fármacos por valor de unos 300.000 euros.

En la operación, conocida como "Caduceo", se ha detenido a un matrimonio formado por un argentino y una bielorrusa, presuntos líderes de la trama, y se ha imputado a otras trece personas procedentes de Lituania, Bielorrusia, Ucrania y España, que realizaban funciones comerciales y contables. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, la Hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

50 farmacias implicadas en la trama

La Guardia Civil ha estimado que, además, hay unas 50 farmacias implicadas en la trama, encargadas de vender los medicamentos a esta red de forma ilegal, que podrían recibir una sanción administrativa de entre 90.000 y un millón de euros.

La operación comenzó en julio del año pasado a raíz de una denuncia presentada por una farmacia de Navarra a la que habían encargado por teléfono un pedido considerable de determinados fármacos que debían reunir unos requisitos de caducidad y envasado.

La red operaba en una empresa declarada como almacén mayorista de medicamentos, con sede en Alboraya (Valencia), donde la Guardia Civil ha hallado más de 12.000 envases de medicamentos valorados en unos 300.000 euros, entre los que había fármacos antipilépticos, psicotrópicos o inmunodepresores y tratamientos para la enfermedad de Parkinson, la leucemia infantil y patologías relacionadas con transplantes.

Las empresas proveedoras del almacén obtenían los medicamentos que les requería la organización a un precio inferior al de adquirirlos de forma legal en los distribuidores oficiales. Los fármacos, que sólo podían dispensarse a particulares y nunca a empresas o distribuidores, eran adquiridos por el almacén de Alboraya en cincuenta farmacias ubicadas en las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Madrid, Cataluña y Aragón, alegando la imposibilidad de abastecerse de los laboratorios fabricantes.

Incremento de ganancias mediante el IVA

La organización pactaba con las farmacias el abono de un precio distinto al real, normalmente bajo el concepto de “venta de productos de parafarmacia”, puesto que el IVA de estos productos es del 10 %, superior al de los fármacos, el 4 %. Las farmacias obtenían un incremento en sus ganancias en la devolución del IVA, además de obtener una comisión del 10 % por la venta de estos productos.

Los paquetes que contenían los medicamentos se preparaban para que el exterior fuera identificado como suavizantes o colonias y se transportaban a una nave de Vara de Quart (Valencia), desde donde la empresa de Alboraya se hacía cargo de los gastos de transporte a países como Dinamarca, Reino Unido, Bélgica y Holanda, donde el precio de estos fármacos era tres veces superior al que se obtenía en España.

En la operación, que sigue abierta, la Guardia Civil ha realizado cinco registros en domicilios y empresas, en los que se han intervenido cerca de 163.000 euros en metálico y más de 2.500 dólares americanos de curso legal, así como diversa documentación y material informático. Asimismo, se han bloqueado diecinueve cuentas bancarias.

Riesgo para la salud pública

El capitán Gerardo Suárez, de la Comandancia de Navarra, y el teniente coronel Luis Peláez, de la Unidad Técnica de la Policía Judicial responsable de la operación, han subrayado que la incorrecta conservación y transporte de los medicamentos puede motivar la pérdida de su eficacia y un riesgo para la salud pública, además de un riesgo de desabastecimiento en el territorio nacional.

La directora de la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, Belén Crespo, ha señalado que los medicamentos adquiridos por este sistema, al carecer de control, no cuentan con las garantías de calidad, seguridad y eficacia, por lo que la distribución podría causar un grave riesgo para la salud.