Los jueces imputan al expresidente francés Nicolás Sarkozy por "corrupción activa"
- Los tribunales investigan una posible red de tráfico de influencias
- El expresidente francés ha declarado durante 15 horas ante la policía judicial
- Tras ser informado de su imputación por el juez, ha sido puesto en libertad
El expresidente francés Nicolás Sarkozy ha sido imputado en la madrugada del miércoles por por "corrupción activa", tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional en el caso que se sigue contra él por la presunta financiación ilegal de sus campañas electorales, según ha informado la Fiscalía francesa.
En un comunicado, la Fiscalía ha indicado que, tras el interrogatorio, Sarkozy fue puesto a disposición de dos jueces de instrucción encargados de la investigación abierta por el denominado "caso de las escuchas" y "de conformidad con la solicitud de la fiscalía, Sarkozy ha sido acusado por cohecho activo, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional".
La decisión se ha producido tras 15 horas de declaración ante la policía judicial en calidad de detenido en la sede de la brigada anticorrupción de la Policía judicial en Nanterre. Posteriormente, el expresidente ha sido trasladado al juzgado, donde se le ha comunicado la imputación. Finalmente, ha sido puesto en libertad hacia las dos de la madrugada.
Su detención, en régimen de garde a vúe, es una acción legal sin precedentes para un ex jefe de Estado en Francia, donde nunca antes un presidente de la República había sido retenido e interrogado por la policía.
Sarkozy, que actualmente está vinculado a siete investigaciones judiciales, ya fue imputado por abuso de debilidad en el "caso Bettencourt", pero los jueces decidieron finalmente retirar los cargos.
Tráfico de influencias
Los tribunales investigan si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador. Por ello también fueron imputados el lunes su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.
Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.
Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.
Por ello, según ha indicado la Fiscalía Azibert ha sido imputado por violación del secreto profesional, el tráfico pasivo de influencias y corrupción pasiva y Thierry Herzog, por violación del secreto profesional, soborno y tráfico de influencias.
Pena máxima de cinco años de cárcel
El "caso de las escuchas", deriva de una investigación original diferente, para determinar si el político recibió para su campaña presidencial dinero negro del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.
De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros.
La decisión judicial es particularmente delicada porque los allegados de Sarkozy y el propio expresidente han ido preparando el terreno de su regreso a la política con las elecciones de 2017 a la vista y una condena le inhabilitaría para jercer un cargo público, lo que frustraría esta vuelta.
Los simpatizantes del exjefe del Estado denuncian que el procesamiento forma parte de una campaña para acabar con su carrera política.