Un juez de la Audiencia Nacional califica de "altas y desproporcionadas" las penas a los etarras

• Es José Ricardo de Prada, de la Sala de lo Penal, en un curso de verano
• Critica que se les exija el arrepentimiento por delitos consecuencia de ideología
• Cree que los presos de la banda están discriminados en relación con otros

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha calificado las condenas a miembros de la banda terrorista ETA de "altas y desproporcionadas" y señala que, sobre todo, "hay un régimen de cumplimiento de penas totalmente desigual en relación con el resto de presos".

De Prada se ha referido en estos términos en uno de los cursos del Campus de Verano que organiza la Universidad Complutense de Madrid y ha defendido que las penas han de responder "a una necesidad, que sean humanas y que se apliquen en un régimen de igualdad en relación con otros presos".

En su opinión, "un momento clave" se constituye con la aplicación de la 'doctrina Parot' cuando una serie de penas se empezaron a computar "de una forma distinta", algo "jurídicamente inadmisible", ha denunciado. Pero "más jurídicamente inadmisible", según ha defendido, es que haya tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el que haya tenido que decir que eso "estaba mal". "Algo que estaba en la conciencia de todos los aplicadores de las normas", ha sostenido.

A su juicio, "no es exigible" un perdón que implique "una necesidad de arrepentimiento absoluto sobre todo en hechos, situaciones o delitos que son consecuencia de planteamientos ideológicos".

Eso sí, defiende la necesidad de reconocer "el daño causado" y el interés de "comunicar esa situación a la persona". "Son situaciones mucho más individualizas", ha subrayado.

Del proceso de paz a la reconciliación

De Prada ha señalado que aunque se niegue, existe "un proceso de paz". "Este proceso de paz tiene que ir a un proceso de reconciliación", ha advertido destacando que es "muy importante" hacer hincapié "en el perdón y la justicia restaurativa" porque "no solo afecta a víctimas sino que interesa a toda la sociedad en su conjunto".

Así, aconseja "poner en valor la experiencia colectiva surgida" y advierte que obtener resultados "positivos y útiles" dependerá de "cómo se trate, interactúe y se les reintegre en la sociedad" a los penados terroristas.

Eso sí, ha aclarado que "no se trata de renunciar a la Justicia, ni a la verdad, ni al derecho a la reparación ni por parte de las víctimas ni de la sociedad en general sino de actuar con el derecho de deber gestionar los traumas causados por la violencia política terrorista en un sentido positivo".

"Para ello, todos, las víctimas, la sociedad, los causantes de la violencia, las propias instituciones y poderes del Estado jugamos un papel determinante", ha explicado.

Otras declaraciones polémicas

El juez José Ricardo de Prada es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 1990. En esa función, se ha ocupado de los casos del narcotraficante gallego Sito Miñanco, y en la lucha contra el terrorismo, del comando Vizcaya en la década de los 90, los atentados terroristas contra Telefónica y Pryca.

Miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia y del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya ha protagonizado más declaraciones polémicas en torno al terrorismo de ETA.

En una entrevista en 2007, dijo que la Ley de Partidos era una respuesta "excesiva e injustificada" en la lucha contra el terrorismo y que su interpretación no ayudaba en el proceso de paz con la banda. Llegó a decir que los jueces, con su actuación habían puesto "obstáculos al proceso de paz".

En 2011, De Prada consideró en un voto discrepante en un auto de la Audiencia que el chivatazo a la red de extorsión de ETA en el caso Faisán estaba "plenamente justificado" en el marco de un "proceso de negociación", si se entendía que en las fechas en las que se produjo, mayo de 2006, el Gobierno estaba negociando con los terroristas.

En aquel entonces, en un voto discrepante que emitió en un auto de la Audiencia Nacional, dijo que el Gobierno estaba legitimado para "disponer de un determinado ámbito de actuación en que sin infringir normas jurídicas que impliquen una quiebra del estado de Derecho le permita llevar a adelante acciones tendentes a obtener resultados que quedan indiscutiblemente bajo lo que son las obligaciones de todos los gobiernos".

También ese año defendió que los actos de 'kale borroka' "no tienen por qué ser necesaria y automáticamente tenidos por terroristas", en un voto particular dictado contra la condena a dos años de cárcel impuesta a un joven acusado de la quema de un cajero en la localidad vizcaína de Getxo.Seguir leyendo: http://www.libertaddigital.com/espana/2014-07-02/un-juez-de-la-audiencia-nacional-considera-desproporcionadas-las-condenas-a-etarras-127652288

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