El fiscal pide inhabilitar diez años a Baltar y el PSOE solicita que pague 697.000 euros

• Baltar, a la espera de sentencia, lamenta que se quiera "cazar a esta pieza"
• El expresidente de Ourense, acusado de presunta prevaricación administrativa
• El fiscal pide que se juzgue "una forma de hacer las cosas en política"

El expresidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar.

El expresidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar Pumar ha dicho que es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados, algo que le ha sucedido con 73 años cumplidos, y, tras proclamar su inocencia, ha lamentado que "se quiera cazar a esta pieza".

El juicio que durante cinco días se ha seguido contra él bajo la acusación de prevaricación, al no haber sido publicitadas hasta 104 contrataciones realizadas en 2010, ha quedado visto para sentencia tras la lectura de conclusiones definitivas del fiscal, la defensa y las acusaciones particulares.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, se ha ratificado en su petición de que se inhabilite para cargo público durante diez años al otrora presidente de la Diputación de Ourense y el PSOE ha exigido que en caso de fallo condenatorio abone él mismo 696.666,58 euros, cifra que cubriría el coste salarial y de la Seguridad Social de estas altas laborales.

El sindicato Manos Limpias ha demandado nueve años y seis meses de inhabilitación y ha especificado que analizando uno por uno los contratos "la pena sería de 1.040 años", y la defensa ha reclamado la absolución de José Luis Baltar Pumar.

Él mismo, en su alegato final, ha reflejado, "yo soy inocente" y "en esto solo se va a la caza mayor, no porque yo sea grande, que el tamaño es pequeño", ha precisado sarcástico al aludir a su estatura, y ha añadido que si la cuestión es que "hay que cazar a esta pieza, la cazaremos y no pasa absolutamente nada".

"Me pidieron que me hiciera cargo"

Ha resaltado que su conciencia está "totalmente tranquila" y por ello entiende que ha de ser absuelto, porque "nunca tuve sensación de que había cometido un delito de prevaricación", y menos cuando "nunca en la vida" se encargó del trámite de dar publicidad a las contrataciones.

"Nunca me preocupé de si se habían publicado, de ningún acto que no fuese la mera selección de personal", ha sostenido, y ha acusado al secretario general de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro Gosende, y al jefe de Personal, José Luis Suárez, de faltar a la verdad en este proceso.

"A mí me visitaron para pedir que me hiciera cargo" de la culpa, cuando se supo que habría juicio oral, "porque si no les caería el pelo a ellos", ha confesado Baltar Pumar a la jueza, y ha arremetido sobre todo contra el responsable de Recursos Humanos, del que ha comentado que, "haciendo caso omiso de sus obligaciones", nunca le dijo a él que la convocatoria debía ser pública.

A la salida del juzgado, ha declarado estar muy satisfecho con la defensa ejercida por su abogado y ha reiterado que quisieron cargar sobre su persona todo "el mochuelo".

El veterano político, quien pidió su baja temporal en el PP, presidió la Diputación de Ourense durante 22 años, de 1990 hasta 2012. Dimitió en febrero de ese año, y en la actualidad está al frente de la institución provincial su hijo, Manuel Baltar, que en enero de 2010 se hizo también con la presidencia del partido en Ourense.

Baltar Pumar ha sido también citado para prestar declaración como imputado por la hipotética práctica de un delito de cohecho ante la jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, para el próximo lunes, día 7 de julio.

El fiscal pide "una resolución implacable"

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha resaltado que lo que quiere que se juzgue es "una forma de hacer las cosas, de entender la política".

El letrado José Arcos, que ejerce la acusación por parte del PSOE, ha demandado que si la sentencia es de condena sea el propio Baltar Pumar, y no la institución provincial, el que abone de su bolsillo 696.666,58 euros, una cifra que cubriría "el importe de sus caprichos", ha reflejado irónico, en alusión al coste salarial y de Seguridad Social de las 104 contrataciones realizadas.

Ha comentado, en esta línea, que las mismas se materializaron siguiendo criterios "subjetivos" y que solamente se respetó un principio, el que atiende a la igualdad, pero entre "su grupo de iguales", ante lo que cabe la pregunta de si no es "dudosa" la existencia de la legalidad cuando se sigue "la voluntad del presidente".

Así, ha pedido una resolución "implacable" y, tanto Arcos como Delgado han cuestionado que los contratos obedeciesen a razones de urgencia.