El Gobierno liberaliza parte del mercado del butano y aprueba la reforma del gas

• Afecta solo a las bombonas más ligeras, inferiores a 12,5 kilogramos
• El precio de la bombona más común seguirá regulado: máximo 17,5 euros
• Recorta en 238 millones las retribuciones del sistema gasista
• El Ejecutivo busca atajar el déficit de tarifa del gas acumulado

El Gobierno liberaliza la botella ligera de butano

El Consejo de Ministros ha incluido dentro del paquete de medidas económicas aprobado este viernes la liberalización de parte del mercado del butano y un ajuste de las retribuciones del sistema gasista por importe de 238 millones de euros para aplacar un déficit de tarifa acumulado en el sector del gas, que hubiera ascendido a unos 800 millones de euros a final de año según cálculos del Gobierno.

La liberalización del mercado del butano afecta en concreto al precio de las bombonas más ligeras, las que pesan en vacío menos de 9 kilogramos, y que son comercializadas en su mayoría por Cepsa. Con esta medida el Gobierno quiere ofrecer "una alternativa en el mercado" a la vez que se sigue protegiendo a determinados consumidores más vulnerables.

Mientras, seguirá regulado el precio máximo de la bombona más común, la de 12,5 kilogramos, que mantendrá el tope actual de 17,5 euros, y la obligación de reparto a domicilio para los operadores con mayor volumen de venta en cada territorio.

En concreto, los operadores obligados a repartir de forma domiciliaria la bombona, Repsol Butano debería asumir esta función en la Península y Baleares, mientras que Atlas lo hará en Ceuta y Melilla. Disa asumirá esta función en Canarias.

Otra de las novedades para el sector es que se acaba con la exclusividad de los contratos entre el operador mayorista y el distribuidor para el reparto a domicilio. Esto supondrá que las empresas repartidoras podrán llevar bombonas de varias marcas. En España se venden actualmente 11 millones de botellas de propano y 56 millones de bombonas de butano.

Recorta en 238 millones la retribución del sistema gasista

En cuanto a la reforma del sector gasístico, la nueva normativa busca evitar el "incipiente problema" del déficit de tarifa del gas y prevenir así un problema similar al del déficit eléctrico, según ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El déficit es debido, por un lado, a la caída de la demanda por el menor uso de los ciclos combinados y, por otro, a la entrada en el sistema de nuevas instalaciones que hay que retribuir.

La primera parte de la reforma del sistema gasista conllevará un recorte de 238 millones de euros en la retribución a las empresas del sector para atajar el déficit sin subir los peajes, parte regulada de la tarifa, a los consumidores. De esta forma se intentará cerrar el presente ejercicio con un déficit de unos 500 millones de euros, frente a las previsiones anteriores de hasta 800 millones.

Para atajar el problema, Industria ha decido reconocer ese déficit gasista acumulado -que pasarán a financiar las empresas del sector- y pagarlo en 15 años; ajustar las retribuciones a las actividades reguladas (distribución, transporte, plantas de regasificación y almacenamientos); establecer reglas de estabilidad financiera y vincular más los pagos a las distintas infraestructuras a la evolución de la demanda.

Cómo se distribuyen los recortes

El ajuste afecta de manera proporcional a cada una de las actividades: 110 millones (46%) en distribución -desarrollada principalmente por Gas Natural Fenosa-; 97 millones (41%) en transporte -actividad que desempeña Enagás-; 23 millones (10%) en plantas de regasificación y 8 millones (3%) en almacenamientos subterráneos. Junto a esto, se eliminan actualizaciones automáticas para estas retribuciones y se establece que una parte de estos pagos sean variables en función de la demanda, que varía más en el gas que en la electricidad.

En las instalaciones de transporte, por ejemplo, se establece que el 25% de la retribución sea variable en función del consumo y el 75% restante fija con una rentabilidad del 5,2% del valor actual neto de activos. Asimismo, se pasa a retribuir todas las instalaciones de forma homogénea, considerando su valor neto y una vida útil de 40 años.

En distribución, los principales cambios afectan al pago por nuevos clientes captados que se reduce de 90 a 50 euros aunque se establece un pago de 70 euros para clientes de determinadas zonas. El objetivo, según ha explicado el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tras el Consejo de Ministros, es primar que se hagan infraestructuras en las zonas con más potencial de consumo y evitar "subvenciones cruzadas".

En almacenamientos y plantas de regasificación también habrá una parte de la retribución fija y otra variable en función de la demanda.

Se subirán los peajes del gas si hay desajuste

Para limitar el impacto de la alta volatilidad de la demanda, una parte del riesgo se traslada al operador de las instalaciones, de forma que las retribuciones incorporarán una parte variable. Este eventual desajuste será financiado por los sujetos del sistema en los siguientes cinco años de forma proporcional a su retribución.

En la nueva regulación también se fija una limitación del déficit máximo anual, de forma que, si un año el desajuste supera el 10% de los ingresos del sistema, se incrementarán los peajes de forma automática para recuperar la cuantía que se sobrepase del límite. En el caso de que el déficit acumulado supere el 15% de los ingresos, se incrementarán automáticamente los peajes en la medida que se rebase.

En España, hay unos 7 millones de consumidores de gas a los que, en principio, no se les subirían los peajes, parte regulada de la tarifa, en los próximos años, según ha explicado a los medios el secretario de Estado de Energía.

Este nuevo marco para el gas se revisará, como en el sector eléctrico, cada 6 años. El Gobierno aún tiene pendiente la segunda parte de esta reforma, relacionada con el desarrollo de un mercado secundario, y que quiere concluir antes de final de año.

Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Por otra parte, en el real decreto-ley se incluye la aprobación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que da cumplimiento a la directiva europea que establece la obligación vinculante de justificar una cantidad de ahorro de energía para 2020. Para España esta obligación de ahorro energético acumulado para el período 2014 a 2020 es de 16 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep).

El Fondo se dotará de las aportaciones que realicen las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores de productos petrolíferos al por mayor, de unos 200 millones, y el resto de Fondos Comunitarios (Feder).

Así, este instrumento contará con una dotación total aproximada de 370 millones de euros anuales y permitirá movilizar la inversión asociada de unos 2.450 millones anuales, al tiempo que permitirá obtener un ahorro total de más de 11,3 Mtep para todo el período, lo que equivale a evitar importaciones de petróleo por valor de unos 7.700 millones.

Las inversiones para aumentar la eficiencia energética se destinarán a los sectores de edificación y equipamiento (42%), industria (39%), transporte (14%), servicios públicos (3%) y agricultura (2%), que dispondrán de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación, e información.