La ley responsabilidad ambiental, que reduce los casos de 'seguro verde', entra en vigor el sábado

• El Senado aprobó la ley de forma definitiva la pasada semana
• Ha reducido las actividades industriales que deberían tener 'seguro verde'
• Establece requisitos para los accidentes relacionados con petróleo y gas

La reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental entra en vigor este sábado 5 de julio después de haberse aprobado de forma definitiva en el Senado la pasada semana sin haberse aceptado ninguna de las enmiendas presentadas en la Cámara alta por parte del PP, Grupo Mixto, Entesa, CiU, PNV y grupo socialista.

Entre otros, la nueva ley establece los requisitos mínimos para prevenir accidente graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y gas mar adentro y a limitar las consecuencias de tales accidentes.

El texto, que se publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado, es una modificación de la anterior ley de 2007 y tiene como objetivo garantizar la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales.

También establece que se aplicará la ley en el caso de que se produzcan daños a las especies, hábitats, aguas, etc. durante obras públicas de interés general.

Exención del 'seguro verde'

Uno de los puntos más criticados de la reforma de la presente ley es la exención para las empresas que llevan a cabo ciertas actividades de contratación de un 'seguro verde', es decir, una garantía financiera en caso de causar daños ambientales.

Según el informe del Consejo de Estado citado durante el debate de la ley en el Congreso, solo 5.470 actividades de 320.000 tendrán la obligación de tener una garantía financiera.

En este sentido, y durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado, se han rechazado varias enmiendas que solicitaban la introducción de una garantía financiera obligatoria.

También se han rechazado propuestas que pedían que el autor del daño medioambiental abonara una cantidad mínima en caso de cometer un daño y que no se estipulara una cuantía máxima, sino que se decidiera "en función de la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador pueda causar" -como recoge, por ejemplo, una enmienda de la senadora por Fuerteventura, Sandra Domínguez Hormiga-.

Esta exención supondrá, según estimaciones del Gobierno, un ahorro de más de 1.410 millones de euros para pequeñas y medianas empresas, porque a juicio del Ejecutivo carece de sentido exigir un seguro previo a actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería o un estudio de música.

Situaciones que regula la ley

La norma establece en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental que prevé que los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con causarlo adopten las medidas necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hayan producido, devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

La norma, que cuenta con un único artículo con doce apartados y tres disposiciones finales, ha sido modificada por el Gobierno con el objetivo de reforzar su vertiente preventiva, así como de simplificar y facilitar su aplicación.

En concreto, fomenta los análisis de riesgos medioambientales, reduce las cargas administrativas a los operadores económicos y simplifica el procedimiento de constitución de la garantía financiera.

Como novedad, amplía el concepto de daño medioambiental a las aguas para asegurar que la responsabilidad medioambiental se aplique también al estado ecológico de las aguas marinas, según recoge la directiva europea aprobada en 2013, la 2013/30/UE, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.