Miles de personas se concentran en defensa del derecho de huelga en toda España

• Los sindicatos han entregado un comunicado en las delegaciones del Gobierno
• Rajoy insta a La Izquierda Plural a promover un cambio de la normativa penal
• Gallardón afirma que está estudiando el indulto para seis sindicalistas

Unos trescientos sindicalistas de CCOO y UGT se han concentrado ante la delegación del Gobierno en Aragón.

Miles de personas se han concentrado ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España convocados por CC.OO. y UGT para reclamar a los poderes públicos y al Gobierno central que respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga, y "cesen en su intento de criminalizar" las protestas sociales y laborales.

En las concentraciones de este miércoles, que se suman a las ya celebradas con anterioridad en Madrid, Navarra y Galicia, se ha mostrado el apoyo a los más de 265 trabajadores y sindicalistas encausados, para los que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas.

Estas acciones forman parte de la campaña ¡No nos callarán!, con la que los sindicatos quieren denunciar una "ofensiva penal" contra el derecho de huelga. Para los sindicatos, en el ámbito penal, la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga.

Con este objetivo, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se reunieron hace unos días con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Al mismo tiempo, los sindicatos se han dirigido a la Fiscalía, reclamando que se cambie el Código Penal y se repongan los derechos fundamentales que, a su juicio, "se están socavando".

Durante las concentraciones, los sindicatos han entregado un escrito en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en el que denuncian que, en total, son 81 los procedimientos abiertos, en su mayor parte relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en 2010 como en 2012.

Lara defiende el derecho de huelga en el Congreso

En la sesión de control en el Pleno del Congreso, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha preguntado al presidente del Gobierno acerca de su posición con relación a la "petición de la Fiscalía de 120 años de cárcel para sindicalistas y trabajadores que ejercieron su derecho de huelga frente a las reformas laborales".

Lara ha recordado que solo las penas de ocho sindicalistas de Airbus suman 64 años de prisión. El líder de La Izquierda Plural ha criticado que se intente "silenciar a los sindicatos de clase" que se movilizan frente a los "atropellos" de la reforma laboral, que incluyen -según Lara- "indemnizaciones miserables, salarios bajos y que tener un contrato ya no sea garantía de una mínima calidad de vida".

Lara defiende el derecho de huelga y Rajoy le dice que respeta la ley

Mariano Rajoy ha apuntado que él no puede pedir al Ministerio Fiscal ni a los jueces que modifiquen sus peticiones o resoluciones en casos de imputación a sindicalistas por participar en piquetes informativos, y ha recomendado a Lara, que proponga una modificación del código penal vigente si no le gusta. "Yo respeto a la Fiscalía y a los tribunales", ha dicho el presidente.

A renglón seguido, ha reconocido que su único margen de maniobra en este tema es "promover que se modifique una ley y se traiga" al Congreso, algo que tampoco puede hacer unilateralmente porque cuenta "con un voto". "Igual que usted", ha espetado al líder de la coalición de izquierdas.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al ser preguntado por el socialista Antonio Trevín por este mismo asunto, ha negado que se hayan dado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nuevas órdenes para actuar en este tipo de situaciones.

El diputado socialista ha lamentado que entre 2011 y 2012 las multas en España hayan subido un 500% -y hasta un 900% en Madrid, donde en 2011 se pasó de 57 a 516, registrándose más que en el resto del país-, y que en los últimos dos ejercicios se haya sancionado a 3.200 ciudadanos, a los que se reclama "más de medio millón de euros", además de hasta 120 años de prisión en los casos de los sindicalistas.

Gallardón estudia las peticiones de indulto

El ministro de Justicia ha afirmado que ya ha iniciado el proceso correspondiente para estudiar las peticiones de indulto presentadas por CCOO y UGT para seis sindicalistas condenados a penas de 3 años y un día por delitos contra los derechos de los trabajadores en Vigo, Pontevedra y Granada.

Pero antes de tomar una decisión, Ruiz-Gallardón puntualiza que primero el Ministerio necesita disponer de "los informes de la sala que los condenó y el del ministerio fiscal que les acusó". A partir de ese momento, el Departamento decidirá si concede o no el indulto en un plazo máximo de tres meses.

El su reunión con los sindicatos, Ruiz-Gallardón se comprometió a estudiar estos casos "y alguno que se pudiera producir en el futuro" si bien ha dejado claro que el derecho de gracia exige un estudio individual y la política de indultos no puede contemplarse con carácter general "porque no lo permite la Constitución".