Huelga de funcionarios de 24 horas contra 11.000 despidos en el sector público de Grecia

• Se someterán a un proceso de evaluación para trasladarlos o despedirlos
• Al menos un 15% de los empleados públicos tienen que sacar mala nota

Protesta de funcionarios en Tesalónica.

El sindicato de funcionarios griegos ADEDY celebra una huelga de 24 horas en protesta contra la decisión del Gobierno de someterlos a un proceso de evaluación tras el cual pueden ser trasladados a otros puestos de trabajo o despedidos.

Debido al paro, los hospitales solo ofrecen servicios mínimos y están cerradas todas las dependencias de la administración pública.

A la huelga se ha sumado también el personal penitenciario de la cárcel de Korydalós, la más grande del país, aunque su sindicato ha precisado que no se interrumpirán los traslados de detenidos a los juzgados ni las puestas en libertad.

Los funcionarios de ADEDY protestan contra la ley, según la cual cada empleado público debe ser evaluado por sus superiores en el relación con su formación, el conocimiento de su puesto de trabajo, su eficacia y creatividad, su capacidad de toma de decisiones y su atención a los ciudadanos.

El procedimiento prevé una amplia criba, pues contempla que un 15% de los funcionarios de cada sector debe obtener una calificación baja y que no puede haber más de un 25% de empleados con notas sobresalientes.

Los que reciban una nota insuficiente podrán ser trasladados a otro puesto de trabajo o entrar en el esquema de reserva laboral. Los funcionarios incluidos en este plan perciben el 75% de su salario durante ocho meses, tras los cuales son trasladados a otro puesto de la Administración o definitivamente despedidos.

Despido de 11.000 funcionarios

Este año está previsto el despido de 11.000 funcionarios, la mayoría de los cuales se encuentran en la reserva laboral.

ADEDY ha rechazado esta medida y ha instado a los funcionarios a no aceptar su participación en el programa de evaluación, lo que ha provocado retrasos en su puesta en funcionamiento. "No estamos en contra de la evaluación de los funcionarios, pero no aceptamos estas cuotas que son injustas", ha declarado el portavoz sindical, Hermís Kasés.

El Gobierno presentó un recurso judicial contra la negativa de los funcionarios a ser evaluados y pidió que se declarase ilegal. Esta ley forma, aprobada en marzo, forma parte de las reformas impuestas por la troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo) a cambio del rescate.

Según datos del ministerio de Reforma Administrativa, Grecia ha reducido su plantilla de trabajadores públicos en unas 200.000 personas desde 2009 y ha disminuido el coste salarial del sector en 8.000 millones de euros anuales.