La ley de Seguridad Ciudadana limita cacheos e identificaciones y reduce el número de faltas

• El texto prohíbe las identificaciones policiales por razones étnicas
• Limita a seis horas el tiempo en comisaría para un identificación
• Tiene en cuenta en la sanción la capacidad económica del infractor
• Incorpora sugerencias de organismos y entidades sociales

El Consejo de Ministros aprueba la reforma de la ley de seguridad ciudadana

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la legislación vigente de 1992 -la llamada 'ley Corcuera'-, y que el Gobierno ha remitido a las Cortes para su aprobación tras pasar por el dictamen de varios ministerios, organismos y entidades sociales.

Un texto suavizado respecto al anteproyecto de ley presentado en noviembre de 2013, que contempla un menor número de sanciones, la prohibición de identificaciones por razones étnicas, la regulación de los cacheos y el plazo máximo de seis horas para las identificaciones en comisaría, según ha anunciado este viernes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Entre las principales novedades, la ley reduce el número de infracciones que contemplaba el anteproyecto. Así, de las siete faltas muy graves, 31 graves y 20 leves previstas inicialmente, el proyecto de ley contempla cuatro infracciones graves, 26 graves y 17 leves.

El Gobierno mantiene la cuantía de estas sanciones, uno de los asuntos más polémicos, ya que la ley prevé multas de entre 30.001 y 600.000 euros para las infracciones graves, de entre 30.000 y 1.000 euros para las graves y de 100 a 1.000 euros para las leves.

Aunque según ha señalado Fernández Díaz, tanto las faltas graves como las muy graves tendrán además una graduación -mínima, media y máxima-, de modo que "siempre se sancionará con grado mínimo, salvo en casos de especial gravedad", ha indicado el ministro. Además, se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor a la hora de imponer la sanción.

Fernández Díaz ha aclarado que el nuevo texto no modifica "para nada" la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos.

Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Dentro de los hechos contemplados como muy graves se incluye la utilización indebida de punteros láser, sobre todo cuando se perturbe la labor de pilotos de avión o conductores de ferrocarriles y vehículos de transporte por carreteras.

Prohíbe identificaciones por razones étnicas

Otro de los aspectos novedosos de la ley es que, por primera vez, regula las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, aunque Fernández Díaz ha recordado que circulares policiales ya impedían estas prácticas. Según el titular de Interior, la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar "los principios de no discriminación y proporcionalidad".

Además, establece que el tiempo máximo de traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no podrá superar las seis horas, una diligencia que solo se practicará cuando no sea posible la identificación por medios físicos o telemáticos y "siempre por el tiempo estrictamente necesario", ha asegurado el titular de Interior.

El texto también regula los registros corporales externos, los llamados cacheos, que se someterán " a los principios de no discriminación o injerencia mínima", según Fernández Díaz.

Incorporación de sugerencias

El texto ha pasado por el dictamen de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, que han realizado aportaciones, antes de su tramitación parlamentaria.

Con estas observaciones, además de algunas de la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades sociales como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, el nuevo texto cuenta ahora, en palabras del ministro, "con mayor calidad jurídica", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje" en la Constitución.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado la incorporación de sugerencias de esas entidades y ha subrayado que el texto está en consonancia con la reforma del Código Penal, de tal manera que algunos delitos y faltas han pasado a tener una sanción menor de naturaleza administrativa.