Partidos políticos, ONG y plataformas ciudadanas rechazan la Ley de Seguridad Ciudadana

• La plataforma "No somos delito" convoca una manifestación por la tarde en Madrid
• Amnistía Internacional e Intermon Oxfam no ven justificada la ley

Partidos políticos, asociaciones profesionales, ONG y plataformas ciudadanas han mostrado su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, que consideran puede afectar a derechos y libertades de los ciudadanos.

El PSOE considera que supone volver al "viejo orden público franquista", mientras que IU advierte de un "camino peligroso" que puede situar a España en a "peor calidad democrática".

Mientras, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional e Intermón Oxfam consideran que la ley no está justificada, y la plataforma ciudadana ha convocado una protesta en contra en Madrid para denunciar que la ley "cercena" los derechos y libertades.

IU denuncia un "camino peligroso"

El portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, considera que norma aprobada supone volver al "viejo orden público franquista" y pone en evidencia que la regeneración democrática que promete el presidente Mariano Rajoy sólo es un "brindis al Sol".

Trevín ha criticado el "abuso" que ya está haciendo el Gobierno en las detenciones y las multas a manifestantes, y ha augurado que la nueva ley "traerá más multas a manifestantes pacíficos y a trabajadores que ejerzan su derecho a la huelga y a los sindicalistas que las organizan".

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, ha criticado la ley con la que, asegura, "vamos por un camino peligroso" porque el Gobierno quiere dejar "fuera de la ley al disidente".

Para Centella, el Gobierno busca "aumentar su carácter autoritario, criminalizar la protesta y situar fuera de la ley al disidente, al que critique", y en caso de hacerse realidad, esta ley "situaría a España en la peor calidad democrática de su historia desde el año 77".

El PNV estará "vigilante"

Mientras, el portavoz de Interior del PNV, Emilio Olabarria, ha advertido que su formación estará "vigilante" para garantizar el "pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas" de los ciudadanos.

El diputado vasco ha indicado que el texto conocido hasta el momento "relativizaba peligrosamente aspectos fundamentales del sistema de derechos y libertades públicas del Estado español". Es por ello que la formación vasca, advirtió el diputado, estará "vigilante para garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y ciudadanas".

Mientras, el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha sostenido que el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado por el Consejo de Ministros es la herramienta del PP "para imponer sus políticas antisociales".

En un comunicado, ha asegurado que "los recortes en derechos laborales y sociales y el autoritarismo del PP van cogidos de la mano", y ha defendido que es necesario rescatar la democracia para poder recuperar estos derechos.

La coalición vasca Amaiur ha señalado que con esta ley el PP quiere "legalizar el estado de excepción". "Dicha ley no es más que la legalización del estado de excepción que el ejecutivo de Rajoy, de manera encubierta, impuso cuando llegó al poder", señala en un comunicado.

Amnistía e Intermón no ven justificada la ley

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional e Intermón Oxfam consideran que en la actualidad no existe un problema de seguridad ciudadana que justifique la necesidad de incorporar legislación que intente parar la protesta o restringir de alguna manera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Las entidades muestran su preocupación por el hecho de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no haya mencionado o no haya incluido aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas".

Además, critican que tampoco se ha hecho mención al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas.

Por otra parte, tanto Amnistía como Oxfam consideran positivo que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz haya declarado que el proyecto aprobado incluye de manera expresa el principio de no discriminación y el principio de proporcionalidad en las identificaciones por parte de la policía, o la obligación de entregar un boletín de información a las personas que vayan a estar retenidas más de seis horas con los motivos de la misma.

Ley que cercena "gravemente" los derechos y libertades

También ha plataforma ciudadana "No somos delito" ha reaccionado manifestando su "más rotundo rechazo" a la ley aprobada y ha convocado una concentración en la Plaza de Colón de Madrid por la tarde para expresar su protesta.

La plataforma, a la que se han adherido más de 70 organizaciones sociales, considera que la ley cercena "gravemente" el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos que contemplan la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Consideran que la norma es "innecesaria" y que está motivada por criterios "claramente políticos, de carácter partidista e incluso particulares".

El Sindicato Unificado de Policía no ve ningún beneficio

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Javier Estévez, considera que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no aporta beneficios ni para los ciudadanos ni para los policías.

En declaraciones a Efe, Estévez ha reconocido la necesidad de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero ha opinado que no se están haciendo los cambios adecuados desde el Gobierno.

El representante del SUP ha estimado que es una ley "indeterminada" e "inconcreta", que habla de "perturbación", "no discriminación" o "injerencia mínima", unos conceptos que ya existen con otras palabras dentro de la Constitución, por lo que "no aporta nada nuevo".

Para Estévez, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no supone beneficios ni para los policías, porque genera indefensión a los agentes en su trabajo, ni para los ciudadanos, por la falta de garantías para defenderse.

En cuanto al tiempo máximo de seis horas para la identificación de personas en dependencias policiales, el portavoz del SUP ha dicho que no conoce a nadie que haya estado en Comisaría seis horas para una identificación policial porque supondría un expediente para el policía.

Las asociaciones de jueces la ven "inquietante" e "innecesaria"

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) afirmó este viernes que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone "un inquietante ataque" al sistema español de derechos fundamentales y acusa al Gobierno de crear "un instrumento para acallar las críticas sociales".

En un comunicado, JpD señala que esta ley "innecesaria" no está justificada por la realidad social, ya que "la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes".

JpD critica que se mantienen preceptos que generan dudas de constitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos. Y, especialmente, se mantiene "todo un listado de sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión, que son castigados con unas cuantías económicas desorbitadas".

Mientras, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha considerado "innecesaria" la Ley de Seguridad Ciudadana porque, en su opinión, "sirve para poner freno a los derechos de reunión y manifestación".

Si cualquier ciudadano que presencia excesos o abusos de poder no puede grabar imágenes, cómo podrá aportar pruebas para poder defenderse ante alguna actuación de este tipo, se ha preguntado Dolado.

En el caso de "desviaciones de poder" y "excesos administrativos", una vez agotada la vía administrativa, los ciudadanos se verán obligados a acudir a lo contencioso-administrativo, donde tendrán la "traba" de las tasas judiciales, las costas y las pruebas, donde la grabación de imágenes puede ser importante.

Frente a las críticas, el PP, ha defendido el proyecto de ley aprobado este viernes como "una garantía para la tranquilidad cotidiana de nuestras calles" que "sanciona menos y mejor" y sin dejar de proteger el derecho a la manifestación.

En un comunicado, el diputado popular Conrado Escobar valora el proyecto de ley como una norma que "ofrece el mejor marco posible para el ejercicio pacífico de nuestras libertades básicas".