Las impugnaciones de acuerdos de refinanciación de empresas deberán resolverse en un mes

• La ley pretende agilizar el preconcurso y facilitar la supervivencia empresarial
• El Congreso aprueba el texto solo con la abstención de La Izquierda Plural

Las impugnaciones que los acreedores presenten a acuerdos de refinanciación de empresas, homologados judicialmente, deberán resolverse como máximo en 30 días para agilizar la fase de preconcurso y facilitar la supervivencia de más compañías.

Así lo recoge el proyecto de ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que este martes ha aprobado la Comisión de Economía del Congreso con el apoyo de PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV, y la abstención de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

El proyecto de ley, que ahora será tramitado en el Senado, ha incorporado finalmente ocho enmiendas transaccionadas a partir de propuestas de PSOE, CiU y la Izquierda Plural, que ha colocado una enmienda en sus términos literales. Asimismo, se ha incorporado la docena de cambios registrados por el PP.

A propuesta de los nacionalistas catalanes, se ha acotado a un mes el plazo máximo con que cuenta el juez para dictar sentencia respecto de las impugnaciones a acuerdos de refinanciación que presenten los acreedores de pasivos financieros que estuvieran disconformes o no hubieran suscrito el pacto.

También se precisa que los acreedores que no hubieran suscrito un acuerdo respaldado por los titulares de al menos el 75% del pasivo financiero podrán optar no sólo a una quita, sino también a la conversión de deuda en capital.

Los créditos laborales no tendrán prelación de cobro

No obstante, se saca del cómputo de acreedores a los titulares de créditos laborales, como ya sucedía con los acreedores por operaciones comerciales o de derecho público, a efectos de calcular las mayorías necesarias para homologar judicialmente un acuerdo de refinanciación.

Finalmente no se ha incluido ninguna de las previsiones que reclamaba IU-ICV para garantizar que estos créditos laborales tuvieran prelación de cobro, en igualdad de condiciones que las deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Además, para poder acogerse a la nueva regulación del régimen preconcursal en los casos que ya están en marcha, las partes deberán optar "expresamente" por ello en el acuerdo. Si no, se les aplicará el régimen vigente actualmente.

Conservar los activos necesarios para seguir la actividad

Por otra parte, se ha acordado con la Izquierda Plural un cambio en la ley concursal para incluir expresamente que no podrán iniciarse ejecuciones ni judiciales ni extrajudiciales sobre bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad del deudor en el plazo desde que se comunica el inicio de las negociaciones y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación.

Sin embargo, sí que podrán recuperase bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contrato, resolverse ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado y recuperar bienes cedidos en arrendamiento financiero.

El PP ha pactado con el PSOE una enmienda transaccional para pedir al Gobierno que impulse un código de buenas prácticas similar al que ya existe para los deudores hipotecarios, en virtud del cual las entidades financieras firmantes deban ofrecer a pymes y autónomos "altamente endeudados pero viables" una reestructuración o refinanciación de la deuda empresarial.

Además con las enmiendas del PP se endurecen los requisitos para ejercer de administración concursal, para lo cual habrá que estar inscrito en el Registro Público Concursal y se abre la puerta a la posibilidad de exigir la realización de pruebas o cursos específicos. En el caso de concursos de tamaño medio y grande, el juez podrá saltarse el turno rotativo y designar un administrador concreto.