Alaya amplía la investigación de los ERE a ayudas concedidas por la Junta en 2011 y 2012

• Hasta ahora la investigación se desarrollaba entre los años 1999 y 2010
• Alaya imputa al exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro
• Cita el 23 de julio al exsecretario general de UGT-A Fernández Sevilla

La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo.

La juez Mercedes Alaya que investiga el caso de los ERE irregulares supuestamente gestionados por la Junta de Andalucía ha ampliado la investigación del caso a las ayudas concedidas por el gobierno autonómico durante los años 2011 y 2012, según un auto notificado este miércoles a las partes, en el que también cita a declarar como imputado al exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro.

Así, según el auto, dictado con fecha del 15 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación que hasta ahora se desarrollaba entre los años 1999 y 2010, se amplía a esos dos ejercicios.

En concreto, la magistrada requiere a la Junta que le remita en el plazo de dos días las ayudas concedidas, las resoluciones por las que se otorgaban y su importe, durante 2011 y 2012, "siendo necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012" con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo.

La instructora cita a declarar el día 23 del presente mes de julio tanto a este ex alto cargo como al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, cuya comparecencia estaba prevista para este martes, siendo finalmente suspendida porque el imputado no había recibido la citación.

Imputación del exviceconsejero de Economía y Hacienda

En el mismo auto, y en relación a la imputación del exviceconsejero de Economía y Hacienda, la juez pone de manifiesto que José de Haro, que ejerció ese cargo desde abril de 2009, sucedió como secretario general de Hacienda a Antonio Estepa, también imputado en la causa, en abril de 2004, desempeñándolo hasta el mismo mes de 2009.

Como secretario general de Hacienda, asegura la magistrada,"estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán", por entonces consejero de Economía y Hacienda, y "le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía".

Según indica la juez, tendría una "activa participación" en el "uso inadecuado" de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo.

De Haro conocería, según señala la juez, "el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible".

El exviceconsejero "tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010", señala el auto. En dicho presupuesto, según señala la juez, "desaparecieron las transferencias de financiación" de los estados de gastos, pero se establecía como prioridad dar "continuidad del sistema de transferencia a IDEA" para la cobertura de compromisos adquiridos sobre ERE, planes de jubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, según un concierto vigente desde 2001.

Según la instructora, lo anterior "determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable".

La juez cita a declarar al nuevo exalto cargo imputado el próximo día 23 de julio, mismo día que cita a declarar al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por las ayudas concedidas a Altadis, todo ello después de que su citación prevista para este martes fuera suspendida porque no había recibido la notificación para declarar.

"Imposible" localizar los domicilios de seis imputados

Asimismo, cita a declarar el próximo día 23 de julio a otras dos personas que ya estaban imputadas en la causa, como son Cristina Ruiz Castillo, gerente de Promi, y al exsecretario general de Empleo Rafael Herrera Gil, a quien cita después de que el informe médico forense realizado haya considerado "que se encuentra capacitado físicamente para declarar ante este Juzgado".

Por último, la juez da cuenta de que "ha sido imposible localizar los domicilios" de hasta seis imputados que estaban citados a declarar a lo largo de esta semana, "pues se carece de datos de identidad para poder consultar en las bases de datos del padrón de habitantes, bien porque no consta el DNI relativo a los mismos, bien por estar incompleta su identidad".

Por ello, libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que "practique diligencias encaminadas a identificar e informar al Juzgado de los domicilios" de la sindicalista de UGT Blanca Uruñuela; del sindicalista de CCOO Antonio Perianes; y de cuatro imputados relacionados con A Novo Comlink, como son el presidente del consejo de administración, Gilbert Weill; el consejero delegado, Carlos Castiñeiras; José F. Pardo Fernández, alto directivo de A-Novo, consejero y representante e "interlocutor" de la empresa con la Consejería de Empleo, y Manuel Jiménez de Miguel, directivo de la empresa.

Mientras, los sindicalistas de CC.OO. Antonio Perianes y Francisco Figueroa, imputados en el caso de los ERE, no han acudido a declarar este miércoles ante la juez Mercedes Alaya porque al no haber recibido la citación judicial.

Fuentes judiciales han confirmado a los periodistas que a ambos sindicalistas les ha ocurrido igual que a los imputados de la UGT cuya declaración estaba prevista para este martes y que tampoco lo hicieron porque no les había llegado la citación judicial.

El Juzgado de Mercedes Alaya también ha decretado este miércoles el embargo de un turismo propiedad de la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 2.053.716,44 euros que le impuso la juez "por imperativo legal", ya que fue la propia Audiencia la que ordenó a Mercedes Alaya imponer una fianza civil a la imputada.