La Sindicatura de Cuentas catalana desvela irregularidades en el Fórum Barcelona 2004
- Se produjeron en contrataciones, retribuciones y selección de patrocinadores
- Concluye que el bajo control se tradujo en un sobrecoste de 25 millones
La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat ha desvelado la existencia de múltiples irregularidades en el Fórum de las Culturas Barcelona 2004 en ámbitos como la contratación de personal, el pago de sueldos y gratificaciones y la selección de patrocinadores, además de subrayar fallos de planificación.
Estas irregularidades aparecen descritas en los dos informes de fiscalización solicitados por el Parlament a ese tribunal de cuentas catalán en relación con este acontecimiento, y en los que se constata que costó 240 millones de euros a las arcas públicas, lo que supone un sobrecoste de 25 millones sobre los cálculos oficiales.
Exceso de contrataciones temporales
Los informes se centran en el consorcio organizador del Fórum- en el que participaban a partes iguales el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- y la Sociedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, un ente encargado de preparar y ejecutar todas las actividades desde que se fundó en 1999 hasta su liquidación (acordada en 2005 pero todavía no concluida).
Los informes del evento celebrado en Barcelona del 9 de mayo al 26 de septiembre del 2004 se han hecho públicos este miércoles y apuntan a que la selección de los patrocinadores del evento "no se ajustó al procedimiento público establecido por la normativa" y que, en algún caso, "se les otorgó ciertos privilegios en cuanto a la prestación de servicios".
Además, la Sociedad Fórum Universal estableció procedimientos de contratación que no garantizan los principios de publicidad y concurrencia exigidos, ya que el personal se contrató muchas veces a través de empresas de trabajo temporal (ETT) con la justificación de urgencia.
También se especifica en los informes que se produjeron "incumplimientos de la legislación" en cuanto a incrementos retributivos y gratificaciones pagadas al personal y los directivos, que ascienden como mínimo a más de 5,8 millones que la Sindicatura no ve justificados.
Un sobrecoste de 25 millones de euros
La Sindicatura también ha constatado "falta de planificación de las necesidades reales" del acontecimiento y bajo control de las actividades de los contratistas, por lo que las cuentas del evento reflejaron múltiples sobrecostes millonarios, especialmente, en obras de infraestructuras y en las grandes conferencias, exposiciones y espectáculos.
Así, el informe de la Sindicatura desglosa 220,8 millones de aportaciones de las administraciones para financiar el Fórum, de los que 73 millones correspondieron al Ayuntamiento de Barcelona; 73,4 millones, a la Generalitat, y los restantes 74,4 millones, al Estado.
En el apartado de ingresos, los socios y patrocinadores contribuyeron con 88,8 millones al evento entre aportaciones dinerarias y no dinerarias, por lo que fueron la segunda fuente de financiación del Fórum por detrás de las administraciones públicas.
Además, la Generalitat otorgó cuatro préstamos a la Sociedad del Fórum a través del Institut Català de Finances (ICF) por un importe global de 20 millones entre 2001 y 2004 y con vencimiento a diez años, por lo que el último todavía no ha llegado a su fecha límite, que se cumple el próximo noviembre.
Beneficios a patrocinios y menos de la mitad de visitantes previstos
La Sindicatura también ha estimado que los proveedores, socios y patrocinadores del acontecimiento obtuvieron unos beneficios fiscales en la cuota del Impuesto de Sociedades por valor de 165,4 millones de euros.
La venta de entradas supuso unos ingresos de 26,6 millones, muy por debajo de los 61,9 millones previstos en el presupuesto, debido a la menor afluencia de público respecto a la estimada (3,32 millones de visitas frente a los 5 millones marcados como objetivo).
La Sindicatura ha señalado que la fecha de inicio de los trabajos de fiscalización se inició en julio de 2011, siete años después del Forum de las Culturas y 13 años después del inicio de su preparación en 1998, lo que ha supuesto "limitaciones" por la falta de interlocutores y de documentación.