El Parlamento Europeo reclama que la garantía juvenil se amplíe hasta los 30 años

• Los eurodiputados piden que se aseguren "salarios dignos para los jóvenes"
• Solicitan "sistemas rompehielos" con contratos de seis a doce meses

Votación en el Parlamento Europeo.

El pleno del Parlamento Europeo reclama a la Comisión Europea que amplíe la edad de aplicación de la garantía juvenil, la principal herramienta impulsada por la UE para atajar el paro juvenil, hasta los 30 años.

Los eurodiputados han aprobado por amplia mayoría una resolución en que piden al Ejecutivo comunitario que introduzca normas mínimas para la garantía juvenil -ahora responsabilidad última de los Gobiernos- para asegurar que se cumplen criterios como "salarios dignos para los jóvenes".

Asimismo, piden que la iniciativa "también abarque a los jóvenes de edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, en caso de que los Estados miembros no respeten las recomendaciones sobre garantías juveniles".

Abogan también porque los Estados miembros "establezcan o mejoren los sistemas de educación y de formación profesional" y sugirieron que se recurra, a escala europea, a "sistemas rompehielos" que permitan a jóvenes titulados adquirir experiencia profesional gracias a empresas que los contraten durante períodos de entre seis y doce meses.

“Inversiones sólidas en educación y formación“

Más allá, reclaman que dado que se prevén unos cambios rápidos en los mercados laborales, "se imponen más que nunca unas inversiones sólidas en educación y formación".

Por otro lado, los eurodiputados reconocen en el informe "el papel de la familia como sistema de apoyo efectivo para los jóvenes afectados por el desempleo, la pobreza y la exclusión social". En el debate previo a la resolución, eurodiputados del PSOE, IU, ICV y Podemos criticaron la aplicación por parte del Gobierno de la garantía juvenil europea.

La garantía juvenil, con alrededor de 6.400 millones de euros de presupuesto, 1.800 para España por ser el país con el segundo peor dato de paro juvenil (más de la mitad de los jóvenes, solo por detrás de Grecia), prevé que tras cuatro meses de inactividad los menores de 25 años deban recibir una oferta formativa o laboral.