UGT pagaba casi el 100% de sus gastos internos con las subvenciones que recibía de la Junta

• Así lo ha declarado un ex trabajador del departamento de Contabilidad del sindicato
• El Extesorero dice que ex secretarios generales conocían los descuentos
• El juez ha levantado el secreto del sumario del caso

UGT diseñó una estructura empresarial para el desvío de fondos públicos

El sindicato UGT en Andalaucía pagaba casi el 100% de sus gastos de personal y estructurales con las subvenciones que recibía de la Junta para formación, según uno de los testigos que ha declarado por el caso de las facturas falsas.

El testigo, José Miguel G.R., ex trabajador en el departamento de Contabilidad de UGT en Andalucía, declaró a la Guardia Civil que el 100% los gastos de estructura, tales como agua o luz y casi el 100% de los gastos de personal quedaron cargados a distintos programas de formación ocupacional y formación continua.

En concreto, según el testigo, el 40% de los gastos de estructura eran cargados a subvenciones de formación ocupacional, otro 40% a formación continua y el 20% restante a otros programas, en un porcentaje que era siempre fijado por el extesorero de UGT-A Federico Fresneda, ya imputado por el juez.

Estos datos se han conocido este jueves, al levantarse el secreto del sumario que mantiene abierto el juez de instrucción 9 de Sevilla y por el que en junio pasado tomó declaración a tres sindicalistas y trece empresarios imputados por emitir facturas falsas para UGT.

Francisco M.A., empleado en el departamento de Contabilidad, afirmó a la Guardia Civil que UGT obligaba a sus proveedores a hacer unos descuentos "que no revertían a favor de la subvención recibida, sino que iban directamente a enriquecer a la organización".

Con el dinero así conseguido se formaba un bote cuyo volumen "fue tal que escandalizaba a todo el mundo" y "los propios trabajadores comentaban entre ellos que esta práctica no podía continuar y que iba a explotar", según la declaración a la que ha tenido acceso Efe.

El porcentaje de este descuento, conocido como "rappel", era de entre el 3% y el 15%, dependiendo del proveedor y "del criterio de Fresneda en cada momento", según este testimonio.

La cúpula conocía los descuentos

Por su parte, Fresneda declaró al juez que los ex secretarios regionales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla conocían el llamado "rappel" o descuento que los suministradores hacían al sindicato y que no se reflejaba en las facturas que presentaban a la Junta.

Según el texto de su declaración, Fresneda declaró al juez que quien decidía las empresas que debían pagar ese "rappel" era la Comisión Ejecutiva, cuyos 15 integrantes conocían su existencia y también la aplicación informática llamada Spyro, con la que se gestionaba el bote obtenido.

El "rappel", dijo Fresneda en su declaración del 26 de junio, solía ser del 4% y no del 20% como afirmaron al juez que investiga las facturas falsas los representantes de las empresas Chavsa y Caronte o del 13 por ciento en que lo fijó el contable de la empresa madrileña Siosa.

El "rappel", explicó Fresneda, se cobraba anualmente y se prorrateaba entre las diferentes federaciones que habían hecho el pedido.

En el atestado en que se basó la imputación, la Guardia Civil sostiene que el sindicato había ideado un "artificio" con el cual las subvenciones de la Junta destinadas a formación eran desviadas a "actividades regulares de UGT como organización sindical" ya que el descuento obtenido "no se comunicaba a la Administración".

Además, la UCO da cuenta de un "mecanismo para burlar la Ley de Subvenciones" pues "por adquisiciones de más de 15.000 euros, siempre se acudía a un mismo proveedor para que éste buscase y presentase presupuestos de mayor cuantía para, de este modo, justificar que se acudiese siempre a determinados proveedores".

Facturas por servicios no realizados

Según Fresneda, fue Manuel Pastrana (secretario general entre 1998 y 2013) quien decidió crear la Central de Compras para canalizar los pedidos de UGT y obtener mejores presupuestos.

El testigo Roberto Alejandro M.C. declaró por su parte que entró en el departamento de compras de UGT-A en el año 2006 y ya entonces existían unas hojas de cálculo en las que se recogían unos saldos generados por determinados proveedores "de confianza" emitían facturas por servicios "realmente no realizados".

También existían facturas "que eran infladas artificialmente o eran directamente ficticias" y que luego eran utilizadas por el sindicato para justificar determinadas subvenciones, según el testigo.

Precisó que con el "bote" generado por estos fondos, UGT afrontaba gastos "no justificables" como la organización de manifestaciones, los viajes del secretario general "o incluso habitaciones para Cándido Méndez", el líder nacional de UGT.

Este testigo aseguró a la Guardia Civil que una empresa llegó a tener en el año 2012 un saldo a favor de UGT de 120.000 euros y otra de 90.000 euros.