Anticorrupción pide una fianza de 296.000 euros para el ex secretario general de UGT-A

• Se niega a declarar al no garantizarse sus derechos como imputado en los ERE
• Tampoco declara un sindicalista de CC.OO. al considerar que falta documentación

El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, en rueda de prensa.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros para Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de la UGT en Andalucía imputado en el caso de los ERE irregulares supuestamente gestionados por la Junta de Andalucía, en concreto, con responsabilidad subsidiaria de su sindicato.

Fernández Sevilla se ha acogido a su derecho a no declarar por vulneración de sus derechos constitucionales, ya que a su juicio no se ha aportado a la causa toda la documentación contra él ni se le han clarificado los hechos que se le imputan.

Como secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía, Fernández Sevilla se limitó a firmar un acuerdo de bases sobre el ERE de Altadis, ha explicado el interesado a los periodistas.

Fernández Sevilla no declara por no garantizarse sus derechos

Por ello, según Fernández Sevilla, ha dicho a la juez Mercedes Alaya que le gustaría acogerse a su "derecho a declarar", pero no puede hacerlo porque no se le garantizan la totalidad de sus derechos como imputado.

Fernández Sevilla ha afirmado a los periodistas que "no tiene nada que ocultar" pero ha lamentado que a la causa aún no se haya aportado el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis de forma que pueda estudiarlo con su abogado antes de declarar.

Con ocasión de este ERE, acordado en 2005, Fernández Sevilla era secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT-A y luego fue el secretario general andaluz hasta que dimitió en noviembre de 2013 por el caso de las presuntas facturas falsas presentadas por su sindicato a la Junta para justificar fondos de formación, un asunto sobre el que hoy se ha negado a declarar a la prensa.

Su abogado, Miguel García Diéguez, se ha lamentado de haber conocido el auto que imputa a su cliente minutos antes de entrar al despacho de Alaya, y a continuación ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con la juez sobre los hechos de los que deseaba dejar constancia en el acta de la comparecencia, según han informado a Efe abogados presentes en el acto.

Documentación que aún no se ha incorporado a la causa

Alaya, en cambio, le ha indicado que presente por escrito las manifestaciones que desee hacer. Esa ha sido la actitud del segundo sindicalista citado este miércoles, Antonio Perianes, miembro de CC.OO. y también firmante del acuerdo de Altadis, para quien la Fiscalía ha solicitado la misma fianza de responsabilidad civil.

En un escrito entregado a Alaya, Perianes mantiene que hay numerosa documentación que aún no se ha incorporado a la causa y que es "de importancia a la hora de fundamentar cualquier responsabilidad" como el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis, parte de los informes de la Dirección General de Seguros y otras diligencias ya acordadas.

La incorporación a las actuaciones de dichos documentos "es imprescindible para argumentar la defensa", por lo que el abogado de Perianes pidió a Alaya que suspendiese la declaración "a fin de garantizar el correcto ejercicio del derecho a la defensa".

Al no haber sido así, el sindicalista se ha acogido a su derecho a no declarar "por estrictas razones de carácter procesal, en el entendimiento que una vez se tenga plenamente cumplimentado e incorporados todos los informes requeridos" pedirá comparecer voluntariamente, según el escrito.