Alaya impone una fianza de 8,7 millones a los seis hijos de Ruiz Mateos por los ERE fraudulentos

• Un auto recoge que la familia Ruiz Mateos pagó 600.000 euros por expediente
• Se pagaron en entregas quincenales de dinero negro y en billetes de 500
• La juez pide al fiscal que informe sobre el tribunal competente para aforados

La juez Mercedes Alaya a su llegada al Juzgado de Sevilla

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto este viernes una fianza de 8.783.898 euros a los seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos por los cinco expedientes que su grupo empresarial en Andalucía tramitó a la Junta de Andalucía a través del conseguidor Juan Lanzas.

En un auto, la juez recoge que la familia Ruiz Mateos pagó 600.000 euros a Lanzas por cada uno de los expedientes de regulación de empleo en los que medió. Además, le pagaron en dinero negro, en entregas quincenales de 20.000 o 25.000 euros y en billetes de 500.

La fianza civil se impone de manera solidaria entre los hijos: Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz Mateos Rivero. En la causa aún no ha declarado, por problemas de salud, el padre de los seis imputados, José María Ruiz Mateos.

De cada una de las ayudas responderán de manera subsidiaria las empresas Zoilo Ruiz Mateos, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes.

Unos ERE "para abaratar costes laborales"

Según la juez, desde que compraron en 2003 el Hotel Cervantes, los imputados junto con su padre "se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretendían, con evidente ánimo de lucro, la financiación de la Junta de Andalucía".

La Junta pagó, con cargo al programa 31 L., 1.100.000 euros a la empresa Zoilo Ruiz Mateos, 10.594.159 a Dhul, 3.807.300 euros a Complejo Bodeguero Bellavista y 6.485.785 al Hotel Cervantes de Torremolinos.

Respecto a este último centro de trabajo, los hermanos Pablo, Álvaro, Francisco Javier, Zoilo, José María y Alfonso "conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas de dos personas ajenas al hotel, que fueron contratadas pocos meses antes de solicitar el ERE" y que eran antiguos trabajadores de otras sociedades del grupo Rumasa.

El auto precisa que Pablo Ruiz Mateos era responsable de la división hotelera de Nueva Rumasa, Francisco Javier era el responsable financiero, Zoilo colaboraba en la dirección de las empresas y Álvaro era administrador solidario de Dhul.

José María Ruiz Mateos Rivero, por su parte, era el consejero delegado y quien daba "instrucciones directas" sobre lo que se tenía que hacer en cada una de las empresas del grupo, mientras que Alfonso fue nombrado consejero delegado tras la compra del Hotel Cervantes.

El caso de la empresa Dhul

ERE fue aprobado en Dhul en mayo de 2002 cuando el director general de Trabajo era Francisco Javier Guerrero, ya imputado, y el consiguiente convenio de colaboración preveía unas ayudas de 7.605.282 euros, "sin que en dicho expediente se hubiera presentado solicitud formal de ayuda sociolaboral", dice Alaya.

La cuantía de dicho expediente fue ampliada "sin justificación alguna, a instancias de Dhul y a costa de la Junta de Andalucía, en 2.399.785 euros", añade.

Esta cantidad, que supuestamente respondía a un coste adicional de las prejubilaciones, se destinó en realidad a la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo este que presuntamente "conocía la administración", según el auto.

La juez acusa además a la empresa de haber pagado "a modo de dádiva o recompensa" a Guerrero 6.960 euros que se ingresaron en una empresa de la que era titular su chófer, Juan Francisco Trujillo.

Por este mismo expediente, la juez impone fianzas civiles de 639.942 euros a dos responsables de Caja Rural de Granada por haber participado, presuntamente, en la "instrumentación ideada" para conseguir la amortización de un préstamo que había concedido a Dhul.

Tribunal para los aforados

Asimismo, la juez ha anunciado este viernes que están terminadas todas las diligencias contra los aforados en el caso y pide al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal competente para instruir la causa respecto a ellos.

En una providencia, la juez de instrucción 6 de Sevilla informa de que ya se han practicado todas las diligencias necesarias respecto a los aforados, que son los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a cinco exconsejeros.

Por ello, pide a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie antes del lunes sobre el tribunal competente para seguir investigando la causa respecto a ellos, lo que fuentes del caso interpretan como anticipo de una inminente inhibición, posiblemente antes de finales de julio, ante el tribunal superior correspondiente.