La ONU condena a España por no proteger a una niña asesinada por su padre

• El padre, denunciado por maltrato, asesinó a la niña en una visita sin supervisión
• Según el dictamen, el Estado no actuó de manera diligente para protegerla
• Primera condena internacional a España por negligencia en violencia de género
• La directora del Instituto de la Mujer admite que "no se dio la protección"

La ONU condena a España por negligencia en un caso de violencia de género

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado este lunes al Estado español por no actuar de manera diligente en la protección de una mujer, víctima de la violencia de género que ha sobrevivido, y de su hija, de siete años, que fue asesinada por el padre durante un régimen de visitas sin vigilancia.

En su dictamen, el Comité ha explicado que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela González a manos del maltratador y ha condenado al Estado por no proteger a la mujer ni a su hija, por no castigar al maltratador y por no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados, ha explicado la ONG Women's Link Worldwide.

Esta organización interpuso una demanda ante la ONU en septiembre de 2012 en nombre de la mujer, quien ha estado pleiteando sin éxito durante once años en distintos tribunales de justicia.

La condena del CEDAW establece una serie de recomendaciones y obligaciones. Por una parte, obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas.

Para evitar la repetición de situaciones similares, exige además que se tomen "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos".

Asimismo, insta a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y obliga a que los jueces y personal administrativo competente reciban formación sobre estereotipos de género.

La mujer denunció al agresor en más de 30 ocasiones

Ángela González había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas. Sin embargo, la falta de la debida diligencia en estas medidas condujo a que el padre asesinara a su hija, de entonces siete años, en una de las visitas sin supervisión que le fueron concedidas y se suicidara después.

La mujer había huído de la casa familiar con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, y denunciado el maltrato que sufrían. Solicitó la separación del agresor, aunque los ataques continuaron después del divorcio, incluso a través de su hija Andrea, quien era interrogada acerca de la vida sentimental de su madre y amenazada con no ser llevada de vuelta con ella si no le contestaba.

"Tras once años de búsqueda de justicia, hay un pronunciamiento que no sólo me satisface a mí, sino que se convierte en una oportunidad para que no haya más mujeres y niñas que tengan que pasar por lo que mi hija y yo vivimos", ha afirmado Ángela González a través de la ONG.

Primera condena a España por negligencia en violencia de género

La ONG ha destacado la "histórica condena" al Estado español, ya que asegura que por primera vez un tribunal internacional condena a España por su negligencia en materia de violencia de género.

En el dictamen, el Comité señala la obligación que tienen los Estados de "investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos" que dejan sin protección a las víctimas de violencia de género y recuerda que para hacer esto realidad se necesita de "voluntad política y el apoyo de agentes estatales".

Reconoce que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación, educación y capacitación, incluyendo la Ley Contra Violencia de Género de 2004, pero señala que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes que constituyen discriminación contra las mujeres.

Pervivencia de estereotipos de género

Según el Comité, estas prácticas se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial que llevan, con frecuencia, a que no se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, ni a sus hijos.

"Los estereotipos afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial, lo que en el caso de Ángela la colocó a ella y a su hija en una situación de vulnerabilidad", ha señalado Paloma Soria, abogada de Women's Link Worldwide, quien además ha recordado que el documento expresa que "el interés superior de los niños y niñas tiene que prevalecer, y eso quiere decir que los y las menores tienen derecho a ser oídos".

España tiene seis meses para remitir al Comité, mediante un escrito, las medidas que haya tomado en cumplimiento de esta decisión y debe de difundir ampliamente la decisión "a fin de alcanzar todos los sectores pertinentes de la sociedad."

La directora del Instituto de la Mujer admite que "no se dio la protección"

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha admitido que "no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta trágica muerte", en referencia a la hija de Ángeles González.

Sin embargo, la responsable considera que España ha evolucionado mucho en legislación para la lucha contra la violencia de género, en la que, es "un país de referencia", según informa la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en una nota de prensa.

Además, Carmen Plaza considera que el Gobierno está absolutamente comprometido contra la violencia de género y que está trabajando para garantizar la protección de los menores que se encuentran sumidos en este círculo dramático y terrible.

También ha recordado que los menores figuran desde 2005 en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que refiere que "las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia.

La directora general del Instituto de la Mujer ha asegurado que desde el principio de la legislatura el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "está impulsando medidas para la protección de menores como víctimas que son también de los casos de violencia de género".