El arquitecto Calatrava, imputado por el caso del Centro de Convenciones de Castellón

• El arquitecto ha sido citado a declarar el 2 de septiembre
• Se investigan presuntas irregularidades en los contratos
• La crisis obligó a dejar en suspenso la construcción
• Calatrava cobró 2,7 millones de euros por las fases previas a la ejecución

El arquitecto Santiago Calatrava

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido citado a declarar como imputado por un juzgado de Castellón en la investigación que lleva a cabo sobre el Centro de Convenciones de esta ciudad, proyecto que él diseñó y que no llegó a materializarse. Así lo ha anunciado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, según el cual el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha citado a Calatrava el próximo 2 de septiembre.

Además, requiere a la mercantil Santiago Calatrava GMBH para que aporte los programas de necesidades del Centro de Convenciones en relación al programa inicial, el procedente del Ayuntamiento de Castellón y el remitido por la Generalitat de mayo de 2008.

También le pide que informe en cuál de ellos se basó para realizar su plan director, anteproyecto y proyecto básico y para que indique la localización prevista del Centro de Convenciones dentro del Plan de Actuación Integrada (PAI) Mestrets.

Petición de documentación

El juez ha acordado requerir a la Sociedad de Proyectos Temáticos -dependiente de la Generalitat- para que aporte los estatutos de la sociedad, el acta de reunión por la que el Consejo de Administración autorizó el aumento del presupuesto inicial al finalmente aceptado para el Centro de Convenciones, y el informe técnico o motivación que acredita la especificidad artística del proyecto y que motivó la adopción del modo de contratación sin publicidad.

Al Ayuntamiento de Castellón, el juez requiere información sobre el PAI Mestrets, la fecha de iniciación, motivo de anulación y fecha de la misma, así como la localización que el Centro de Convenciones debía ocupar y el título jurídico que le habilitaba para disponer de dicha superficie.

En la investigación sobre el Centro de Convenciones fue ya citado a declarar como imputado el ex secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat Eusebio Monzó por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el proyecto.

Citaciones que no llegan a su destino

La imputación en este caso de Monzó, que fue director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, se pospuso al no haber recibido la notificación de su citación, pero llevó al Gobierno valenciano a destituirlo de su cargo el pasado 18 de julio.

Tampoco pudieron realizarse en su día las declaraciones del exresponsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava Fernando Benzo, actual subsecretario del Ministerio de Educación, ni la del exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos Javier de Diego, debido a que los domicilios a los que se enviaron las citaciones no eran correctos.

El proyecto del Centro de Convenciones fue encargado por la Generalitat a Calatrava en 2008, al que pagó 2,7 millones de euros por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque su ejecución fue suspendida temporalmente a finales de 2012 por el Consell debido a la coyuntura económica.

Francisco Camps, como president de la Generalitat, y el entonces alcalde de Castellón y actualmente jefe del Consell, Alberto Fabra, firmaron el 14 de diciembre de 2007 el convenio de colaboración para la construcción del Centro.

Con una inversión prevista de 60 millones de euros, iba a ocupar una superficie de 100.000 metros cuadrados junto a la Ciudad de la Justicia. En la presentación del proyecto, Camps dijo del edificio que iba a ocupar "un lugar destacado en la historia de la arquitectura", mientras que Calatrava representó el inmueble con el esbozo de una mujer desnuda sentada a los pies de un árbol.

Problemas en casa...

El Centro de Convenciones de Castellón se ha convertido en otra polémica más para Calatrava, que ideó el edificio más alto de la ciudad con 151 metros de altura. Con su imputación este miércoles se abre una nueva página de implicaciones judiciales en proyectos impulsados en la Comunitat Valenciana en la etapa de bonanza económica.

Desde enero, las negociaciones para acordar una solución técnica a la cubierta de "trencadís" del Palau de les Arts de Valencia que comenzó a desprenderse a finales de 2013, con el fin de que esté garantizada durante diez años, han resultado infructuosas y el Gobierno valenciano ya ha anunciado que continúa con el proceso de demanda y que después del verano convocará un concurso público.

Otro edificio del turístico complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) diseñado por el arquitecto -nombrado hijo predilecto de la ciudad en 2007-, el Ágora, también sufre problemas con los pliegues en las zonas de unión tras haber presentado goteras poco después de su puesta en marcha.

De momento, las empresas que construyeron el Palau de les Arts y el despacho del arquitecto han asumido los tres millones del coste de las intervenciones de emergencia y la retirada del revestimiento cerámico, mientras la cubierta sigue de color gris cemento en contraste con el blanco del singular complejo.

...Y fuera de ella

Fuera de la Comunidad Valenciana,  el arquitecto también ha estado implicado en procesos judiciales por sus obras: en Oviedo fue condenado a indemnizar con tres millones de euros a la promotora por los fallos en el Palacio de Congresos, y en Venecia está abierto un juicio por un sobrecoste de casi cuatro millones en la construcción de un puente.

Por otro puente, el "Zubi zuri" de Bilbao, también se ha visto inmerso en una polémica, ya que, siete años después de su inauguración, tuvo que ser reformado con una alfombra antideslizante para evitar los patinazos que sufrían los viandantes en invierno.

En 2013 también le llegó una demanda desde Vitoria presentada por Bodegas Domecq, propietaria de la bodega Ysios de Laguardia, en la Rioja alavesa. En este caso, el grupo bodeguero pedía al arquitecto y a los otros intervinientes en la construcción del edificio que asumieran el coste de dos millones de euros del arreglo de la cubierta, la cual, como aseguraron, tenía goteras y problemas de humedades.

Pero fuera de España, no sólo es la justicia veneciana la que le reclama. En febrero de 2004, la construcción de su moderno y gigantesco puente colgante de entrada a Jerusalén fue llevada a la Corte Suprema de Justicia por los vecinos de la zona, que protestaban por el paso de un tren de cercanías.

En Holanda, un concejal exigió el pasado año al alcalde de la localidad Haarlemmermeer, en los alrededores de Amsterdam, que tomara medidas contra Calatrava, al que encargó tres puentes que, según este político, se oxidaron al año de su inauguración y ocasionaron gastos de hasta 50 millones de euros.