La Guardia Civil precinta expedientes en sedes de empleo en Sevilla por los cursos de formación

• La juez Mercedes Alaya ha encargado los registros en la capital hispalense
• Se investiga la presunta utilización de facturas falsas para justificar ayudas

Foto de archivo de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha precintado este martes diversos expedientes relativos a cursos de formación profesional para el empleo en dos sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía en Sevilla por requerimiento judicial de la juez Mercedes Alaya en la causa que investiga presuntas irregularidades en la utilización de las ayudas a cursos de formación.

El precinto de los expedientes se ha llevado a cabo, según fuentes de la investigación recogidas por Europa Press, de forma "sigilosa y con discreción" en los servicios centrales del SAE en la calle Seda y en otra sede de la Avenida de Hytasa, ambas en Sevilla capital.

Fuentes cercanas a los hechos han indicado que esta actuación estaba prevista y ya se había avisado a la Junta, dentro de las actuaciones seguidas en la investigación.

"950 millones en subvenciones sin justificar"

Alaya ha considerado, en un auto del pasado 16 de julio en el que imputaba en esta causa al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y lo cita a declarar el próximo día 16 de octubre, que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011.

Esta afirmación la realiza, según esgrime en este auto, a raíz de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta, Carlos Cañavate, que declaró que "había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo han mostrado a Europa Press su "máxima colaboración con la Justicia" y han reiterado que "dentro de la línea de colaboración con la investigación judicial la Junta colabora con la máxima diligencia y está a disposición de lo que pida".

Origen de la investigación

Esta intervención tiene que ver con la investigación sobre un presunto fraude en los cursos de formación que instruye Alaya sobre la presunta utilización de facturas falsas por el sindicato UGT para justificar la utilización de subvenciones públicas.

La causa se solapa con la caso sobre los ERE fraudulentos, sobre supuestas irregularidades en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por la Junta de Andalucía. La Guardia Civil empezó a investigar al sindicato UGT por las empresas del exsindicalista Juan Lanzas, el "conseguidor" de los ERE.

Así, el registro de las oficinas este martes forma parte de una operación distinta a la llevada a cabo la semana pasada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la que fue detenido el exconsejero de Empleo Ángel Ojeda, que después quedó en libertad con cargos, también por un presunto fraude en los cursos de formación.