El contrabando de tabaco en Gibraltar supuso un perjuicio de 700 millones en cuatro años

• Así lo afirma el informe de la Oficina Europea contra el Fraude Fiscal (OLAF)
• El fiscal abre una investigación al respecto tras recibir el informe de la OLAF

Imagen de archivo del peñón de Gibraltar.

El contrabando de tabaco en Gibraltar supuso un perjuicio para Unión Europea de 700 millones de euros de 2010 a 2013,  según el informe de la Oficina Europea contra el Fraude Fiscal (OLAF) remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto este miércoles una investigación al respecto.

Según han informado fuentes del ministerio público, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictado este miércoles el decreto de apertura de diligencias informativas, tras recibir hace días las más de 400 páginas del informe de la OLAF, que ve indicios de "implicación del crimen organizado" en el contrabando y el blanqueo.

El informe, han indicado las fuentes, recoge que las arcas europeas dejaron de ingresar unos 700 millones de euros en esos cuatro años por el contrabando ilegal de tabaco en el territorio británico, tanto por impuestos al tabaco como por tasas de aduanas.

La Fiscalía de la Audiencia abre una investigación

La Fiscalía investiga en las diligencias abiertas este miércoles el delito de contrabando, pero también el de blanqueo del dinero que las mafias obtiene de la venta de tabaco sin pagar impuestos.

El informe detalla, según las mismas fuentes, varias sociedades de Gibraltar supuestamente implicadas en el contrabando de tabaco.

Tras completar su informe sobre el aumento del contrabando de cigarrillos en la frontera del Peñón con España, la OLAF ha dirigido recomendaciones para la apertura de procedimientos judiciales tanto a la Fiscalía General del Estado española como al fiscal general de Gibraltar, en este caso a través de la Representación Permanente del Reino Unido en Bruselas.

En el caso de que en el marco de esta investigación de la Fiscalía se aprecien indicios de delito, se encargará de la causa un juez de la Audiencia Nacional, que es el competente para investigar estos hechos porque se trataría de delitos cometidos por españoles en el extranjero.