Repsol deberá destinar 60 millones para cubrir eventuales daños en prospecciones canarias

• El BOE publica este miércoles la autorización administrativa de los trabajos
• Tendrá que vigilar los movimientos sismológicos en Fuerteventura y Lanzarote

Industria autoriza a Repsol a ejecutar sondeos exploratorios en busca de hidrocarburos en Canarias

El Ministerio de Industria ha autorizado a Repsol a ejecutar hasta tres sondeos exploratorios en busca de hidrocarburos en las aguas que separan Canarias de Marruecos, para lo que deberá constituir un seguro civil de 40 millones de euros y una garantía financiera para riesgos medioambientales de 20 millones. Los trabajos se realizarán a entre 50 y 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

En marzo de 2012, el Consejo de Ministros ya aprobó la autorización necesaria para que Repsol pudiera realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, unas prospecciones fuertemente rechazadas por las organizaciones ecologistas y el Gobierno canario, que presentaron varios recursos ante el Tribunal Supremo, que en junio pasado los desestimó y avaló el decreto del Gobierno.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizó el pasado mayo a Repsol a realizar estas prospecciones petrolíferas en el Atlántico, aunque con condiciones. La compañía petrolera reconocía que había riesgos, aunque mínimos, de que llegara un eventual vertido de crudo al archipiélago.

El BOE publica una autorización con 3 años de vigencia

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Dirección General de Política Energética y Minas ha autorizado mediante una resolución a realizar hasta tres sondeos -dos exploraciones, más otra condicionada a los resultados de los dos primeros- en tres puntos de las cuadrículas que la petrolera tiene asignadas y que se denominan Sandía (3.170 metros de profundidad, los 870 primeros, de agua), Chirimoya (3.000 metros de profundidad, los primeros 1.019, de agua) y Zanahoria (6.900 metros de profundidad, 1.022 de ellos, de agua).

El pasado mes de julio, Repsol ya anunció su intención de empezar las prospecciones en el último trimestre de este año. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, precisó que los trabajos comenzarían en el área denominada como Sandía, un punto del océano situado a unos 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura, donde su barco perforador, "de séptima generación", deberá atravesar 870 metros de agua antes de llegar al lecho marino.

En concreto, la titularidad actual del permiso corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas, Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respctivamente, actuando la primera de ellas como operador.

La autorización para los sondeos tiene una vigencia de tres años y contempla catorce condiciones para los sondeos, entre las que figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros y otra garantía financiera de 20 millones para cubrir responsabilidades medioambientales.

Además, se subraya que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medioambiente, "Repsol detendrá inmediatamente las operaciones adoptando las medidas adecuadas".

Controles sismológicos

También deberá instalar sistemas de control de la sismicidad en Lanzarote y Fuerteventura para monitorizar cualquier movimiento que se produzca en el subsuelo como consecuencia de las perforaciones en un radio de 20 kilómetros alrededor del sondeo.

Asimismo, se establece que las perforaciones se detendrán si se produce un terremoto natural con intensidad superior a 4,5 en la escala de Richter en un radio de 75 kilómetros del sondeo.

Al terminar cada sondeo, Repsol dispondrá de un máximo de seis meses para presentar todos los informes técnicos sobre el desarrollo de los trabajos. Además, la compañís deberá comunicar las fechas de inicio y fin de los sondeos con, al menos, una semana de antelación al inicio de los trabajos.

La Dirección General de Política Energética y Minas y el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas "podrán inspeccionar todos los trabajos y actividades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten exigibles a sus titulares", añade la resolución.

El Ministerio de Industria se reserva además el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la resolución publicada este miércoles ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.