Alaya dice que los ERE fueron una "subversión del orden jurídico" por valor de 855 millones

• La juez instructora eleva al Supremo la causa tras tres años de investigación
• Describe una "clara y palmaria discrecionalidad en el uso de fondos públicos"
• Se dieron subvenciones "al margen de cualquier criterio legal o igualitario"
• Para Alaya, la implicación de Chaves y Griñán era necesaria para coordinarlo

La juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya.

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, dice en su exposición razonada al Tribunal Supremo que las ayudas investigadas alcanzaron la cifra de 855 millones de euros y fueron "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico".

En dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, la juez afirma que "esta subversión normativa y procedimental" determinó, en gran parte de los casos, que las ayudas terminaran "en manos de personas y empresas próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz".

La juez de instrucción 6 de Sevilla, después de tres años de investigación, eleva al Supremo la causa por la existencia de nueve aforados: los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Manuel ChavesJosé Antonio Griñán-'preimputados' desde septiembre de 2013-; los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Manuel Recio, Antonio Ávila y Francisco Vallejo; y otros dos exconsejeros a los que aún no había notificado su preimputación: Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

"Ilegal aplicación de fondos públicos" de 855 millones

La juez analiza las ayudas sociolaborales y a empresas por parte de la dirección general de Trabajo entre 2000 y 2012 y concluye que supuso una "ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros" a través de una partida presupuestaria "claramente inadecuada" como eran las transferencias de financiación.

Esta figura estaba definida por "numerosas órdenes y leyes emanadas del propio parlamento andaluz" como destinada estrictamente a "equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias" de las agencias IFA e IDEA, que pagaron los fondos.

“Las ayudas se concedían "sin solicitud, sin documentación" y por un órgano "manifiestamente incompetente"“

La consecuencia de no utilizar el crédito adecuado, según Alaya, fue permitir de "manera intencionada" una serie de irregularidades como eludir el procedimiento legalmente previsto para el otorgamiento de subvenciones, evitar los controles de la Intervención de la Junta y "la existencia de una clara y palmaria discrecionalidad en el uso de los fondos públicos", pues las subvenciones se concedían "sin solicitud, sin documentación justificativa" y además por un órgano "manifiestamente incompetente".

"Se producía, pues, una auténtica subversión del ordenamiento jurídico", pues "amén de las normas reguladoras de las subvenciones, se infringieron preceptos tan elementales como la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

Se tejió un "selecto círculo de influencias"

Además, se tejió un "selecto círculo de influencias que iban desde los sindicatos, agencias o mediadores de seguros y despachos de abogados, que tenían importantes beneficios económicos por su gestión".

Se trataba de tres tipos de subvenciones: sociolaborales, ayudas directas a empresas y ayudas individuales a personas físicas, estas últimas otorgadas a familiares y amigos de algunos de los ex altos cargos o mediadores imputados.

“Subvenciones por ser "amigos, parientes, compañeros de partido o sindicato o incluso conocidos del mismo pueblo"“

Sobre estas últimas, la exposición razonada recoge que se basaron solo en "las relaciones personales, al margen de cualquier criterio legal o igualitario, por ser los beneficiarios amigos, parientes, compañeros de partido o sindicato, cargos políticos o incluso por ser conocidos del mismo pueblo".

Implicación de los expresidentes andaluces

Las agencias andaluzas IFA e IDEA "prestaban una colaboración necesaria e imprescindible para que el sistema pudiera llevarse a efecto", mediante el falseamiento de su presupuesto, en un proceso que "necesariamente implicaba una coordinación a tres niveles: Consejería de Empleo, IFA e IDEA y Consejería de Economía y Hacienda", según el texto.

A juicio de Alaya, la implicación de los expresidentes andaluces deriva de que era necesaria "una amplia coordinación para la indebida inclusión de las transferencias de financiación en el proceso de elaboración de los presupuestos" y al presidente de la Junta le corresponde "asegurar la coordinación entre las distintas consejerías y fijar las directrices generales de la acción de gobierno".

Alaya analiza el proceso de elaboración de los presupuestos y concluye que "es difícil pensar" que en el grupo de trabajo y en la comisión delegada no obtuvieran sus integrantes una imagen "fiel y exacta" del contenido del programa 31L con el que se otorgaban las ayudas y del hecho de que las subvenciones se concedían "sin fiscalización previa, creando un déficit presupuestario con importante menoscabo de fondos públicos y sin cobertura presupuestaria".

Chaves, Griñán y el resto de aforados piden investigar la "filtración" del texto

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el resto de aforados citados en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la juez Alaya quieren que se investigue el "origen de la filtración" de este documento por considerar que su publicación está provocando una "nueva situación de indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad".

Fuentes próximas a los afectados han expresado a Europa Press su "preocupación" por la "filtración y publicación" de apartados de la exposición razonada elevada al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cuando no ha sido "notificada a las partes", lo que, en su opinión, "supone una vulneración del derecho de defensa de los afectados y, por supuesto, provoca un daño irreparable a las personas concernidas y no informadas".

En este sentido, según las mismas fuentes, los aforados citados en la exposición razonada están estudiando la posibilidad de solicitar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la Fiscalía que "se investigue el origen de las filtraciones", ya que están convencidos de que "no proceden del Tribunal Supremo, ni pueden venir de las partes, la Fiscalía o los aforados, porque ha sido la propia jueza de instrucción la que ha tomado la decisión de no notificarles la exposición razonada en la que, al parecer, se les atribuyen determinados indicios".