El exdirector andaluz de Trabajo niega haber recibido pagos anónimos por los ERE

• La juez Alaya acusa a Francisco Javier Guerrero de haber recibido 248.400 euros
• "No existe ni un solo ingreso" realizado por un tercero anónimo, alega
• También niega dos ayudas de 450.000 euros empleadas en comprar cocaína

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha negado este martes haber recibido pagos sin identificar por valor de 248.400 euros, como le acusa la juez que instruye el caso de los ERE, ya que afirma haber demostrado al juzgado que en realidad fueron movimientos entre sus propias cuentas.

El abogado de Guerrero califica de "falsa" la afirmación de la juez Mercedes Alaya de que su cliente recibió 248.400 euros en 170 ingresos de menos de 3.000 euros "para eludir la obligación de identificar".

En un comunicado remitido a Efe a través de su abogado, Guerrero afirma que, como demostró en un escrito que obra en poder del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en sus cuentas bancarias "no existe ni un solo ingreso llevado a cabo por una tercera persona anónima, ni de 3.000 euros ni de ninguna otra cantidad".

"Lo que sí se realizaron, y así se documentó en su momento, son movimientos entre sendas cuentas que mi cliente tenía en distintas entidades bancarias", dice el abogado Fernando de Pablo en su comunicado.

Dos ayudas de 450.000 euros

En la exposición razonada elevada al Supremo, la juez Alaya acusa además a Guerrero de haber concedido dos ayudas de 450.000 euros a dos empresas ficticias de uno de sus exchóferes, dinero que luego ambos, presuntamente, destinaron a comprar cocaína y parte del cual el exdirector de Trabajo recuperó mediante entregas en efectivo.

En la misma línea, añade que Guerrero "quiere dejar constancia de que también es incierto" ese hecho del que se acusa a su cliente en la exposición razonada que la juez ha elevado al Tribunal Supremo por la posible imputación en el caso de los ERE de nueve aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La juez Alaya también asegura que el ex director general incluyó a su suegra en la póliza de SOS Cuétara y en otra posterior, por las que recibió 198.876 euros, y que tres amigos suyos se beneficiaron del ERE de FCC y CESPA con una prima total de 812.998 euros.