Jordi Pujol denuncia a la justicia la filtración de sus datos bancarios en Andorra

• Se opone también a las comisiones rogatorias sobre los fondos de la familia
• La defensa de los Pujol alega que los jueces buscan atacar el soberanismo

Pujol denuncia a la Justicia la filtración de sus datos bancarios en Andorra

La defensa de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha presentado la tarde de este martes en los juzgados andorranos una denuncia por la filtración irregular de sus datos bancarios en Andorra, dirigida contra una persona desconocida, en la que pide a la Justicia que investigue quién ha sido el autor, y un recurso contra la comisión rogatoria del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los fondos de la familia en el principado.

En medio de una gran expectación, una representante del despacho de abogados de Andorra que representa a los Pujol ha acudido a la Batllia -juzgados- cinco minutos antes de las siete de la tarde, cuando cierran las oficinas, y ha entregado ambos escritos, sin hacer ningún comentario a los periodistas.

La querella presentada por vulneración del secreto bancario fija como posibles responsables civiles subsidiarios a la Banca Privada de Andorra (BPA) y a Andbank, si no se puede determinar a la persona que filtró datos sobre sus cuentas.

Vulneración del secreto bancario

El escrito denuncia la filtración de datos sobre las cuentas de la familia Pujol que suponen una vulneración del secreto bancario -un derecho que garantiza la ley andorrana-, al haberse publicado informaciones sobre movimientos en sus cuentas por valor de 3,4 millones de euros en un mes.

No obstante, fuentes de la defensa de la familia no han querido entrar en si la filtración de estos datos ha sido una venta o una entrega interesada por parte de un exempleado.

“Alegarán que las comisiones se efectúan en base a documentos y datos robados o filtrados irregularmente“

Paralelamente, la defensa de la familia se opondrá a las dos comisiones rogatorias remitidas a la banca andorrana por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz -en la investigación de Jordi Pujol Ferrusola- y del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, que lleva las diligencias contra el matrimonio Pujol-Ferrusola.

En su recurso, los Pujol también sostienen que la pretensión de Ruz es obtener datos sobre su historial económico en Andorra, lo que consideran que no se corresponde con la finalidad de una comisión rogatoria, que se limita a un procedimiento excepcional para contrastar unos indicios concretos de una supuesta actividad delictiva.

Según las citadas fuentes, se opondrán en base a la ley andorrana, que requiere que para responder a una comisión rogatoria deben cumplirse unos requisitos "que en este caso no se cumplen".

Para oponerse, alegarán que las comisiones se efectúan en base a documentos y datos robados o filtrados irregularmente, que en las peticiones no se explicita cuáles son los delitos que se les atribuyen a los afectados y qué indicios existen contra ellos.

Asimismo, argumentan que hay una "finalidad política" en estas comisiones rogatorias puesto que su objetivo último es ir contra el soberanismo catalán.

Por otra parte, con este recurso, los Pujol también reclaman tener derecho a vista en el proceso de información desde Andorra a las autoridades españolas, con lo que podrían tener acceso a los datos que quiere conocer el juez Ruz.

El juez Ruz investiga blanqueo de capitales

Ruz cursó a finales de julio una comisión rogatoria a Andorra para pedir información sobre las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, en el mismo auto en el que le citaba a declarar como imputado junto a su exesposa, Mercè Gironès, el próximo 15 de septiembre.

El magistrado, que atribuye indiciariamente al matrimonio un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, realizó esta citación en el marco de la causa en la que investiga los pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Catalunya.

El juez cursó la comisión rogatoria a Andorra para recabar "toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios" los dos imputados y las cinco mercantiles de las que son propietarios (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

Ruz acordó estas diligencias después de conocer el comunicado del expresidente catalán en el que admitía que su familia posee fondos no declarados en el extranjero desde 1980.

Antifraude demandará a Manos Limpias por criticar su actuación

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se querellará por calumnias contra el sindicato Manos Limpias, después de que su secretario general, Miguel Bernad, mantuviera este lunes sus críticas al organismo por "mirar hacia otro lado" ante la supuesta corrupción durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

En declaraciones a Efe, el director de Antifraude, Daniel de Alfonso, ha anunciado que han decidido querellarse contra el sindicato una vez que han comprobado que no se han retractado de sus acusaciones.

La querella por calumnias se presentará entre la primera y la segunda quincena de septiembre, al entender que el sindicato atribuye a la Oficina un delito de omisión de perseguir delitos, según De Alfonso.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, denunció el pasado 13 de agosto -cuando presentó la querella contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol tras su confesión de que había ocultado durante 34 años una fortuna en el extranjero- que la Oficina Antifraude había mirado hacia otro lado ante la supuesta corrupción de los gobiernos de Pujol.

El director de Antifraude replicó que presentaría una querella contra Manos Limpias si el sindicato no se retractaba de sus acusaciones.
Pocas horas después de la amenaza de la querella, Bernad mantuvo sus críticas y, en declaraciones a Efe, aseguró que la Oficina Antifraude se mueve "en un tanto por ciento altísimo" sólo por "consideraciones políticas" y no por "consideraciones legales".