Argentina quiere reabrir el canje de deuda para solucionar el bloqueo impuesto por los fondos

• Presenta un proyecto de ley que permitirá pagar a los acreedores en el país
• Abriría la posibilidad a otros inversores de sumarse a la reestructuración

Cristina Fernández durante un mensaje a la nación desde la sede de la Presidencia.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha anunciado este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley para tratar de garantizar el pago de su deuda reestructurada que incluye, entre otras medidas, un cambio de jurisdicción para poder pagarles en Argentina. Esta declaración se produce después de que Buenos Aires no lograra un acuerdo en Nueva York con los fondos de inversión estadounidenses -los llamados fondos buitre- que la han demandado ante un tribunal de EE.UU.

En un mensaje difundido por la televisión nacional, Fernández ha dicho que la norma declarará de "interés público" las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, así como el pago de los compromisos derivados de esos canjes.

Cambio de agente de pago

La iniciativa anunciada habilitaría al Ejecutivo utilizar "instrumentos legales que permitan el cobro" de todos los tenedores de los títulos emitidos en esos canjes y autorizaría al Ministerio de Economía argentino a sustituir al Banco de Nueva York Mellon (BONY) como agente fiduciario de pago a los acreedores de la deuda reestructurada.

En lugar del BONY, se designaría como agente de pago a Nación Fideicomisos -subsidiaria del Banco de la Nación Argentina- y se facilitaría a los acreedores la posibilidad de establecer su propio agente para garantizar otro canal de cobro si no desean que corra a cargo del Ministerio de Economía argentino.

El proyecto de ley propone crear una cuenta especial en esa entidad estatal argentina para depositar los fondos destinados al pago de los compromisos de deuda. Este dinero se mantendrán allí "hasta su efectivo cobro por parte de los acreedores", como una "certeza total a los acreedores de que nadie podrá tocarlo" porque es de su propiedad, según ha explicado Cristina Fernández.

Por el litigio abierto por los fondos buitre, el juez neoyorquino del caso, Thomas Griesa, mantiene bloqueados fondos depositados por Argentina en el BONY para pagar a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda después de la suspensión de pagos del país en 2001.

Nuevo canje de deuda

Además de cambiar la jurisdicción del pago de la deuda, la iniciativa también abre la posibilidad de que los inversores sometidos a la legislación estadounidense accedan a un canje de títulos para quedar bajo la normativa argentina en iguales condiciones a los realizados en 2005 y 2010.

Asimismo, permitiría que quienes no se adhirieron a esas reestructuraciones puedan hacerlo si el proyecto es aprobado por el Parlamento, de mayoría oficialista.

Fernández ha declarado que, como señal de "buena fe", se abriría una cuenta especial donde se depositará lo que deberían cobrar estos acreedores que no entraron a los canjes.

"Estoy un poco nerviosa. Suelo tener más aplomo. Pero estamos viviendo un momento de enorme injusticia con la Argentina", ha dicho Fernández, con voz quebrada, en el tramo final de su extenso mensaje.

Fernández vuelve a cargar contra los fondos

La mandataria ha afirmado que el "gran negocio de los buitres" -que no entraron en los canjes de deuda y reclaman a Argentina el pago de 1.330 millones de dólares por los bonos de 2001 y sus intereses acumulados desde entonces- "es no negociar" y cobrar el 100% "a través de la vía judicial".

En este sentido, Fernández ha lamentado una vez más que el juez Griesa inventara "al servicio de los fondos" una "novedosa" y "extravagante" forma de interpretar la jurisprudencia por la que terminó por bloquear los fondos que Argentina destinó al pago a su acreedores de deuda reestructurada.

"Argentina cumplió de acuerdo a los contratos firmados en 2005 y 2010 y depositó en tiempo y forma, en el BONY, la suma de 1.150 millones de dólares", ha dicho Fernández, que ha insistido en que el país no ha caído en suspensión de pagos porque ha depositado el dinero para sus acreedores.

De esa suma -ha precisado la presidenta-, 539 millones quedaron en un "limbo jurídico", porque no fueron embargados por Griesa ni tampoco llegaron a las cuentas de los acreedores, lo que provocó un enfrentamiento entre Buenos Aires y el banco neoyorquino.

Por último, Fernández ha reiterado que Argentina acudió a todas las audiencias de negociación dispuestas por Griesa "para intentar llegar a un acuerdo, y fue imposible porque el negocio [de los fondos] es no arreglar".