El Gobierno plantea abrir el debate sobre la reducción del número de aforados en España

• Gallardón ha propuesto reducir el número de aforados a solo 22 personas
• Ahora hay 17.621 aforados, sin contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
• El Gobierno buscará el consenso pero advierte de la complejidad de la reforma
• También apela a él para reformar la Constitución, el aborto o la ley electoral

El Gobierno plantea abrir el debate sobre la reducción del número de aforados en España

El Gobierno se muestra dispuesto a abrir un debate sobre la reducción del número de aforados y las condiciones del aforamiento, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones.

Previamente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido en una entrevista en El País que se revise el número de aforados en España para pasar de los actuales 17.621, sin contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a solo 22.

La vicepresidenta ha advertido que esta reforma conlleva "dificultades técnicas" porque para reducir los aforados se precisaría reformar la Constitución, los estatutos de autonomía que recogen sus propios aforamientos y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En suma, se trata de una cuestión que afecta a instituciones de carácter nacional y autonómico.

Sáenz de Santamaría ha recordado que fue el propio presidente, Mariano Rajoy, quien consideró necesario abrir esta cuestión al diálogo entre las fuerzas políticas dentro de las medidas de regeneración democrática que se busca consensuar.

Consenso para abordar la cuestión

El caso de los aforamientos, ha recordado, sí parece contar con la voluntad de la mayor parte de los grupos políticos para limitar, acotar y clarificar esta condición, pero en otras cuestiones las posturas para reformar la Constitución son más "divergentes" que próximas.

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que para el Ejecutivo es "bueno" abrir el debate sobre los aforamientos, ha recordado la disposición de la mayoría de las fuerzas políticas a abordarlo y ha señalado que habrá que ver ahora en qué términos se pueden poner de acuerdo.

Por ello, ha apelado a la "prudencia" y ha insistido en que quiere saber "qué opinan el resto de partidos" así como las instituciones con las que también habría que discutir esta cuestión.

El número de aforados

La vicepresidenta no ha querido entrar al detalle de en qué medida deberían reducirse los aforamientos, como sí lo ha hecho el ministro de Justicia. A juicio de Gallardón, los "únicos aforamientos que deberían subsistir en España" son, aparte de los que afectan a la Familia Real, los de los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y las 17 comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas".

Así, los ministros, diputados nacionales y autonómicos y los miembros de los consejos de Gobierno regionales, así como los jueces, dejarían de estar aforados. Según Gallardón, aunque el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio" en España, "la sociedad española lo percibe como tal".

"Pero que se suprima el aforamiento de diputados, senadores, ministros, consejeros autonómicos, parlamentarios autonómicos y otros cargos autonómicos -añade- es algo que tendrá que hacerse mediante un pacto político con la oposición que modifique los estatutos de autonomía y que aborde en su momento la reforma de la Constitución".

Consenso el aborto, la Constitución o la ley electoral

Tras el primer Consejo de Ministros de este curso, la vicepresidenta del Gobierno ha pasado revista uno por uno y brevemente a muchos temas candentes de la actualidad política: la consulta catalana, reforma de la Constitución, aborto, elección de alcaldes, y otros, y para la mayoría ha tenido una respuesta común: la búsqueda de consenso.

Así, sobre la reforma de la Constitución, Sáenz de Santamaría ha insistido en que debe partir de un acuerdo amplio de las fuerzas políticas -ya sea para reformar el sistema de aforamientos como para otros asuntos- que no se da en otras cuestiones, como la de la organización territorial del Estado, ha señalado.

En cuanto a la ley del aborto, la vicepresidenta no ha puesto ningún plazo a la tramitación parlamentaria del proyecto y ha hecho hincapié sen que el Gobierno está estudiando los informes elaborados por distintas instituciones en los que se sugería la necesidad de "determinados cambios, que se están analizando", ha asegurado, con el fin de que la reforma suscite el "mayor consenso posible".

Sobre la reforma electoral que propicie la elección directa de alcaldes, la 'número dos' del Gobierno ha recordado que ya varios grupos políticos habían planteado cambiar la forma de elegir al alcalde. "No estamos planteando nada que sea una novedad. Todos plantearon hablar de temas electorales", ha insistido.

De hecho, ha subrayado que la posibilidad de que el sistema de elección de alcaldes propuesto por el PP favorezca a Bildu en el País Vasco prueba que no obedece a un "cálculo electoral", sino a respetar "la voluntad del vecino" y la "regeneración democrática".

El Gobierno pide a Mas que respete la legalidad

En cuanto a la consulta soberanista en Cataluña, la vicepresidenta ha pedido al Parlamento de Cataluña que reflexione sobre la constitucionalidad de las leyes que piensa aprobar y al presidente de la Generatitat, Artur Mas, que "respete la legalidad".

Sáenz de Santamaría ha recordado que la Constitución establece "muy poquitos procedimientos, pero señala que cuando un Gobierno pide la suspensión de una ley, una vez que se admite a trámite, se suspende inmediatamente" y de forma automática.

El Gobierno impulsará una doble impugnación: una contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otra contra la próxima ley de consultas.