Anticorrupción apunta a decisiones administrativas "arbitrarias" en el 'caso Nóos'

• El fiscal Horrach señala que se vulneraron "exigencias legales" de forma palmaria
• La Abogacía del Estado defiende la actuación de la infanta Cristina en Aizoon

La Fiscalía Anticorrupción apunta, en un escrito a decisiones administrativas "arbitrarias" por parte de las autoridades de Baleares y la Comunidad Valenciana para que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, pudieran "enriquecerse" como adjudicatarios de proyectos que costaron a las arcas públicas un total de 5,9 millones de euros, según la instrucción del caso Nóos.

"La causa principal de los contratos administrativos nunca puede ser el enriquecimiento del adjudicatario, sino el quehacer útil y oportuno para la causa pública", subraya el fiscal Pedro Horrach en su informe de alegaciones de 72 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, presentado esta semana en el marco del caso Nóos.

En este sentido, el representante del Ministerio Público recalca cómo los responsables de las Administraciones públicas, "de común acuerdo" con Urdangarin y Torres, tomaron decisiones administrativas "arbitrarias e injustas", en tanto que fueron adoptadas "al margen del preceptivo expediente administrativo, toda vez que la apertura del mismo hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar" a ambos exsocios.

Mediante su escrito, el fiscal se opone a los recursos interpuestos por varios imputados del caso Nóos contra el mantenimiento de su imputación en la causa.

Decisiones administrativas "arbitrarias"

De este modo, solicita a la Audiencia Provincial de Baleares que se mantenga en pie el proceso penal contra Urdangarin, Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, los hermanos de ésta, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, los excaltos cargos de la Generalitat Valenciana Jorge Vela, Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado, y la exconsejera de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Asimismo, se opone a los recursos interpuestos por los concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, que solicita que el vicealcalde, Alfonso Grau, vuelva a ser imputado; y de Manos Limpias, que pide que se reabra la causa contra Grau y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, entre otros.

Tal y como incide Horrach en su escrito, los contratos y convenios de colaboración investigados en esta causa, y que dieron lugar a la celebración de dos foros sobre turismo y deporte en Palma (en 2005 y 2006, por 2,3 millones de euros) y de los de Valencia (en 2004, 2005 y 2006, por 3,6 millones), fueron "fruto de una actividad delictiva premeditada" y el resultado de decisiones administrativas "arbitrarias cuya finalidad era beneficiar económicamente a personas concretas".

"El ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora", asevera el fiscal, quien hace hincapié en la "importancia de la contratación pública, que representa un volumen muy importante del presupuesto de cualquier organismo público, y en la necesidad de respetar las exigencias legales para reducir al máximo las parcelas de comportamientos corruptos".

Se vulneraron exigencias legales "de forma palmaria"

Sin embargo, en el caso de las decisiones adoptadas por la Administración para beneficiar a Nóos, Horrach apunta cómo se vulneraron "de forma palmaria" exigencias legales como la necesidad de determinar el tipo de contratación más adecuado; la prohibición de alcanzar pactos verbales en la Administración; el análisis del precio de mercado; la transparencia y la publicidad, o el control y la fiscalización del gasto.

En relación al papel que ejerció Matas en el marco de las negociaciones para celebrar los Illes Balears Forum, la Fiscalía apunta a una "farsa orquestada" por el exministro a fin de aparentar que el Illesport -que junto a Nóos firmó los convenios para la organización de los foros- era el que tomaba las decisiones, cuando en realidad, sostiene, el contenido reflejado en las actas de las reuniones "era fruto de las directrices y decisiones" del expresidente.

"El funcionamiento real de la Fundació Illesport pone de manifiesto que don Jaume Matas, como presidente de la Junta Rectora, era el que tomaba las decisiones relativas a la memoria de actividades, el programa de actuaciones y el presupuesto de dicha institución, y quien ostentaba el dominio" sobre la actividad de este organismo, recalca Horrach.

"Absoluta falta de control" del destino de fondos públicos

El fiscal rebate de este modo los argumentos vertidos por Matas en el recurso que presentó contra el mantenimiento de su imputación, en el que se desvinculaba de las decisiones administrativas adoptadas de cara a adjudicar los anteriores eventos al Instituto Nóos.

Ante esto, Horrach subraya que, aparte de su cargo como presidente del Govern, también presidía la Junta de Patronos del Illesport, por lo que "la alegación del recurrente queda desvirtuada".

El Ministerio Público hace asimismo hincapié en el hecho de que el precio de los eventos fue fijado "unilateralmente" por Nóos, precio al que "se aquietaron y consintieron los responsables del Illesport sin que se realizase un mínimo análisis de ajuste de precios del mercado".

Al respecto, sostiene que "la absoluta falta de control sobre el destino de los fondos públicos entregados al Instituto Nóos no es casual", sino que "obedece al concierto previo entre los representantes de las entidades que suscriben el acuerdo para no fiscalizar el gasto, sin justificación legal alguna que ampare esta forma de proceder".

La Abogacía del Estado defiende la actuación de la infanta Cristina

Mientras, la Abogacía del Estado, personada como acusación particular en el caso Nóos en representación de la Agencia Tributaria, ha presentado un informe en el que defiende nuevamente la actuación de la infanta Cristina al frente de la sociedad Aizoon -de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin-, al aseverar que "el hecho de ser cónyuge de un defraudador a la Hacienda Pública no convierte a uno en partícipe de esa defraudación".

En un dictamen de 27 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación rebate el contenido del auto por el que el pasado 25 de junio el juez José Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos y acordó mantener la imputación de la hermana del rey Felipe VI por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.

Una resolución -conocida como auto de pase a procedimiento abreviado- en la que, recrimina la Abogacía, "no se especifica el título de participación de Cristina de Borbón" en los delitos fiscales presuntamente cometidos por Urdangarin. Es más, la acusación apunta que los argumentos esgrimidos por el magistrado para mantener en pie el encausamiento de la Infanta no tienen "amparo legal".