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El Gobierno de Bachelet deroga el decreto ley de amnistía aprobado por la dictadura en Chile

  • Dicho decreto otorga impunidad a los agentes del régimen
  • Bachelet impulsará también la Subsecretaría de Derechos Humanos
  • El anuncio coincide con el 41º aniversario del golpe de Estado de Pinochet
  • Estas decisiones tienen el fin de adecuar la justicia chilena a la internacional

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Fotografías de detenidos desaparecidos son ubicadas en el monumento a los desaparecidos en el 41º aniversario del golpe militar de 1973 en Chile.
Fotografías de detenidos desaparecidos son ubicadas en el monumento a los desaparecidos en el 41º aniversario del golpe militar de 1973 en Chile.

El Gobierno de Chile anunciará en las próximas horas la derogación de un decreto ley aprobado en plena dictadura de Augusto Pinochet, el cual otorga impunidad a los agentes del régimen, según han confirmado fuentes oficiales.

Esta decisión, que coincide con el 41º aniversario del golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende, será anunciada públicamente por los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la Presidencia, Ximena Rincón.

La derogación del decreto ley de amnistía, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, fue una de las promesas electorales de la Michelle Bachelet, que asumió en marzo el cargo de presidenta de Chile por segunda vez tras su mandato de 2006-2010.

Reajuste de la justicia chilena

"La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el país", ha señalado el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

La presidenta (...) va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos

En un breve encuentro con la prensa, Gómez ha añadido que lo importante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el parlamento y que será la comisión pertinente quien le pondrá los tiempos.

El ministro ha afirmado que la idea es adecuar la legislación chilena a la legislación internacional "lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha", ha asegurado.

Gómez ha indicado que, en tanto, se está preparando un "mensaje en relación a la tipificación del delito de tortura".

La derogación de esta norma se hará aplicando suma urgencia a la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro, con lo que podría estar lista antes que acabe este mes.

 Los jueces no aplicaban la ley 

A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la ley de amnistía, que contraviene la legislación internacional.

Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran su mera existencia como una afrenta.

El artículo 1º del decreto señala: "Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas".

El Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular del decreto ley de amnistía y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido.

El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte.

La ONU había solicitado a Chile que derogara la ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedara impune y para que no hubiera espacio a la interpretación.

El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, explicó ante el citado comité que si bien aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica.