Imputado el jefe de la Guardia Civil de Melilla por las devoluciones de inmigrantes en la frontera

• El juez le ha imputado por un presunto delito de prevaricación
• Tres ONGs se querellaron por las "devoluciones en caliente" en junio

Imputado por presunta prevaricación al jefe de la Guardia Civil de Melilla

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha imputado al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad, Ambrosio Martín Villaseñor, por un presunto delito de prevaricación por las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes, práctica prohibida en la Ley de Extranjería.

El juez quiere que el responsable de la Guardia Civil en Melilla declare el 3 de octubre sobre los hechos ocurridos el 18 de junio y 13 de agosto, cuando un número indeterminado de inmigrantes saltó la valla, y fueron "entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería", tampoco el convenio de readmisión de inmigrantes firmado con Marruecos.

Según detalla el auto, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla "dicta la orden 'Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia en fronteras' y es la persona al mando del dispositivo".

Se le imputa para esclarecer "si se llevaron a cabo entregas de ciudadanos extranjeros a las autoridades marroquíes sin observar la legislación española vigente y, si esto fuera así, si tal manera de actuar pudiera ser constitutiva de infracción penal".

Se trata de un paso más en las diligencias incoadas el pasado mes de agosto cuando, ante la querella presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, el juzgado comenzó a investigar la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de la Guardia Civil durante las devoluciones de inmigrantes en Melilla del 18 de junio.

La asociaciones humanitarias que interpusieron la querella han considerado este lunes la imputación como "un primer paso para acabar con las devoluciones en caliente" y han añadido que este paso supone que "el Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales", según han manifestado a través de un comunicado.

Diferentes conceptos de frontera

El juzgado pidió información cuando se presentó la querella a la Guardia Civil, que en un profuso documento detalló que se había aplicado aquella noche un "concepto operativo" de frontera que viene funcionando desde 2005 y según el cual, "solo se consuma definitivamente" la entrada en territorio nacional cuando el inmigrante supera "la valla interna" y "rebasa la línea de vigilancia y contención establecida".

El mismo "concepto operativo" dice, tal y como recoge el auto, que "en todo caso, los inmigrantes que, rebasando las líneas de vigilancia y contención establecidas consuman su entrada ilegal en territorio nacional y son interceptadas por la Guardia Civil (...) son entregados mediante la correspondiente diligencia al Cuerpo Nacional de Policía" en línea con la Ley de Extranjería.

El magistrado dice que con este "concepto" que aplica la Guardia Civil coexisten dos ideas de frontera, una "de naturaleza jurídica" y otra "de naturaleza operativo o funcional".

"El primero, se acomoda a los tratados suscritos entre España y Marruecos mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político o de simple operatividad policial", señala el auto,

Con todo, los vídeos aportados por las ONG en la querella, demuestran que "varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes" a través de la puerta de servicio de la valla "sin que conste que los mismos fueron trasladados a Jefatura Superior del Cuerpo de Policía Nacional", conforme detalla el auto del juzgado.

Por eso, aún "si se acepta como válido el concepto operativo de frontera", los ciudadanos subsaharianos "habrían llegado incluso a sobrepasar la totalidad del perímetro fronterizo, el doble vallado, atravesando la valla interior, entrando irregularmente en territorio español", lo que, según el juez, "habría obligado a aplicarles la legislación de extranjería".

El ministro: "Hay cosas que se responden desde el sentido común"

Tras conocerse la imputación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido la actuación de la Policía y la Guardia Civil en la frontera de Melilla. Fernández Díaz, de visita oficial en Washington, ha señalado que la operación en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, donde hay dos vallas y una sirga tridimensional, que se utilizán desde 2005, es "un todo".

El ministro, que no ha aludido directamente a la interpretación del juez, ha planteado que si atravesada la primera valla ya se estuviera en territorio nacional a todos los efectos y se tuviera que aplicar "a todos los efectos" la Ley de Extranjería, "¿entonces para qué se instaló la sirga tridimensional y la valla siguiente?". "Hay cosas que se responden desde el sentido común", ha agregado.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que tras más de dos años reclamando al Ministerio del Interior una guía de actuación ante los saltos de inmigrantes en la valla de Melilla, "lo único" que han conseguido los agentes allí destacados es que "los mandos" les lean determinados artículos de un supuesto protocolo y les obliguen a firmar que han sido notificados.

"Lo único que se ha hecho es reunir a los guardias civiles, leerles el protocolo y no todo, sino los artículos que se entienden más importantes, y les han hecho firmar un 'enterado', ni siquiera les han dado una copia porque dicen que es materia reservada", explican en declaraciones a Europa Press desde AUGC Melilla.

La delegación melillense ha añadido después en una nota que el protocolo "no se ha dado por escrito, fue leído por los mandos de la Guardia Civil a los agentes en cinco minutos, generando más dudas que aclaraciones, y además, no se aceptaron preguntas al respecto".

Por su parte, la Unión de Guardia Civiles (UniónGC) ha pedido este lunes al Ministerio del Interior que "de una vez por todas" delimite "exactamente" qué valla de Melilla es la que delimita el territorio nacional del marroquí, puesto que la legislación en este caso es "ambigua" y, por tanto, dificulta la labor de los agentes de la Benemérita en los puestos fronterizos, según recoge Servimedia.