La OCDE lucha contra la "fiscalidad a la carta" de las multinacionales para evadir impuestos

• La OCDE ha publicado siete recomendaciones que remitirá al G-20
• Implantará una "declaración fiscal país por país" con detalle de actividades

La OCDE ha publicado una primera lista de recomendaciones contra la optimización fiscal de las multinacionales que luego remitirá al G-20. Es decir, se trata de luchar contra las estrategias sofisticadas, al límite de la legalidad que permiten a las grandes empresas pagar los mínimos impuestos posibles.

Los siete primeros elementos del plan de acción contra la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios van a "cambiar las reglas del juego" ha prometido Pascal Saint-Amans, responsable del informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la rueda de prensa.

"No se trata de blablabla consensuado", afirma aunque la aplicación de las recomendaciones depende enteramente de la buena voluntad de los Estados. Otras ocho medidas se presentarán el año que viene y algunas podrán aplicarse antes de finales de 2015 estima la OCDE.

Las recomendaciones se presentarán a los ministros de Finanzas del G-20 en la ciudad australiana de Cairns del 20 al 21 de septiembre. Está previsto que se apliquen en un total de 44 países, los miembros de la OCDE, del G-20 y los países en vías de adhesión.

Reestablecer la soberanía fiscal

La OCDE formula recomendaciones estremadamente técnicas para "reestablecer la soberanía fiscal" -asegura Saint-Amans- en siete folletos. El más prolijo es el dedicado a la economía digital que se extiende a lo largo de 200 páginas.

En concreto, los beneficios deben ser gravados allí donde se obtienen sin utilizar los acuerdos entre países contra la "doble imposición" para crear un entramado que permita obtener "doble exoneración".

Multinacionales como Google o Starbucks son ejemplo de este tipo de estrategias fiscales, algunas denominadas con nombres curiosos como "doble holandés" o "sandwich irlandés".

La OCDE insta a neutralizar los "montajes híbridos" por los que una empresa saca partido de una legislación fiscal confrontada con otra con el fin de beneficiarse de varias deducciones o créditos fiscales simultáneamente.

Especial atención merecen las empresas tecnológicas que trabajan con activos inmateriales (marcas, patentes, algoritmos) y pueden hacer "navegar" su actividad de un país a otro con gran facilidad. En este sector, la OCDE no ha encontrado "el arma definitiva" pero ha logrado una "comprensión común" en las naciones, apunta Saint-Amans.

Declaración fiscal país por país

Los 44 miembros de la OCDE ya han adoptado un modelo de "declaración fiscal país por país" para las empresas. Este documento indica la cifra de negocio, los beneficios, el personal y los impuestos pagados en cada Estado. Esta declaración se transmitirá solo a las autoridades fiscales y no se hará pública como pedían algunas ONGs.

La OCDE quiere "mejorar la documentación de los precios de transferencia" para evitar que una empresa fije tarifas manipuladas para desplazar sumas de dinero de una filial a otra (pagos de servicios internos, facturación de materias primas, etc) con el fin de dirigir el flujo de beneficios hacia paraísos fiscales. La organizaicón calcula que este sistema permite a las empresas norteamericanas poner 2 billones de dólares fuera del alcance del fisco, sobre todo en Bermudas.

Los Estados también han decidido combatir la "fiscalidad a la carta" por la que una empresa busca el régimen fiscal más favorable para trasferir sus fondos o establecer su sede. Así, numerosas empresas escogen Holanda para implantarse en Europa, como por ejemplo Netflix que planea instalarse el próximo año.

Los países creen posible poner en marcha algunas recomendaciones con un acuerdo multilateral pero han surgido algunos puntos de fricción. En particular, los Estados no han logrado un consenso sobre los régimenes fiscales ventajosos que ofrecen algunos países para las empresas que explotan patentes, como el Reino Unido desde abril de 2013. La Comisión Europea también tiene en su punto de mira estas prácticas y ha pedido información a nueve países sobre sus ayudas fiscales a la innovación.