Imputada la alcaldesa de Alicante por un presunto trato de favor a un constructor

• Es la segunda vez que imputan a la alcaldesa Sonia Castedo, del PP
• Declarará el 27 de noviembre por presunta prevaricación y tráfico de influencias
• La causa investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa

La alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, en una imagen de archivo.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), por un presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del llamado Plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

La alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10:00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.

Ésta es la segunda investigación judicial en la que está involucrada Castedo, ya que está imputada en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Asimismo, el juez ha imputado a otras cuatro personas: el adjudicatario de este plan urbanístico, el empresario Enrique Ortiz -también imputado en la pieza del Brugal sobre el PGOU de Alicante-, al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, a una funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, y a dos personas más.

El juez, que ha esperado a disponer del informe completo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para realizar las citaciones, ha preguntado al fiscal y al resto de partes personadas -EUPV y PSOE- si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio y actual responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Angeles Ureña.

Causa a partir de una denuncia de EU

La causa, que se basaba en unas escuchas teléfonicas intervenidas mientras se investigaba el caso Brugal, implicaba a Enrique Ortiz y a varios cargos públicos a los que pedía su apoyo para sacar adelante el macroproyecto del Plan Rabasa.

Se trataba de una gran urbanización que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y que se acordó construir en abril de 2005 con el voto favorable del equipo de gobierno, del PP, y el PSOE como principal grupo de la oposición, y el único voto en contra de EU.

En el pleno de 29 de enero de 2010, el Ayuntamiento aprobó someter a exposición pública el proyecto de convenio entre el consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial de Ikea en el sector Lagunas de Rabasa. 

El juez subraya que en el informe policial "existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses" del empresario Enrique Ortiz.

Fue precisamente la denuncia de EUPV la que amplió este caso e hizo que se abriera una pieza separada del caso Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, para que se indagara también el Plan Rabasa.