El Parlament aprueba la ley de consultas con el respaldo de los partidos soberanistas y el PSC

• Con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP (78,5% del total)
• El PP de Cataluña y Ciutadans, que suman 28 diputados, han votado en contra
• El Gobierno recurrirá la ley sin esperar a que Mas convoque la consulta
• Los partidos soberanistas piden al Gobierno que "respete" la ley aprobada

El Parlament aprueba la ley de consultas con los votos de los partidos soberanistas y PSC

El Parlamento catalán ha aprobado este viernes, con el respaldo de los partidos soberanistas y el PSC, la ley de consultas con la que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, prevé convocar consulta del 9 de noviembre, solo un día después de que Escocia haya rechazado separarse del Reino Unido en un referéndum. El Gobierno de España ha anunciado que recurrirá la ley de consultas en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Genaralitat, y que también recurrirá al Tribunal Constitucional la convocatoria de la consulta, cuando Mas firme el decreto.

La ley ha salido adelante por 106 votos a favor, los de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, lo que supone el 78,5% de los escaños de la Cámara catalana. El PP catalán y Ciutadans (C's), que suman 28 diputados, han votado en contra.

En la votación, CiU y ERC ha rechazado las 95 enmiendas de PPC, PSC, ICV-EUiA, C's y CUP, por lo que no se han introducido modificaciones al texto de la ley que llegó al pleno y que se gestó en una ponencia en la que participaron todos los grupos, salvo Ciutadans.

Los grupos soberanistas han pedido al Gobierno que "respete" la ley de consultas y que no trate de suspenderla, porque la consideran "un instrumento democrático básico".

Tanto la Generalitat como los partidos que acordaron la consulta del 9N consideran que la ley podrá dar amparo legal a esa convocatoria, algo de lo que discrepan los socialistas catalanes, que pese a todo han decidido apoyar la nueva norma, al considerar que sí puede ser útil para otro tipo de consultas ciudadanas.

Los grupos soberanistas piden al Gobierno que "respete" la ley

El diputado de CiU Josep Rull, que coordinó la ponencia de la ley de consultas, ha agradecido el "buen tono" empleado por los grupos que participaron en la redacción del texto, y ha remarcado que esta ley "será la de la consulta del 9 de noviembre, aunque también un instrumento para permitir consultar a los ciudadanos sobre aspectos fundamentales de su día a día.

Desde ERC, la diputada Gemma Calvet ha pedido al Gobierno que "retire las amenazas contra la ley", y que "respete" la ley aprobada, que cabe bajo "el paraguas" de la Constitución y del Estatut, y ha añadido que "las leyes tienen que ser un instrumento en favor de la democracia, nunca un callejón sin salida".

La portavoz del grupo de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha defendido la ley como la herramienta para poder convocar la consulta del 9N, que es la forma "más honesta y democrática" de conocer la opinión de los catalanes sobre su futuro político y, dirigiéndose a la bancada popular, se ha preguntado qué tiene "de grave" este hecho.

El diputado del PSC, Ferrán Pedret, ha anunciado el respaldo de su partido a la ley pero no al referéndum del 9 de noviembre: "No es el instrumento, ni tampoco la ley de parcicipación ciudadana de Andalucía", ha señalado en referencia a la normativa, antes de mostrar el rechazo de su partido a la consulta: "Sí a la ley, no a un referéndum sin acuerdo ni amparo legal, porque nos habremos pegado un tiro", ha añadido después.

Por parte de la CUP, Quim Arrufat ha indicado que "es un avance notorio que una ley permita consultar a la ciudadanía sobre cualquier aspecto y que el texto permita proponer consultas sin permisos de los gobiernos".

El diputado no adscrito Joan Ignasi Elena, que abandonó el PSC tras apoyar la petición de competencias para convocar la consulta, ha afirmado, por su parte, que es una ley "importante" porque servirá para "canalizar el anhelo colectivo de querer decidir" el futuro.

El PPC y Ciutadans acusan a los soberanistas de "romper" el país

Centenares de independentistas se han concentrado a las puertas del Parlament para celebrar la aprobación de la ley, mientras que en el hemiciclo PPC y Ciutadans han reprochado que los partidos soberanistas jueguen con "eufemismos" hablando de hacer una consulta para conocer la opinión de los catalanes cuando o que quieren organizar es un "referendo encubierto" por la independencia.

El diputado del PPC, Santi Rodríguez, ha pedido que el 'no' de su partido a la ley se interprete como "un triple sí", "a la democracia, al estado de derecho y a la convivencia" que ha permitido, ha añadido después "avanzar desde la dictuadura con progreso y buenos servicios públicos" y ha concluido con un 'sí' a Cataluña, a España y a Europa. También se ha dirigido al PSC para pedirles que digan no a la ley: "Hágannos caso. Déjense de puñetas y voten que 'no".

Ciutadans, con su líder Albert Rivera como portavoz, ha rechazado la ley de consultas y ha criticado al PP y al PSOE por haber formado gobierno con CiU, que "quiere romper" el país. Rivera, ha avisado de que la ley de consultas es un "desafío" al orden constitucional con la que se pretende convocar un referéndum "encubierto".

Al finalizar la votación, la mayoría de diputados ha protagonizado un aplauso de unos dos minutos, tras el cual el Artur Mas ha abandonado el hemiciclo acompañado de la vicepresidenta, Joana Ortega.

Antes de salir de la sala de plenos, Mas ha dirigido la mirada a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, a la que ha saludado alzando el dedo pulgar y esbozando una sonrisa.

La consulta se convocará "en las próximas horas o días"

La vicepresidenta del gobierno catalán y consellera de Gobernación, Joana Ortega, ha afirmado que, una vez aprobada ley de consultas por parte del Parlament, "todo está listo para convocar en las próximas horas la consulta del 9 de noviembre".

Ortega ha indicado en una breve comparecencia en el Parlament que el Govern considera que este "es un día histórico" para Cataluña porque "dispone del marco legal para poder convocar la consulta" y también porque la ley "ha contado con un amplio consenso de casi el 80 por ciento de la cámara".

Después de recordar que la ley de consultas "es una de las seis vías" que apuntaba como legales el Instituto de Estudios Autonómicos para celebrar una consulta de autodeterminación, la vicepresidenta no ha concretado en qué momento el presidente de la Generalitat firmará el decreto de convocatoria y, requerida por los periodistas, sí que ha apuntado que será "en las próximas horas o días".

Consciente de la repercusión del referendo escocés de independencia, Mas ha comparecido por la mañana en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para hacer una valoración del 'no' que los escoceses han dado finalmente a separarse del Reino Unido y relacionar el proceso escocés como una referencia para el conflicto político abierto en Cataluña.

El Gobierno recurrirá en cuanto entre en vigor

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho este viernes un "llamamiento a la reflexión" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha señalado la disposición del Ejecutivo al diálogo.

Sin embargo, ha advertido que en España la Constitución, que votaron todos los ciudadanos establece que las decisiones sobre la soberanía las adopta "el pueblo español en su conjunto" y que "no se puede ligar ningún proceso a que alguien diga que va incumplir la legalidad para ver si le dan algo".

El Gobierno tiene previsto presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de consultas en cuanto se publique oficialmente y entre en vigor esta norma. Para ello se solicitará dictamen al Consejo de Estado, que se reunirá inmediatamente para aprobar el dictamen y enviarlo al Gobierno.

Así, si la publicación en el Diario Oficial de Cataluña tiene lugar este mismo sábado por la mañana, el Consejo de Ministros se reunirá a continuación para aprobar el recurso, lo que podría suceder por tanto por la tarde. Según la vicepresidenta, es el presidente del Gobierno quien ordena la interposición de los recursos.

Una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado, el presidente del Gobierno reunirá al Consejo de Ministros y ordenará la presentación del recurso, acompañada de la solicitud de suspensión inmediata de la ley. El Pleno del Tribunal Constitucional que debe admitirlo a trámite tiene reunión ordinaria la próxima semana, de martes a jueves.

La admisión supondrá la suspensión de la ley catalana con efecto retroactivo, es decir, que no entrará en vigor y no serán por tanto válidos los actos derivados de su aplicación.