Varios ex altos cargos de la Junta no declaran ante la juez Alaya por el caso de los ERE

• Ninguna de las partes personadas han pedid medidas cautelares contra ellos
• De las siete personas citadas, tres no han acudido por diversos motivos

El exviceconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Jesús María Rodríguez, a su llegada este lunes a los juzgados de Sevilla.

Los cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía citados como imputados por la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, se han acogido este lunes a su derecho a no declarar y ninguna de las partes personadas han pedido medidas cautelares contra ellos.

De las siete personas citadas este lunes,  han asistido los exviceconsejeros de Empleo andaluces Justo Mañas y Agustín Barberá, el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández no se ha desplazado al juzgado que dirige Alaya por la muerte de su madre, mientras que al ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano se le había cambiado la citación para el viernes 27 de septiembre.

Otra de las personas citadas este lunes, María Vaqué, de la aseguradora Vitalia, no ha comparecido porque, según ha explicado la juez a los abogados, no se le pudo comunicar la citación porque no tenía procurador.

La juez retoma las declaraciones tras las últimas imputaciones

La juez ha retomado este lunes las declaraciones tras la ampliación de las imputaciones a 22 personas y la nueva acusación a veinte más, lo que eleva el número de imputados en la causa a 227.

Las nuevas citaciones judiciales se refieren a los ERE aprobados en las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén, en los que intervino como mediadora Vitalia, a cuatro de cuyos directivos también amplía la imputación.

Las citaciones de este lunes se incluyen entre las 42 imputados por delitos continuados de prevaricación y malversación, y entre cada uno de los citados la juez ha puesto un plazo de quince minutos ante la previsión de que los acusados se acojan a su derecho a no declarar.

Vulneración de la orden constitucional

Los dirigentes políticos están imputados porque en estos ERE "ni habría solicitud, ni bases reguladoras, ni resolución motivada por órgano competente para su concesión", según la juez.

En ellos, añade la magistrada, "se habría vulnerado indiciariamente el orden competencial constitucional en materia laboral y la normativa comunitaria, y no habría existido, al tramitarse como una transferencia de financiación, los controles previos necesarios por parte de la Intervención".

El exconsejero Martín Soler está también citado este lunes pero no por estos ERE, sino porque en su imputación previa no se le incluyó la autorización de pago de una subvención de 450.000 euros para Avantia Ticsa concedida en el 2010.

Entre los nuevos citados destaca el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, por unas ayudas concedidas el 17 de noviembre del 2011 por importe de cinco millones de euros a Astilleros de Huelva.

En el ERE de Hilados y Tejidos Malagueños SA (Hitemasa), que afectó a 191 de los 197 trabajadores, la Junta de Andalucía entregó entre el 2001 y el 2004 un total de 32 millones de euros, aunque la empresa finalmente cerró, según el auto judicial, en el que se añade que en ese expediente se incluyeron ocho intrusos que cobraron entre 30.000 y 61.000 euros.

En los ERE de Samec la Junta aportó 3,6 millones de euros y en el de Primayor 5,1 millones, y en el de esta última empresa, el jefe de personal se incluyó con una mensualidad de 2.400 euros.

La juez remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre las personas aforadas, entre las que figuraban los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros andaluces.

Alaya añadió que mientras no se pronuncie el Supremo, la competencia sobre las diligencias, "cuya instrucción no debe demorarse", corresponde al juzgado que ella dirige.