Alaya impone 40,3 millones de euros en fianzas civiles a 24 imputados en el caso de los ERE

• La juez les da un día de plazo para que presten las respectivas fianzas
• La fianza más elevada, de 10,7 millones, para el exviceconsejero de Innovación

La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los presuntos ERE irregulares gestionados por la Junta de Andalucía, ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por valor de 40,3 millones de euros a 24 imputados en la causa, entre los que se encuentran ex altos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de IDEA.

Alaya ha fijado la fianza más alta, de 10,7 millones de euros, para el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez, aunque también destacan en cuantía las impuestas al exconsejero de Innovación, Martín Soler, de más de 4 millones de euros, y al presidente de Unicaja, Braulio Medel, de 482.790 euros.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez da un día de plazo a los 24 imputados para que presten las respectivas fianzas impuestas, "en cualquiera de las formas admitidas por la Ley" y "con apercibimiento que, de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente a cubrir las mismas".

Fianzas impuestas a ex altos cargos de la Junta

Otras de las fianzas más cuantiosas son las que impone al exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, de 3.466.666,67 euros, al ex director general de IDEA, Miguel Ángel Serrano, de 2.805.647 euros; al expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón, de 2.553.600 euros y al exviceconsejero de Economía y Hacienda, José de Haro Bailón, que asciende a 1.995.000.

Siguiendo un orden decreciente en cuanto a la cuantía de las fianzas impuestas,la magistrada fija una fianza de 1.835.400 euros para Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales; de 1.607.970 euros para el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; de 1.598.384 euros al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Gonzalo Suárez; de 1.532.338 euros al exdirector general del IFA Francisco Mencía; de 1.026.760 euros al exdirector de Industria Jesús Nieto, y de 970.001 euros al exdirector de IDEA Antonio Valverde.

También impone una fianzas, entre 450.000 y 600.000 euros al que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois; al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua; al exdirector general del IFA Antonio Lara, y a Angel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación.

Por último, la juez ha fijado fianzas civiles que van de los 150.000 a los 340.000 euros a otros ex altos cargos entre los que se encuentran la exsecretaria general de Desarrollo Industrial, Isabel de Haro Aramberri, el exsecretario general de Empleo Francisco García, y el presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía Felipe Romera.

Relaciones entre las consejerías de Innovación y Empleo

Respecto a Martín Soler, la juez considera que en el período en que fue consejero de Innovación, desde el 25 de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, se pretendió "eliminar cualquier apariencia de colaboración con la Consejería de Empleo", ya que no se firmaron convenios con la Consejería de Empleo, pero, asegura, siguieron existiendo ayudas sociolaborales cuyos fondos eran "adelantados por IDEA y en el presupuesto de 2010 desaparece el crédito de las transferencias de financiación a IDEA".

La juez también destaca "la expresa vulneración" por parte del exconsejero del contenido del artículo 38 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad, "que impone que los créditos y presupuestarios son limitativos y vinculantes", pues el imputado "autorizó el abono de una subvención de 450.000 euros a Abantia Ticsa concedida por la Consejería de Empleo mediante resolución de 15 de marzo de 2010 con los fondos de la Consejería de Innovación".

Para cuantificar la fianza civil a imponer, la juez le impone el cinco por ciento del importe de las ayudas concedidas durante el ejercicio de su cargo, que ascendieron a 61,2 millones de euros, y le suma el tercio legalmente exigido.

"Ausencia de control" sobre los convenios

A continuación, la magistrada analiza el papel de los vocales del consejo rector de IDEA, entre ellos Braulio Medel y José María Bueno Lidón, y pone de manifiesto que en todos los casos procede imponerles fianza civil, "con independencia de que no haya habido solicitud expresa, en cuanto que subsisten los indicios para mantener intactas sus imputaciones, por un lado por la ausencia de control sobre los convenios de los que eran informados, y por otro por votar favorablemente al pago de subvenciones claramente ilegales".

En el caso de Medel, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda y posteriormente presidente de Unicaja, la juez asevera que, "conociendo el convenio marco y conociendo indiciariamente la financiación de los convenios particulares de ayudas a través de transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IFA, no opuso reparo alguno a los convenios suscritos de los que se daba cuenta".

También destaca la fianza civil impuesta a Francisco del Río, que fue jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008 y a quien achaca haber asistido a 14 sesiones del consejo rector en las que se dio cuenta de la firma de 22 convenios entre el director general de Trabajo e IFA/IDEA.

"Al igual que el resto de los vocales, aunque si cabe con mayor profundidad, Francisco del Río sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad", y en esa actuación "abiertamente al margen del Derecho, participaría como uno de los máximos valedores de la legalidad en la Junta, participación que podría determinar que dicho procedimiento específico pudiera conocerse, al margen de la información que tuviera el Consejo de Gobierno, por la Consejería de Presidencia".