El Congreso aprueba la Ley de Parques Nacionales solo con los votos del PP y sigue su trámite

• La oposición critica que se permitan ciertas actividades comerciales
• Incluye la prohibición de construir en los parques nacionales
• Ahora la ley continuará su tramitación en el Senado

Vista del Parque Nacional de Monfragüe desde el castillo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, únicamente con los votos del PP, la Ley de Parques Nacionales que devuelve al Estado la capacidad de intervenir en estos espacios naturales, y que ha sido rechazada por la oposición por "invasora" de las competencias, "regresiva" y "desprotectora".

La norma, que será remitida al Senado, autoriza actividades de ocio como el vuelo sin motor en Guadarrama o la navegación en Monfragüe, y permite al Estado intervenir en caso de catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro la riqueza natural de estos enclaves, algunos de ellos Patrimonio de la Humanidad.

Críticas de la oposición

Tanto el BNG como CiU han criticado el enfoque "centralista" de la ley. El portavoz del grupo catalán, Martí Barberá, ha considerado que la invasión de competencias autonómicas es "clara y flagrante", mientras que UPyD la ha criticado por todo lo contrario.

Para Álvaro Sanz, de Izquierda Plural, y Alejandro Alonso (PSOE) el texto defiende además la "explotación comercial de determinadas actividades" y obedece a determinados intereses.

En su defensa, el diputado del PP Jose María Alonso ha argumentado que es una ley fundamental, que hace falta para mejorar la conservación y biodiversidad, y ha respondido que afirmar que la ley es para usos privados "es desconocer realidad o tener mala fe".

El PNV no ha estado presente en la votación y debate celebrado en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

De las 182 enmiendas presentadas, el PP ha aceptado 11 del resto de los grupos, durante los trabajos de ponencia.

Enmiendas introducidas en el Congreso

Asimismo ha incorporado otras tantas de su propio grupo, con el fin, entre otros, de disipar las dudas planteadas por los ecologistas sobre la posibilidad de edificar dentro de los parques.

Según la portavoz de medioambiente del PP en el Congreso, Teresa Lara, se ha introducido una enmienda que viene a apuntalar únicamente el reconocimiento de la existencia de núcleos urbanos en los parques nacionales de Picos de Europa y de Monfragüe, que ya estaban contemplados en las respectivas leyes declarativas de ambos espacios.

Estos núcleos son los de Oseja de Sanambre y Posada de Valdeón, en Picos de Europa, con una población inferior a los 500 habitantes en cada uno de ellos, y el de Villarreal de San Carlos, en Monfragüe, con una treintena de habitantes.

Los quince parques nacionales con los que cuenta España pertenecen a la Red Natura 2000; cuatro son Patrimonio de la Humanidad y diez Reservas de la Biosfera.

El más grande es el de Sierra Nevada (Andalucía) con un total de 86.210 hectáreas, y el más pequeño el de las Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha), con 1.928 hectáreas.

Ecologistas critica el uso comercial en los parques

La organización Ecologistas en Acción ha advertido este martes de que la Ley de Parques Nacionales equivale a abrir las puertas al negocio en estos enclaves que ha definido como la "joya de la corona de la naturaleza" en España.

Denuncian que se pone en riesgo la protección de estos espacios ya que se permitirán usos comerciales. "La máxima figura de conservación natural se degrada con las excepciones incluidas", ha manifestado la organización.

Entre las modificaciones más importantes en la normativa de Parques Nacionales, Ecologistas en Acción ha destacado que se permitirán actividades prohibidas hasta ahora, como la navegación a motor en Monfragüe o el vuelo sin motor en Guadarrama; que se consentirá la práctica de la caza en los parques ya que no regula adecuadamente el control de las poblaciones cinegéticas y que abrirá la financiación de los parques a las grandes empresas.

Al mismo tiempo, advierten de que el proyecto de ley cuenta con un dictamen negativo del Consejo de Estado que no ha sido tenido en cuenta por parte del Gobierno. Igualmente, subrayan que no se ha tenido en cuenta la necesidad de llegar a un acuerdo amplio y negociado con las comunidades autónomas sobre el reparto de competencias, con lo que se rompe el "consenso" que logró la ley vigente, aprobada en 2007.

Finalmente, Ecologistas ha manifestado su temor de que el texto pueda "empeorar todavía más" durante la tramitación parlamentaria que le resta en el Senado, mediante modificaciones propuestas por los senadores "en complicidad con sectores interesados".