Sniace y el comité de empresa acuerdan reabrir la fábrica de Torrelavega con 326 empleos

• El acuerdo debe recibir el visto bueno de los trabajadores y los acreedores
• Prevé jubilaciones, prejubilaciones y despidos con indemnización pactada

Oficinas del grupo Sniace en Torrelavega.

La dirección de Sniace y el comité de empresa han cerrado un acuerdo laboral para reabrir la fábrica de Torrelavega y reanudar su actividad con 326 trabajadores.

El plan laboral alcanzado entre ambas partes, y que deberán aprobar de manera definitiva los acreedores concursales (lo que podría ocurrir hacia finales de año), incluye un convenio a seis años, con congelaciones salariales y subidas del IPC más un 0,5%.

Se trata de un acuerdo "histórico" logrado en la reunión que empresa y comité mantuvieron el lunes en Burgos, un día antes, por tanto, del primer aniversario del despido de toda la plantilla, compuesta por 533 operarios, según ha recordado el portavoz de los trabajadores, Antonio Pérez Portilla.

En declaraciones a Europa Press, el secretario del comité ha destacado que se trata de un acuerdo al que probablemente no habrá llegado "ninguna" empresa en España, y que se ha conseguido tras casi dos años de lucha de los trabajadores, algo que "en su momento se valorará".

Sin despidos traumáticos

Así, han pasado de estar todos despedidos -se cumple un año de esa situación, tras no llegarse entonces a un acuerdo-- y de las 163 bajas planteadas después por la dirección, a que 326 trabajadores vayan a volver a sus puestos y sin que haya, además, despidos traumáticos. Y es que el resto de miembros de la plantilla original optará por la jubilación -y prejubilación- o se acogerá a la indemnización.

Esto supone un "avance importante", en palabras de Pérez Portilla, que se ha mostrado satisfecho por el acuerdo logrado, que contempla jubilaciones de 58 a 63 años, una bolsa de trabajo para contratar a todos los operarios con contrato relevo, o 800 euros de ayuda para quienes dejen de percibir prestación por desempleo una vez entre en vigor el plan laboral.

También ha resaltado que 72 trabajadores se jubilan, 60 se acogen a las jubilaciones anticipadas y 33 optan por las indemnizaciones. Además, para la veintena de empleados que tenían contrato relevo se ha creado una bolsa de trabajo y la empresa se ha comprometido a contratarlos a todos en un plazo aproximado de un año, y en todo caso siempre "antes que a uno de la calle".

Pendiente de los administradores concursales y los trabajadores

El acuerdo, -se votará este miércoles, 24 de septiembre, a partir de las 10 horas por los trabajadores, y que deberá recibir en también el visto bueno de los administradores concursales- contempla un convenio a seis años, cuatro menos que los que pretendía la dirección.

Según ha detallado el portavoz de los trabajadores, en los dos primeros ejercicios (2015 y 2016) habrá congelación salarial, mientras que en el tercero se aplicará una subida del IPC más 0,5%, que se mantendrá en 2018. Al año siguiente se sumará la misma subida, y en el último ejercicio, 2020, también, además de una reducción de la jornada laboral de 8 horas.

Aún con todo, el sindicalista ha admitido "sacrificios fuertes", que han hecho tanto de los que se jubilan como del reto de trabajadores, a los que se aplica una bajada salarial del 15%, pero ha valorado que el resto de condiciones del convenio que la dirección quería "tocar" se han "salvado dignamente".

"No está mal", ha manifestado, para insistir en que se trata de un acuerdo "digno", más si se tiene en cuenta que tenían que elegir entre "esto" o, si no, "el día 25 todos en la calle, sin vuelta de hoja".

Casi dos años de lucha

Pérez Portilla recalca que es un logro que han conseguido los trabajadores tras casi dos años de lucha ante una situación que "no aguanta cualquier empresa".

Finalmente, Pérez Portilla ha explicado que si, tal como se espera, los trabajadores dan el visto bueno y aceptan el acuerdo cerrado, el mismo miércoles -día en que se acaba el plazo- sus abogados presentarán en Madrid el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avalaba los despidos.

El objetivo del mismo es que el fallo no sea efectivo y poder poner en marcha el plan laboral una vez sea aprobado de manera definitiva, extremo que no se producirá antes de noviembre, dado el plazo de 40 días de antelación con que debe convocarse la junta de acreedores.