Los agentes declaran ante el juez que le dieron el alto a Aguirre y que hizo caso omiso

• Han declarado cinco agentes de movilidad y dos policías municipales
• Un agente asegura que la expresidenta de Madrid "tiró" la moto de uno de ellos
• La defensa de Esperanza Aguirre ve contradicciones en los testimonios
• El juez investiga si hubo delito cuando Aguirre se marchó mientras la multaban

Los agentes declaran ante el juez que dieron el alto a Aguirre y que hizo caso omiso

Los agentes de movilidad han declarado este lunes ante el juez que investiga el incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que le dieron el alto a la política madrileña en la Gran Vía, pero ella se marchó sin que le dieran permiso para hacerlo.

Cinco agentes de movilidad y dos policías municipales que se vieron implicados en los hechos que protagonizó el pasado 3 de abril la presidenta del PP de Madrid han declarado como testigos ante el juez que instruye la causa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid había llamado a testificar a seis agentes de movilidad, pero finalmente uno de ellos no ha comparecido porque se encuentra de baja médica, según fuentes jurídicas.

Los siete agentes han comparecido sucesivamente, desde las 10:30 hasta las 13:50 horas. Uno de ellos ha tardado tres cuartos de hora en prestar declaración; otro, media hora y el resto, solo unos minutos.

Aguirre no entregó toda la documentación y "tiró" una moto

Al término de las declaraciones, la abogada de uno de los agentes de movilidad ha explicado que éstos se han ratificado en los hechos que constan en la denuncia interpuesta el día del incidente, en la que se relataba que Aguirre no entregó toda la documentación que le requirieron, se fue del lugar sin permiso y condujo hasta su domicilio.

La letrada ha especificado que tanto los agentes de movilidad como los policías municipales han asegurado que le dieron el alto a Aguirre en la Gran Vía, sin que lo atendiera.

Por su parte, el letrado de la asociación Transparencia y Justicia, que ejerce la acusación popular, se ha limitado a explicar que las declaraciones de los agentes de movilidad y de los policías municipales han sido contradictorias.

Los agentes implicados no han hecho declaraciones a la prensa, aunque uno de ellos ha asegurado que ha explicado a la juez todo lo que ocurrió porque lo vio "todo", y otro ha relatado que el coche de Aguirre tiró la moto de uno de los agentes que la multaba.

La defensa de Aguirre ve contradicciones

La defensa de la presidenta del PP madrileño ha asegurado que los testigos han incurrido en contradicciones. Según el letrado de Aguirre, un policía municipal ha asegurado que no vio ninguna prohibición de sus compañeros hacia Esperanza Aguirre para no iniciar la marcha y que en ningún momento se pusieron las señales acústicas.

Además, ha añadido que según ese mismo agente, el único momento en que el vehículo policial se puso en paralelo al coche de Aguirre fue justo antes de entrar en la calle Silva y no en el momento en que se derribó la moto como había declarado uno de los agentes de movilidad. La expresidenta de Madrid no le vio y, según el mismo agente, cuando entraron en la calle Silva desconectaron las señales luminosas.

Después, según el abogado de la presidenta del PP, cuando llegaron al domicilio de Aguirre, los policías municipales y los agentes de movilidad han declarado que en ningún momento se le pidió ningún tipo de documentación a la presidenta del PP que supuestamente se le estaba requiriendo en la Gran Vía.

Hace justamente una semana, la presidenta del PP de Madrid y expresidenta de la Comunidad de Madrid declaró como imputada ante el mismo juez por el incidente de tráfico y se mostró contenta por explicar "por fin" lo que ocurrió "ese día fatídico".

Los agentes, según su relato, tomaron los datos "con muchísima parsimonia", por lo que ella les propuso ir a otro lugar en el que no interrumpieran la circulación, mientras empezó a llegar "muchísima gente" y el tiempo se le estaba haciendo "eterno".

La citación de Aguirre se debió a la decisión adoptada a principios de mes por la Audiencia Provincial de Madrid para que el asunto se instruya como un supuesto delito de desobediencia a los agentes municipales que participaron en el incidente y no como una falta, como defendía el propio juez instructor y la Fiscalía Superior de Madrid.

Cuando el juez concluya estas diligencias deberá decidir si el procedimiento sigue su curso como delito o la falta.