La Guardia Civil señala que el Gobierno de Matas fraccionó contratos para no hacer concurso

• El pago a la empresa adjudicataria ascendió a 109.000 euros
• Parte del dinero, según la Guardia Civil, acabó en manos del PP balear
• Matas declara que la concesión del hospital Son Espases fue "pulcra"
• El expresidente balear cumple condena de prisión por el 'caso Palma Arena'

El ex presidente balear Jaume Matas

La Guardia Civil señala, en un informe remitido al juez instructor del caso Palma Arena, que el Gobierno balear de Jaume Matas fraccionó en varios contratos una adjudicación de hasta 109.138 euros a la empresa Over Marketin, para no hacer concurso público, durante su último mandato, entre 2003 y 2007.

La adjudicación, según el escrito del Instituto Armado al que ha tenido acceso Europa Press, se destinó a dar publicidad a un proyecto de administración digital impulsado por el Ejecutivo autonómico, ha sido incorporado a la pieza número 27 del caso Palma Arena.

Los investigadores apuntan a su vez a que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, indagando de este modo si se produjo una financiación ilegal del partido.

Precisamente, en el marco de estas pesquisas se encuentran imputados, entre otros, el propio Matas así como el actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez.

Este caso, considerado la ramificación de la trama Gürtel en Baleares, se centra en investigar el presunto trato de favor que recibió Over, a través de contrataciones fraudulentas, durante el último mandato de Matas.

El expresidente del PP balear ingresó el pasado 28 de julio en la prisión de Segovia para cumplir una pena de 9 meses de reclusión por un caso tráfico de influencias de una de las piezas del caso Palma Arena, y se encuentra interno en el módulo de enfermería aquejado de problemas auditivos.

El Govern fraccionó el coste entre Consellerias

El informe apunta que durante los registros practicados en la sede de Over, en verano de 2010, con motivo de la operación policial del caso Ibatur, se halló numerosa documentación que "evidencia" el coste real de 'Ciberpime'.

Dicho coste, según señala, fue fraccionado por el Govern a través de varias de sus Consellerias, Direcciones Generales, empresas públicas y una mercantil privada, que "nada tuvo que ver" con la campaña.

"El coste recibido por el entramado societario Over Marketing alcanzó los 109.138 euros", abunda la Guardia Civil en relación a unos trabajos que fueron desarrollados, en concreto, durante los años 2005 y 2006.

Los documentos aportados por la Benemérita incluyen asimismo varios correos que acreditarían el presunto amaño en favor de Over y que revelan comunicaciones entre directivos de Over, en las que se detalla cómo la facturación emitida y pendiente de la campaña, llamada 'Ciberpime', debía ascender a 91.691 euros (109.138 euros con IVA).

Empresa que nada tenía que ver con la campaña

Del mismo modo, en los emails se detalla que parte de la facturación de la campaña publicitaria va dirigida a la empresa Indra Sistemas, que según la Guardia Civil no tenía nada que ver con 'Ciberpime' si bien durante esas fechas fue adjudicataria de otro concurso público por parte de la Conselleria de Economía, denominado 'Administración Digital', por un importe de alrededor de un millón de euros.

En relación a estos hechos, el juez Castro ha citado a declarar para el próximo 8 de octubre al empresario y exgerente del ParcBit Antonio Reus como imputado, y a los testigos Bernat Albertí, José Vicente Juan y Damián Vidal, con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades que rodearon a la financiación de la anterior campaña de publicidad.

En el marco de esta causa se encuentran imputados, además de Matas y Rodríguez -quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas-, el expresidente del Parlament balear Pere Rotger, la exconsellera de Salud Aina Castillo, el extesorero 'popular' Fernando Areal, y el administrador de Over, Daniel Mercado.

Supuesto acuerdo para cobrar parte en B

El propio Mercado confesó que, con motivo de su intervención en la campaña electoral del PP de 2003, pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos en dinero negro e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exmandatario de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en B -dinero opaco al fisco- y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

En este contexto, Mercado explicó cómo Fernando Areal, cuñado de Matas, era quien establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue José María Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro, en las antiguas oficinas del partido.

Tal y como aseveró, el grueso de los pagos en negro los realizó el extesorero del PP, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, al que supuso que el expresidente "ya le había dado instrucciones".

Incidiendo en el papel de Rodríguez, Mercado apuntó que se trataba del dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP".

Precisamente, respecto a Rodríguez, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales".

Matas ve "pulcra" la concesión del hospital Son Espases

Precisamente, el expresidente balear ha declarado este martes ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrac, en relación a otro caso, que investiga la concesión del hospital público de Son Espases de Palma en el año 2006, que el proceso para su concesión fue "pulcro" y que procuró que todo el procedimiento fuera objetivo, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Horrach se ha trasladado a la cárcel de Segovia, donde el exmandatario autonómico cumple pena de prisión, para interrogarle sobre el presunto amaño de la concesión por 635 millones de euros de la mayor obra impulsada por el gobierno autonómico del PP en la legislatura 2003-2007.

A su salida del interrogatorio, el fiscal Anticorrupción de Baleares ha comentado a los periodistas que no puede informar del contenido de la declaración porque la investigación es "secreta" y ha dicho que Matas solo "ha respondido a parte de las preguntas".

Sobre el estado de salud del también exministro de Medio Ambiente, Horrach ha subrayado que "está bien" aunque con "algunos problemas físicos", en relación con la intervención a la que fue sometido para efectuarle un implante coclear.

La abogada de Jaume Matas, Pilar Gómez Pavón, presente en la declaración, ha señalado a los periodistas que su cliente "no está bien" ya que "sigue con los mismos problemas de oído y de audición".