Más de 60 ONG denuncian el impacto de los ajustes sanitarios dos años después

• Dicen que ha sacado del sistema sanitario a unas 873.000 personas
• "La sanidad ha dejado de ser un derecho de todas las personas", dice
• Denuncian incluso desatención en embarazadas, menores y urgencias

Un inmigrante acude a un centro de salud.

Más de 60 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico han denunciado el impacto del decreto que anuló la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares dos años después de su entrada en vigor, que ha sacado del sistema sanitario al menos a 873.000 personas.

Las organizaciones firmantes, entre las que encuentran Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública, Médicos del Mundo y SOS Racismo, reclaman la retirada de ese decreto y, en un manifiesto conjunto, realizan un "balance negativo" porque lamentan que "la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado".

"Tras la aplicación del real decreto (RDL), al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias", indica el comunicado.

Además, denuncia las diferencias entre las comunidades autónomas y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios, "lo que está provocando el deterioro de la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud".

Denuncian desatención incluso en embarazadas, menores y urgencias

"Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores o atención de urgencias) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos", añade.

En este sentido, la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc) y Yo sí, sanidad universal han elaborado el primer registro para la denuncia de la exclusión sanitaria y aseguran que 300 personas fueron excluidas del Sistema Nacional de Salud entre diciembre de 2013 y junio de 2014 y que la mitad de esas personas eran casos para los que sí se reconoce la atención.

Las ONG señalan que "el desplazar la atención a las urgencias genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención".

Además, exponen que "la exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas".

En este sentido, lamentan los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.

"La medida tiene efectos negativos en la salud colectiva"

Según las organizaciones firmantes, las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar el control de brotes epidémicos "tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva".

Las ONG advierten de que el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud.

"Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento", añade.

Problemas para las inmigrantes víctimas de violencia de género

El manifiesto recoge la preocupación por el posible impacto de género, ya que los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria, está dificultando la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual.

Ante esta situación, las ONG y plataformas sociales firmantes instan al Gobierno a derogar este decreto y a elaborar una nueva Ley de Sanidad, que "nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas".