El Parlament aprueba la comisión de control de consultas, que PP, PSC y C's no han votado

• Ha salido adelante con 86 votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP
• PPC y C'S han pedido su retirada y hablan de "desobediencia al TC"
• El bloque soberanista dice que los letrados del Parlament dan el visto bueno
• Mas no rectificará en su plan de votar pero no aboga por la desobediencia

El Parlament aprueba la comisión de control de consultas, que PP, PSC y C's no han votado

El Parlament, con los 86 votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, ha aprobado este miércoles la creación de la comisión de control de las consultas populares -el organismo llamado a supervisar la consulta del 9N-, en un tenso debate en el que PPC, PSC y Ciutadans se han negado a votar.

En un bronco debate antes de la votación, PPC y Ciutadans han solicitado su retirada del orden del día porque desarrolla, han advertido, una ley de consultas que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, acto que para estos partidos supone traspasar una "línea roja" y una "desobediencia clara" al Alto Tribunal.

Es por ello por lo que estos partidos se han negado a participar en la votación, algo a lo que también se ha sumado el PSC, que ha cuestionado también su "legitimidad jurídica", mientras que el bloque soberanista ha defendido que el informe de los letrados del Parlament daba el visto bueno a la legalidad de la votación.

Aunque ninguno de los tres grupos ha votado la designación, su forma de protestar ha sido distinta: mientras los diputados socialistas se han limitado a no pulsar ningún botón, los del PP han optado por levantar las manos desde su escaño para evidenciar que no votaban y los de C's han abandonado el hemiciclo.

PP llevará a los tribunales la votación

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado que su partido llevará ante la Fiscalía y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el acuerdo alcanzado por el Parlament para designar a los miembros de la Comisión de Control.

Además, el portavoz del PP, Enric Millo, y el líder de C's, Albert Rivera, han alertado a los diputados de que con su voto pueden incurrir en algún delito porque el acto podría conllevar consecuencias legales al ignorar, desde un cargo público, la democracia y el Estado de Derecho.

En la misma línea, el secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pere Calbó (PP), ha pedido la palabra para advertir de que él no firmará el acuerdo del Parlament por ser ilegal y por las consecuencias que pueda conllevar.

Desde el PSC, su portavoz parlamentario, Maurici Lucena, ha justificado la negativa del PSC a votar la comisión, al cuestionar la "legitimidad jurídica" de la votación, pese a reiterar el apoyo de los socialistas a la ley de consultas suspendida.

CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP insisten en que es un acto legal

CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han criticado las "amenazas" sobre las consecuencias de esta votación, y se han mostrado convencidos de que es un acto legal, porque la suspensión de la ley de consultas es provisional y no supone una sentencia definitiva.

Jordi Turull (CiU) ha acusado a PPC y C's de "dejadez de funciones" y de lanzar "amenazas": "No pierdan el tiempo en hacer cosas contra 50 diputados. Asumo las consecuencias de la decisión de mi grupo si lo llevan ante la justicia", ha dicho el portavoz parlamentario, que ha insistido en que los letrados del Parlament avalan la legitimidad de la votación y "lo demás son imaginaciones".

Algo en lo que ha coincidido la diputada de ERC Gemma Calvet, "convencida de la perfecta legalidad" de la comisión, y ha pedido "rigor y sentido democrático ante las amenazas vertidas": "Hay calles llenas pidiendo que continuemos y nos cojamos a estas grietas jurídicas que aún tenemos para mantener nuestra determinación".

"Si quieren, podemos votar a mano alzada, con urna y con DNI en la mano. No tenemos problema", ha afirmado la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, que ha negado que se esté "poniendo en peligro" al Parlament, porque "la ley está suspendida, no anulada", y es "más legítima esta votación que lo que ha hecho" el Estado hasta ahora.

Por último, David Fernández (CUP) ha dejado claro que no aceptará "ninguna suspensión": "Nos declaramos insumisos, desobedientes e insubordinados ante el TC, el Gobierno y el Estado y los que, en nombre de la ley, quieren amordazar la democracia. No pensamos pedir permiso para ser libres ni perdón por serlo", ha sentenciado.

Organismo equiparable a una Junta Electoral

Las funciones de este organismo son equiparables a los de una Junta Electoral. La Comisión vela por que las consultas populares no refrendarias se ajusten a los principios, reglas y requisitos que establece la ley de consultas, y que se lleven a cabo respetando el procedimiento y las reglas específicas de cada votación.

La comisión la forman siete juristas y politólogos de "reconocido prestigio", que serán la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló Serramalera, el catedrático del Departamento de Ciencia Política de la UAB Joaquim Brugué Torruella, y el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rovira Virgili (URV) Alfons González Bondia.

También el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona Miquel Martin Casals, los abogados Marc Marsal Ferret y Benet Salellas Vilar, y el catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Barcelona Jordi Matas Dalmases.