La Generalitat y el Defensor del Pueblo catalán estudian impugnar la indemnización de Castor

• Buscan evitar que se cargue al recibo de los consumidores durante 30 años
• Ver gráfico: Cómo funciona un almacén subterráneo de gas natural

Plataforma marina del almacen subterráneo de gas natural Castor, en Castellón.

La Generalitat y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, promoverán acciones de impugnación contra el real decreto-ley aprobado este viernes por el Gobierno con el que se concede una indemnización de 1.350,7 millones a la compañía promotora del proyecto de gas subterráneo Castor.

El conseller de Empresa, Felip Puig, ha anunciado este sábado que la Generalitat estudiará si el acuerdo de indemnización a la compañía promotora se puede impugnar para intentar evitar que repercuta en el bolsillo de ciudadanos y empresas de Cataluña.

Durante la inauguración del Salón del Caravanning, Puig ha dicho que el gobierno catalán no está de acuerdo con que las "cosas mal hechas que se hacen desde el Estado, las acaben pagando los consumidores y los industriales de Cataluña, en definitiva, los ciudadanos".

Para el conseller, las diferentes reformas que está impulsando el Gobierno acaban repercutiendo siempre en "el más débil, el ciudadano, el empresario y el trabajador".

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley por el que ha aceptado la renuncia de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS en un 66,67%, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona), y fija una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones.

El defensor del pueblo catalán ha confirmado, en rueda de prensa, que en las próximas semanas se reunirá con entidades de defensa de los derechos de los consumidores, colegios profesionales afectados -abogados e ingenieros- y movimientos vecinales para estudiar acciones legales contra una decisión que ha calificado de "indignante".

Buscan irregularidades en la adjudicación

El Síndic analizará si han existido irregularidades en la adjudicación de la plataforma por parte de los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, así como la afectación medioambiental que han padecido algunas zonas de la costa tarraconense.

Asimismo, Ribó ha denunciado la decisión de que la indemnización se cargue al recibo del gas durante 30 años y se ha comprometido a animar a los defensores del pueblo de todas las comunidades para que se sumen a la ofensiva para estudiar acciones legales contra un decreto "aberrante".

Entre los argumentos que contempla el Síndic para defender la ilegalidad del decreto-ley es la desestimación del Tribunal Supremo del recurso que el Ejecutivo presentó el año pasado, en el que se preveían indemnizaciones a Escal UGS, la concesionaria del almacenamiento de gas Castor.

El alto tribunal consideró entonces que el precepto recurrido "se adecuaba al completo a la legalidad" y no chocaba con la Ley del Sector de Hidrocarburos, como sostenía la Administración, y recordó que su mantenimiento no excluye la posibilidad de que la compañía se quedara sin compensación en caso de "dolo o negligencia".

Afectados por los seísmos

Es en este último punto en el que el Síndic considera que las indemnizaciones a la concesionaria podrían no estar justificadas, ya que la actividad de la plataforma gasista ha provocado seísmos que, según Ribó, han afectado a "la vida de miles de personas".

En este sentido, el Síndic ha explicado que en septiembre recibió más de 500 quejas por parte de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia, en las que expresaban su rechazo al proyecto y exigían responsabilidades a las administraciones.

“Es aberrante que el pago recaiga en los consumidores“

"Ha existido una manifiesta mala gestión del Gobierno de España en la Plataforma Castor. Es aberrante que el pago de las consecuencias del cierre recaiga en todos los consumidores", ha aseverado Ribó.

Por ello, también se analizará si la concesión para la explotación de la plataforma gasista se hizo "sin incorporar ningún estudio de impacto medioambiental" previo, una decisión que, si se confirma, transgrede la normativa europea.

Caso omiso a las advertencias

Además, Ribó ha denunciado al Gobierno, así como a los responsables de la plataforma, por ignorar un dictamen del Observatorio del Ebro en el que se advertía del riesgo de seísmos en el caso de que se iniciaran prospecciones gasistas en la zona.

El Síndic ha recordado que continúan en marcha los estudios para evaluar los riesgos y las consecuencias de los seísmos que se produjeron en la zona, así como también las posibles indemnizaciones, en el caso de que finalmente se aprueben.

Por último, ha criticado la poca capacidad de liderazgo de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la única con competencias ante el Ministerio de Industria, mientras que ha urgido a su homóloga europea, Emily O'Reilly, que tenga en cuenta acciones judiciales contra el proyecto a partir del material que tiene a su disposición.

En septiembre de 2013, durante la fase de inyección de gas colchón en Castor, se produjeron terremotos que alcanzaron un valor máximo de 4,2 grados en la escala de Richter en la zona de la costa de Castellón y Tarragona.

El Ejecutivo paralizó las obras y encargó estudios al Instituto Geológico y Minero y al Geográfico Nacional, así como a otras entidades internacionales, que concluyeron que había relación entre los seísmos y la actividad en el almacén.

A partir del próximo lunes, el Síndic empezará una ronda de llamadas telefónicas para convocar una reunión con los actores sociales perjudicados por la decisión del Gobierno con el objetivo de estudiar un posible recurso contra el real-decreto.